Un gesto al oficialismo respecto a las garantías del Estado Social y Democrático de derecho, intentó hacer este viernes la oposición, rechazando algunas normas redactadas en comisión, para volver a lo establecido en el anteproyecto de la Comisión Experta. Cambios que no dejaron conformes a Unidad para Chile.
Fue antes de iniciar la votación durante la sesión de la mañana que continuó la discusión del Capítulo 2 sobre "Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales", que el comisionado de la UDI Hernán Larraín, tomó la palabra para explicar lo que harían.
"La necesidad de robustecer el Estado social de derecho que fue cuestionado en distintas intervenciones, fue recogida por esta bancada y se va a proponer en los artículos que he mencionado, 23, 24 y 25, rechazar algunas redacciones de las comisiones", afirmó Larraín.
En esa línea, el comisionado UDI indicó que "yo quiero invitar a que esto sea el tenor de la forma en cómo enfrentemos este debate, porque el mero enfrentamiento o reiteración de discursos que nos hacemos unos a otros, no permite llegar a un texto común que es la voluntad de todos, vamos a dar un testimonio en esa dirección".
¿Qué ocurrió en la votación?
Tras un receso se procedió a la votación de los artículos, así al llegar al artículo 23 se votó el inciso 1 redactado por la comisión y el cual señalaba que "la ley armonizará los derechos fundamentales entre sí y con las justas exigencias del bien común. Solo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales".
Éste fue rechazado, contando sólo con el voto a favor del consejero Antonio Barchiesi (republicanos), 17 en contra del oficialismo y 32 abstenciones de la oposición.
Tras esto se aprobó con 33 votos de la oposición, 16 en contra del oficialismo y la abstención del consejero José González (IND-RD), la redacción del anteproyecto, pero en conjunto con una enmienda de la oposición que agregaba la palabra "sólo" al inicio del inciso, quedando de la siguiente manera: "Sólo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales".
Más adelante, en el artículo 25 se rechazaron los dos incisos salidos de la comisión. El primero expresaba que "las prestaciones a que den lugar los derechos garantizados en esta Constitución serán exclusivamente determinadas por la ley". Éste fue rechazado por 1 voto a favor, 19 en contra y 30 abstenciones de la oposición.
También se rechazó lo propuesto por los comisionados por 1 voto a favor, 20 contra y 29 abstenciones el inciso 2 que aseveraba que "en la interpretación y aplicación de las disposiciones de este capítulo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas, ni producir efectos vinculantes respecto de quienes no hayan sido parte en el procedimiento respectivo".
Tras esto se aprobó por unanimidad de todos los consejeros (50 votos) la redacción del anteproyecto que expresa que "las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo anterior serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella. En la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente".
¿Qué dijo el oficialismo?
Tras la sesión, la consejera María Pardo (CS) manifestó que "así como se ha desfigurado el Estado social, hoy se ha debilitado uno de los contenidos más importantes en materia de derechos que es cómo garantizamos y protegemos los derechos".
"Hoy en la Constitución del 80 sólo se puede recurrir ante tribunales si ciertos derechos se ven afectados, sabíamos que eso era insuficiente y por eso que el anteproyecto se hizo cargo de esta problemática. Hoy tras las normas que fueron aprobadas por las derechas principalmente vemos que estos avances se ven seriamente limitados. Los derechos no pueden ser letra muerta", sostuvo.
Y agregó que "se limita la posibilidad de recurrir por acción de protección cuando hay discriminación en el acceso a los derechos sociales, eso es grave".
Respecto del artículo 23, Pardo acotó que "esa palabra 'sólo la ley' es importante, porque impide la potestad reglamentaria, que los reglamentos puedan regular los derechos fundamentales. Es decir, sólo la ley puede regularlos y eso quiere decir que se puede paralizar la actividad normativa del Estado, sabemos que la ley demora, el reglamento llega más rápido y tiene precisiones más técnicas que es importante considerar".
Consultada por el gesto al que aludió el comisionado Larraín, Pardo expresó que "desde luego que se valora que al menos la potestad reglamentaria de implementación para los derechos sociales sea algo que haya quedado en el texto, sin embargo, hay varios retrocesos en materia de garantías de derechos fundamentales. Lo vemos como la corrección de un error". En el oficialismo aseguran que más que un gesto, la oposición buscaba corregir normas con errores técnicos.
Respecto a este tema, la consejera Gloria Hutt (Evópoli), expresó que "por lo menos en mi opinión el anteproyecto aborda mejor esos temas que la propuestas de la comisión", añadiendo que las garantía de derechos estaban "mejor resueltos en el anteproyecto".
