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En un informe, la organización internacional denuncia, asimismo,
"falta de voluntad política" por parte de las autoridades chilenas para una obligación que igualmente incumplen Ecuador, Colombia y Perú, los otros tres países que albergan la mayor parte de los 7.3 millones de venezolanos que han abandonado su país.
De acuerdo con AI, el estudio demuestra que, en muchos casos, estos cuatro Estados "no son suficientemente accesibles debido a que
imponen criterios imposibles de cumplir para las personas venezolanas con necesidad de protección, tales como costos, documentos, o limitaciones de fecha o forma de entrada. Además,
en ocasiones no garantizan el acceso a todos los derechos humanos".
Según datos de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur),
en Chile residen casi medio millón de venezolanos (que suponen el 30% población extranjera en el país), entre ellos 9.372 personas que solicitaron asilo entre 2016 y 2022, de las que solo 30 lo consiguieron.
"La organización reitera su preocupación por la
grave desprotección en la que se encuentran las personas venezolanas en Chile, al no poder hacer efectivo su derecho de solicitar asilo y sin poder acceder a los derechos que les son reconocidos al encontrarse en situación migratoria irregular", señala.
"La falta de voluntad política de las autoridades chilenas para atender a estas personas con necesidad de protección internacional no sólo incumple obligaciones internacionales suscritas por Chile, sino que agrava la desprotección de la población venezolana y les priva de acceder a derechos y servicios básicos como la salud, educación y derechos a trabajar", expone AI en el informe.
Medidas y prácticas "ilegales"
El documento destaca, asimismo, que la dificultad de solicitar asilo, sumada a los requisitos de visa para las personas venezolanas y la imposibilidad de acceder a vías de regularización, expone a los venezolanos a riesgos de devolución de su país.
"En Chile, si bien la ley permite a las personas solicitantes de asilo y refugiadas recibir protección y acceder a los servicios de educación y salud y de trabajar,
en la práctica no existen condiciones para que las personas venezolanas puedan beneficiarse de la protección internacional", recalca.
"Amnistía Internacional observa con suma preocupación que
las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de autodenuncia y el examen de preadmisibilidad de las solicitudes de asilo, violando el derecho de solicitar asilo de las personas venezolanas. No existe ningún programa de protección temporal o complementaria para personas venezolanas", denuncia el citado estudio.
Antes de advertir que en esta situación y "ante la imposibilidad de acceder a protección internacional o regularizar su situación migratoria, las personas venezolanas no pueden acceder a servicios de salud, educación, ni tienen el derecho de trabajar, limitándoles a condiciones de vida precarias".
AI también expresa su extrema inquietud por la situación de las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género, ya que corren un evidente riesgo de revictimización por "la falta de acceso a un estatus migratorio regular".
"La versión ejecutiva de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería de 2023 incorpora algunas propuestas favorables como la visa temporal para sobrevivientes de violencia intrafamiliar. No obstante, no incorpora propuestas para agilizar la protección de las personas venezolanas en el país, sino que confirma o buscaría institucionalizar medidas y normas que violan el derecho internacional, colocándolas en mayor riesgo", recalca.
"La organización enfatiza que los programas temporales no pueden sustituir la figura del asilo, sino que son una forma complementaria que puede coexistir con el asilo para dar una respuesta inmediata y adecuada a grandes movimientos de personas con necesidad de protección", concluye.
Por ello,
recomienda a Chile "garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada, incluyendo el acceso efectivo al procedimiento" y "eliminar la "declaración voluntaria de ingreso clandestino" y el examen de pre-admisibilidad de las solicitudes de asilo Además, le pide
adoptar medidas para asegurar la aplicación de la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 y garantizar el acceso al territorio,
abstenerse de realizar expulsiones colectivas o rechazos en frontera y asegurar que las personas venezolanas no serán retornadas de manera forzada a Venezuela, respetando el principio de no devolución en todas las circunstancias.
Y
asegurar que las personas venezolanas en Chile tengan acceso a todos los servicios básicos sin discriminación, independientemente de su situación migratoria y eliminar el requisito de la denuncia de sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de género, impidiendo la revictimización.
