Quedan sólo cuatro días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, fecha que viene precedida de una serie de actividades preparadas por el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, pero que también ha estado marcada por un tenso ambiente entre el oficialismo y la oposición, o en palabras del propio Presidente Gabriel Boric, "eléctrico".
"Yo creo que está más bien tóxico el ambiente político, y yo creo que eso no nos hace bien", dijo la ex Presidenta Michelle Bachelet la semana pasada. De hecho, marcó una diferencia con lo que, a su juicio, había primado hace una década versus lo que ocurriría por estos 50 años.
"A mí me tocaron los 40 años, y yo creo en ese entonces había un acuerdo mucho más global de condena, de que la democracia es clave, es fundamental y que tenemos que protegerla, apoyarla fortalecerla y que nada justifica violaciones de DD.HH. o crímenes de lesa humanidad. Ese compromiso no lo veo tan fuerte hoy (...)", comentó la ex Mandataria.
Los dichos de la ex Presidenta vienen a dejar constancia que las semanas no han sido sencillas en el marco de la búsqueda de acuerdos y el diálogo, sino que más bien han estado marcadas por dichos desafortunados, acusaciones de "relativización" o "negacionismo", y posturas distintas frente a la revisión histórica de hecho.
El Gobierno ha convocado a las distintas fuerzas políticas a firmar una declaración conjunta por el compromiso por la democracia en el marco de los 50 años, pero varios dirigentes de Chile Vamos han expresado su negativa, y en reemplazo, prepararon un documento que será presentado mañana en la sede del Congreso Nacional.
Así las cosas, las jornadas previas siguen marcado por distancias en el mundo político, mientras que en el ambiente civil, un estudio especial de la encuesta Pulso Ciudadano reveló que un 56,5% de los consultados está "poco o nada" interesada en el evento.
¿Cuál fue la antesala en las conmemoraciones previas?, ¿qué gestos se dieron en las décadas previas? y ¿cuál fue el ambiente político que marcó estas etapas?
Los 40 años y los "cómplices pasivos"
La conmemoración por los 40 años del golpe de Estado estuvieron a cargo de la administración del primer gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, donde se realizó una ceremonia "austera" en La Moneda, y en cuyo discurso, el ex Mandatario apuntó a "responsabilidades compartidas" por lo ocurrido.
Ese 2013, la agenda personal del ex Mandatario partió con la condena a las violaciones de los derechos humanos, la crítica a los "cómplices pasivos" de la dictadura y el anuncio del cierre del penal Cordillera, donde se encontraban ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
"Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada", indicó el ex Jefe de Estado a fines de agosto de 2013.
El anuncio del cierre del penal Cordillera fue otro de los elementos que marcaron las jornadas previas a la conmemoración, lo que finalmente se concretó a fines de septiembre de ese año, lo que para varios significó un "hito" que buscaba enviar un mensaje de distancia con el régimen.
El gesto de condena y el anuncio del cierre del penal fue reconocido por la entonces oposición, incluso por Michelle Bachelet. De hecho, el actual Presidente Gabriel Boric también valoró la frase del ex Mandatario de los "cómplices pasivos", la que tildó de "valiente" y que puso sobre la mesa para comparar el ambiente de ese entonces con las declaraciones que hoy, a su juicio, "están reivindicando el golpe".
"Entonces de haber pasado de hace 10 años cuando el Presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, habló creo valientemente de los cómplices pasivos de la dictadura, quienes pudieron hacer y no hicieron, tanto en la judicatura, como en el mundo civil, a que hoy día tengamos parlamentarios que están abiertamente reivindicando el golpe de Estado, que es indisoluble de lo que vino después, creo que es un retroceso democrático peligroso, y eso nos debe invitar a reflexionar que la democracia no es algo que esté garantizado", dijo Boric el fin de semana en conversación con Mesa Central.
De todas formas, la actividad desarrollada en La Moneda contó con la presencia de sólo 3 de los 9 candidatos presidenciales, la entonces abanderada de la Alianza, Evelyn Matthei; el del PRI, Ricardo Israel y el ecologista Alfredo Sfeir. Los presidentes de los partidos opositores declinaron asistir, al igual que los ex mandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei.
El ex ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, salió a criticar la ausencia de la Nueva Mayoría en el acto, y señaló que "mi impresión es que ellos quieren dividir a los chilenos pensando que finalmente en esa división ellos ganan. La candidatura de Michelle Bachelet, los que forman parte de la Concertación, el Partido Comunista y el MAS, fueron los que optaron por dividir y esa es la verdad", enfatizó.
Desde el Parlamento, en tanto, también hubo gestos. El entonces presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), y su par de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans (UDI), leyeron una declaración pública a nombre de las dos instituciones donde reafirmaron el compromiso de ambas corporaciones con el diálogo y la construcción de consensos, y reiterar la convicción de "no repetir los errores de hace 40 años".
El ex Presidente Sebastián Piñera realizó un discurso por los 40 años del golpe de Estado en La Moneda, en una ceremonia calificada como "austera". Foto: La Segunda.
La puerta de Morandé 80
"Verdad y justicia" fue una de las consignas que se tomaron la previa de los 30 años desde ocurrido el golpe de Estado en Chile. Conmemorar esas tres décadas estuvo a cargo del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.
Uno de los gestos que precedió dicha instancia, fue la mesa de diálogo conformada el 13 de junio del año 2000, donde el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organizaciones de Derechos Humanos firmaron un acuerdo para proporcionar información sobre el paradero de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura.
En tanto, el 12 de agosto de 2003 Lagos presentó su propuesta: "No hay mañana sin ayer", con el fin de perfeccionar la búsqueda de la verdad y justicia, la reparación a las víctimas y el fortalecimiento de la sociedad y sus instituciones para evitar la repetición de estos hechos.
De todas formas, aunque el ambiente por esos días distaba de lo que para este aniversario 50 se ha vivido, también hubo posturas disímiles frente a la forma en que el entonces Mandatario abordaría los 30 años. "No se trata de reivindicar a Allende. No es mi papel", había dicho Lagos el 29 de agosto, pero días después, reconoció en el ex Mandatario su calidad de "ilustre" y que "encarnó el sueño de una generación". Desde la oposición, salieron a criticar una supuesta "apología" de Lagos a Allende, mientras que la izquierda cuestionaba una "tibia defensa".
Otro de los "sellos" que Lagos buscó imprimir para ese entonces fue la reapertura de la puerta de Morandé 80, para entrar al Palacio de La Moneda por el mismo lugar por donde lo hacía habitualmente el ex Presidente Salvador Allende. Más de mil personas llegaron al lugar, mientras que en su discurso, el ex Mandatario quiso apuntar a la memoria y no tanto para el "análisis", aunque sí para la "reflexión".
"Es un día para la memoria, para hacernos cargo con madurez de aquel momento de nuestra historia que tanto dolor nos ha causado. No es este un momento para el análisis. Por el contrario, es un momento para el recogimiento. Recogimiento en primer lugar ante un acto grande, muy grande: el sacrificio supremo de un Presidente de la República en cumplimiento de su deber ante la legítima investidura que ostentaba", dijo Lagos en su discurso.
Ex Presidente Ricardo Lagos ingresa a La Moneda por la puerta de Morandé 80, en un gesto simbólico por los 30 años del golpe de Estado. Foto: El Mercurio.
Agregó en esa línea: "Es un día de dolor, de ese dolor que entró en el alma de Chile y con el debemos vivir. También es un momento para la reflexión. Reflexión de un país donde cada día más ese dolor se convierte en memoria, en memoria de todos los chilenos, en memoria compartida, aunque no necesariamente común, porque es natural que existan versiones diversas de lo acaecido hace 30 años".
El 11 de septiembre de 2003, el ex ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, destacó la "madurez" con la que los chilenos y chilenas habían asumido la conmemoración de los 30 años. "El país ha demostrado madurez. La esperanza del Gobierno es que este 11 de septiembre marque un cambio respecto a los anteriores desde el punto de vista de mirar hacia delante. Eso se va a recordar en el bicentenario", cerró.
Por esos días, además, los medios de comunicación se volcaron a realizar múltiples reportajes sobre los hechos, causas y consecuencias del 11 de septiembre de 1973.
En tanto, el 26 de septiembre de 2003, el ex Mandatario creó la Comisión Nacional Prisión Política y Tortura, con el objeto de determinar quiénes fueron las personas que sufrieron la privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La Comisión, presidida por monseñor Valech -hoy conocida como "comisión Valech"- entregó su Informe en el que se identificó a las víctimas y se hicieron propuestas de reparación por parte del Estado. En 2004, fue promulgada la ley 19.992 que establece que el secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas, se mantendrá durante un plazo de 50 años, los que quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Además, se recalca que "mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo".
Por estos días, y tal como viene ocurriendo hace años, se volvieron a alzar las voces que buscan que el secreto del informe se levante -al menos en parte-, con el fin de apoyar al Plan Nacional de Búsqueda que lanzó hace pocos días el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La tensión previo a los 20 años
La conmemoración desde los 20 años del golpe de Estado fue la primera post dictadura en el país, en 1993, con Augusto Pinochet aún en la comandancia en jefe del Ejército. Por esos días, el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin apuntaba más bien a una jornada con poco ruido, y de hecho, tampoco se autorizaron las manifestaciones que pretendía hacer el Partido Comunista frente al Palacio de La Moneda.
El periodo fue tenso, no solo por las recientes heridas provocadas por el periodo, sino también por la molestia que generaron en el Gobierno las declaraciones de Pinochet, días antes, en una audiencia ante sus simpatizantes en el Rotary Club de Santiago. Esto, porque Pinochet dijo que las Fuerzas Armadas habían debido intervenir por la presencia en el país de más de 15.000 guerrilleros cubanos, y criticó además el proyecto de ley que aceleraba los juicios a los militares.
Aylwin retiró la ley del Congreso porque no contaba con los votos de los socialistas y habría salido aprobada con el apoyo de la derecha. Según Pinochet, "este niño bonito, bien peinadito (el proyecto de ley) que armó el Presidente lo mandó a la Cámara de Diputados y allá ese niño bonito se lo transformaron en un monstruo, con un ojo por aquí y por allá".
En nombre del Gobierno respondió a Pinochet el ministro secretario general, Enrique Correa: "El Presidente está profundamente disgustado con las expresiones del comandante en jefe. (...) Se inmiscuye en política al opinar sobre trámites en la Cámara de Diputados y agravia la sensibilidad del país al referirse en términos que son inaceptables a las víctimas de violaciones de derechos humanos", sostuvo.
En tanto, tras la tensión de las declaraciones de Pinochet, fuentes militares expresaron a La Tercera que "el Ejército está tranquilo y sigue siendo un león dormido, aunque algunos estén intentando despertarlo pisándole la cola".
Por su parte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, el obispo de Copiapó, Fernando Aritzia, advirtió que las declaraciones de Pinochet: "No contribuyen a la reconciliación nacional, pues son hirientes frente al hondo sufrimiento de los familiares". En una declaración, los obispos, además, solicitaron con "urgencia" que todos quienes tuvieran información respecto a los detenidos desaparecidos, la hicieran saber.
"Para ser ecuánimes y entender, en parte, lo que pasó es necesario recordar que hubo tiempos en que ciertos grupos defendían la violencia como único método eficaz para alcanzar la justicia y la lucha armada como vía política", subrayaron en el texto.