El Ministerio Público dirige una indagatoria contra 44 miembros de la organización criminal por delitos como secuestro, homicidio y tráfico de drogas.
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Sin mayor discusión entre los ministros de la Corte Suprema se habría adoptado ayer la decisión de no emitir opinión respecto del caso del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, que la semana pasada ordenó la entrega de la información de 57 testigos protegidos y varios agentes encubiertos, que estaba bajo reserva. Todos ellos son parte de la investigación que el Ministerio Público sigue contra 44 miembros del clan Los Gallegos, célula en Chile de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua. El Pleno, según quienes conocen detalles de la sesión, habría optado por no pronunciarse sobre el caso, luego de que el viernes el Ministerio de Justicia -por instrucción del Presidente de la República- le hiciera llegar los antecedentes que maneja el Gobierno sobre el hecho, a la espera de una eventual determinación de posibles sanciones contra el magistrado. Lo acordado se basaría en el hecho de que actualmente ya existe una investigación administrativa en curso respecto del juez, iniciada por la Corte de Apelaciones de Arica y que determinará si existe o no alguna responsabilidad del magistrado por estos hechos.
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