El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reveló que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus "deberes funcionarios".
Esto, tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en un caso en que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
La determinación de Barraza fue revertida por la Corte de Apelaciones de Arica, luego de que esta declarara admisible el recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional. Además,
el Presidente Gabriel Boric ordenó al titular de Justicia que entregue los detalles de lo sucedido a la Corte Suprema, máximo tribunal que determinará las posibles sanciones que deberá enfrentar el magistrado.
Este viernes, Cordero señaló que "la Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces, es una atribución genérica. El Ministerio de Justicia, que de conformidad a la ley se vincula con el Poder Judicial, esta mañana por instrucción del Presidente ha remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez".
Acorde a lo explicado por el secretario de Estado, la gestión de su cartera fue algo "muy excepcional", en vista de que la determinación tomada por Barraza apunta a "hechos graves que pueden comprometer esa conducta ministerial, de modo tal que el pleno de la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan".
"Nosotros creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que hubiese incumplimiento a deberes funcionarios, esa situación hoy está cubierta por tres vías: el recurso de protección que se ha interpuesto por el Ministerio Público, también por el Ministerio del Interior que es querellante en este caso, además de los recursos de protección que se han interpuesto contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica", agregó.
En esa línea, el jefe de la cartera de Justicia indicó que "el Ejecutivo esta mañana ha comunicado a la Corte Suprema que, en el ejercicio de velar por la conducta ministerial de los jueces, dispone de los antecedentes para que el pleno de la Corte tome las medidas que estime convenientes, que son muy amplias: desde la instrucción de procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde dirimir a ellos".
Según el fallo de la Corte de Apelaciones, se dieron 24 horas de plazo para que los nombres de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas sean entregados nuevamente al Ministerio Público por parte de los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero, quienes representan a los imputados acusados de ser parte del crimen organizado.
Sin embargo, como se debe garantizar que aquellas identidades no fueron divulgadas, el fiscal nacional, Ángel Valencia, mandató este jueves el inicio de una investigación a cargo del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, contra todos quienes resulten responsables de la posible difusión de antecedentes que ponen en peligro a los colaboradores de las indagatorias, quienes por su seguridad fueron reubicados en las últimas horas.
