Operativo de la PDI en que se detuvo al líder de Los Gallegos en julio de 2022.
El Mercurio
"Los acusados, al ir conociendo los antecedentes vertidos en las distintas etapas procesales y al verse afectos a la medida cautelar de prisión preventiva, han realizado amenazas graves y calificadas tanto a funcionarios de
Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, como a funcionarios del Ministerio Público".Ese es uno de los antecedentes reunidos en la investigación que encabeza la Fiscalía Regional de Arica contra el clan
Los Gallegos, organización vinculada al Tren de Aragua y cuyos integrantes —que suman más de 40— serán llevados a juicio oral por asociación ilícita, tráfico de drogas, secuestros, entre otros delitos.
Si bien el año pasado se supo de un eventual ataque armado contra la policía uniformada en la región, ahora se conoce esta información en medio de
la decisión que adoptó esta semana el juez de garantía Héctor Barraza, en relación con liberar las identidades de testigos protegidos y agentes encubiertos y que ayer fue suspendida por la Corte de Apelaciones.
Hoy, además, como parte de los datos ya estaban en poder de los defensores penales públicos que representan a los acusados, el propio tribunal de garantía ordenó su
"devolución inmediata".Tanto la fiscalía como los querellantes en el caso habían realizado presentaciones buscando revertir la resolución del magistrado Barraza. Incluso, el Ministerio Público dispuso este jueves iniciar una causa penal para establecer eventuales delitos asociados a la entrega de información reservada.
Pone en riesgo a testigos y declaraciones en juicio
Así, en un escrito presentado ante el juzgado, el Ministerio del Interior plantea que frente a estas amenazas y amedrentamientos "es del todo razonable colegir el peligro para la vida e integridad física y psíquica que corren los testigos, cuyas declaraciones permitirán entregar información relevante para enjuiciar a los acusados". También que "es razonable entonces pensar en el riesgo que correrían ellos mismos al declarar en el juicio con su identidad revelada".
Y, en ese contexto, desde la fiscalía —y pese a las últimas decisiones judiciales— consideran que ya existe un daño al haberse entregado la información a las defensas. Ahora, dicen, solo les resta "confiar en la buena fe" de los profesionales que tuvieron esos antecedentes a su disposición.
Según el documento que ingresó la cartera al tribunal, existen en esta investigación "incluso amenazas contra el propio fiscal titular de la causa".
Identidades de cuatro carabineros expuestas
"Es deber del Ministerio Público y del Estado en su conjunto proteger a personas que puedan ser expuestas, por medio de su declaración con identidad revelada, a ser víctimas de delitos que atenten contra su vida e integridad", dice el texto, y agrega: "Privar a los intervinientes de herramientas eficaces para dar cumplimiento a sus mandatos legales es agraviante y, en definitiva, incide en el debilitamiento del orden público".
Conocedores del caso explican que ya hay una exposición de personal de Carabineros, que afecta a cuatro funcionarios. Fueron quienes arrestaron a algunos de los imputados en el caso y sus identidades se conocieron en el marco de ese procedimiento.
Durante los últimos días, el fiscal regional de Arica Mario Carrera ha abordado la situación en distintas ocasiones. Y, entre otras cosas, ha dicho que "al no aquilatar estos efectos o desatender las razones que justificaron la adopción de medidas extraordinarias de protección, el actuar del juez de garantía deviene en arbitrario, emparentado más al capricho que a la aplicación del derecho y de los deberes legales y constitucionales que los actores del sistema de justicia penal estamos llamados a observar".
