La Corte de Apelaciones de Arica tomó la medida contra el juez Barraza.
El Mercurio
La
Corte de Apelaciones de Arica se reunió hoy de forma extraordinaria para analizar la situación en torno a Héctor Barraza, el juez que solicitó la entrega de identidades de testigos del caso Los Gallegos.
Y se ordenó la
apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de Arica.
Esta acción
busca establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el juez penal accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan "Los Gallegos", brazo operativo con el "Tren de Aragua".
La decisión fue adoptada tras reunir todos los antecedentes recopilados ayer luego que el ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado, se constituyera para verificar el procedimiento desarrollado durante la audiencia de cautela de garantías desarrollada el miércoles 13 de septiembre pasado.
Con ese antecedente, el pleno se reunió en esa misma jornada y acordó pedir informes al juez Héctor Barraza y al Comité de Jueces de ese tribunal. Con toda esa información, el pleno de ministros se reunió hoy de manera extraordinaria y adoptó la apertura de la investigación administrativa.
"Al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos", informó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González.
Defensoría asegura que devolvió información
Por su parte, el
defensor penal regional de Arica, Sergio Zenteno, aseguró que el organismo "
devolvió voluntariamente" información sobre testigos protegidos.Sin embargo, explicó que se presentó un recurso de reposición por estimar que la resolución que ordenaba la devolución de los antecedentes reservados, no se ajusta a derecho.
"El día de hoy los defensores penales públicos, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto", sostuvo Zenteno.
Además aseguró que "queremos recalcar que la información ha sido manejada por nuestros defensores penales públicos bajo estrictas medidas de confidencialidad y nunca ha sido entregada a terceros, ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores".
Paralelamente, este mediodía, los defensores presentaron un recurso de reposición por estimar que la resolución que ordenaba la devolución de los antecedentes reservados, no se ajusta a derecho.
