Presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y Cámara, Felipe Kast (EVO) y Andrés Longton (RN).
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El Gobierno alista el veto a la ley de usurpaciones que fue despachado por el Congreso Nacional el pasado 30 de agosto. El Ejecutivo busca eliminar las normas más controversiales como la legítima defensa privilegiada y para ello han sostenido reuniones con parlamentarios del oficialismo y la oposición.
Según explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, "nosotros creemos que se requiere una nueva ley que entregue herramientas para restablecer el imperio del derecho con celeridad y proteja a quienes han sido víctimas de estos delitos. Pero que respete un principio básico, y es que en Chile los conflictos jurídicos entre particulares no se resuelven a través de la violencia".
A juicio del Gobierno, "este principio no estaba resguardado en el texto aprobado por el Congreso Nacional. Por eso fuimos muy explícitos para señalar que íbamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla, para corregirla", continuó Elizalde.
El plazo para presentar el veto vence la próxima semana, y el secretario de Estado aseguró que se presentará dentro del periodo correspondiente.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado y uno de los impulsores de la normativa en cuestión, Felipe Kast (EVO), tras la reunión con el Ejecutivo, destacó la imporantancia de la ley de usurpaciones para la Región de La Araucanía. "Hoy nos hemos reunido con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y le hemos pedido que ese veto no destruya el corazón del proyecto que es mandar a la cárcel a aquellos que usurpen terrenos en Chile, hemos sufrido casos de sicariatos y asesinatos producto de tomas de terreno, de loteos irregulares".
En esa línea anunció que se acordó conformar una nueva "mesa de trabajo", en esa instancia el legislador espera "sacar adelante este proyecto y no que las usurpaciones en Chile sigan siendo impunes".
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Andrés Longton (RN), acusó que que "el Gobierno quiere reemplazar la voluntad del Congreso y empezar a gobernar por vetos, lo que es profundamente antidemocrático entendiendo que las mayorías del Congreso representan a la mayoría del país que vive con esta injusticia y angustia de vivir con sus terrenos tomados".
"Es razonable que este veto apunte a solo ciertos aspectos que pueden ser dialogados y conversados, para que no nos quedemos sin una ley", indicó Longton.
