Hace exactamente un mes dejó de estar vigente la alerta sanitaria que rigió en el país por más de tres años debido a la pandemia del covid-19 y que se había prorrogado a causa de la ola de enfermedades respiratorias que afectó a los niños y a los adultos mayores durante los meses de invierno.
Pero tras el cierre de este complejo capítulo sanitario, las aguas no parecen haberse aquietado en el sector salud, que hoy cuenta con varios frentes abiertos, tras la arremetida de los gremios, parlamentarios y el Colegio Médico, que suman presión a la cartera.
Despidos y paros: El efecto colateral del fin de la alerta por el covid
El fin de la alerta sanitaria no solo implicó el término de las mascarillas y otras restricciones –que fueron recibidas con alivio por la población–, sino que también significó que se dejaran de entregar los recursos adicionales asociados a dicha alerta, que durante estos últimos años habían permitido contratar más personal de salud.
Dichos funcionarios, que al comienzo ayudaron a enfrentar los estragos de la pandemia, en el último tiempo –habiendo disminuido el impacto del covid– estaban contribuyendo en las labores habituales de los ya por sí estresados centros de salud.
Sin embargo, en las últimas semanas se confirmó que al menos 6.300 de estos funcionarios serán desvinculados de los hospitales públicos, a partir de este 30 de septiembre.
Esto ha puesto en alerta y activado a los distintos gremios de la salud, que se oponen con contundencia a la medida, y que ya convocaron a un paro nacional a partir de este lunes.
La movilización es promovida por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), que agrupa a los funcionarios de los hospitales y de organismos dependientes del Minsal. La entidad argumenta que el aporte que han hecho estos trabajadores ha permitido hasta ahora hacer frente a la extensa lista de espera en los hospitales, la cual se incrementó precisamente durante la pandemia.
Este paro se suma al que realizaron el miércoles, jueves y viernes de esta semana los trabajadores de la salud primaria, y que afectó el funcionamiento de consultorios, Cesfam, servicios de atención primaria de urgencia (SAPU), centros comunitarios de salud y postas rurales.
Esta movilización fue convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) –uno de los gremios más relevantes del sector salud, con más de 60 mil socios–, que a su vez demanda un aumento de los cupos de incentivo al retiro de los trabajadores, pues argumenta que sin este incentivo hoy "muy pocas personas pueden jubilar porque sus pensiones serán bajísimas y no les permitirán sustentarse". También exigen una regularización del bono de trato usuario, y mejoras en el financiamiento de la atención primaria, donde acusan falta de recursos. Esto coincide con el inicio de la discusión de la ley de Presupuesto.
También acusan que el fin de la alerta sanitaria por el covid-19 "está sirviendo como excusa a la Dipres para hacer recortes en los presupuestos de salud", y reclaman que la llegada de más de 300 mil usuarios nuevos a Fonasa en los últimos meses está poniendo "una presión extra a un sistema de por sí sobreexigido y desfinanciado".
Advertencia de no aprobar presupuesto si no se decreta alerta por cáncer
En otro tema, habiendo terminado la alerta sanitaria por el covid-19 y las enfermedades respiratorias del invierno, ahora desde el Senado están pidiendo que se decrete una nueva medida de este tipo, pero esta vez por el cáncer.
La comisión del Salud del Senado decidió esta semana solicitar al Gobierno que declare alerta sanitaria en el país para que quienes padezcan esta enfermedad reciban tratamientos oportunos. Argumentan que, debido también a la pandemia, las listas de espera GES para pacientes con cáncer en Chile "han experimentado un alarmante aumento, llegando a quintuplicarse". También citan datos de la Comisión Nacional del Cáncer que dan cuenta de que "cada hora fallecen en el país tres personas debido a esta enfermedad y, al menos una de ellas, muere por falta de acceso a tratamiento".
En ese escenario, de decretarse una alerta sanitaria, estiman que podría otorgarse financiamiento extraordinario y contratar a más personal para poder realizar las cirugías y los tratamientos como quimioterapia y radioterapia.
Los senadores incluso condicionaron la aprobación de la partida presupuestaria de Salud a que se dicte esta medida. "Estamos en un punto crítico y, frente a eso, debe haber medidas críticas", sostuvo el Dr. Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud.
Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, descartó decretar una alerta sanitaria por el cáncer, pues explicó que "la alerta sanitaria, como instrumento, lo que implica sobre todo es que permite un estado de excepción que le entrega a la autoridad sanitaria facultades extraordinarias", por ejemplo, para decretar medidas como el uso de la mascarilla y aforos, entre otras medidas que se implementaron durante la pandemia; pero que "no porque exista una alerta sanitaria va a haber recursos adicionales de manera directa e ineludible".
"Si bien compartimos el diagnóstico de que tenemos que seguir avanzando para poder atender a todas las personas que hoy día tienen un diagnóstico y requieren de tratamiento de cáncer, la alerta sanitaria no es una respuesta que va a poder resolver directamente la problemática", enfatizó.
Se sigue dilatando aplicación del fallo de la Suprema contra las isapres
Otro frente abierto, que se arrastra desde hace meses, es la situación de las isapres, sector que se mantiene en vilo luego del dictamen de la Corte Suprema que ordenó a esas entidades aplicar la tabla de factores de 2019 a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso.
Hace casi cinco meses el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley corta sobre isapres para buscar dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal.
Sin embargo, la iniciativa no ha convencido a las aseguradores ni tampoco del todo a los parlamentarios, por lo que el proyecto se encuentra aún en la Comisión de Salud del Senado, por donde mismo ingresó.
Ante esta dilación, la Superintendencia de Salud, a petición de los senadores, ingresó este viernes a la Corte Suprema una solicitud de prórroga de seis meses para aplicar el fallo sobre las isapres, en espera de que se termine de tramitar la ley corta.
Junto con ingresar la solicitud, el superintendente, Víctor Torres, sostuvo que "es fundamental que el Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto, que permitirá cumplir de mejor manera el fallo, haciéndose cargo con sentido de realidad de la situación actual del sistema, evitando que sus efectos pongan en riesgo el acceso a las atenciones de salud de las personas y a las coberturas y beneficios pactados en sus planes".
El suero contaminado que obliga a suspender cirugías en los hospitales
También este viernes emergió un nuevo problema para la cartera de Salud, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) instruyera a los centros de salud suspender el uso de un insumo del laboratorio Sanderson S.A. debido a que en un ensayo se detectó contaminación por la bacteria Burkholderia cepacia (CBC).
En un comienzo se señaló que la medida era para "todos los productos fabricados en laboratorio", pero luego se precisó que sería solo respecto de un suero específico: "el cloruro de sodio al 0,9% cuyo envase primario corresponde a material plástico de gran volumen y que hayan sido fabricados a partir del 1 de abril de 2023". También se instruyó el retiro del mercado de todos los lotes de los productos elaborados en la planta de producción del laboratorio, elaborados antes del 13 de enero de 2023.
Ante la situación, el Colegio Médico (Colmed) lanzó una dura crítica y acusó, mediante un comunicado, que el retiro de estos insumos médicos "está afectando gravemente el funcionamiento de la red público-privada, con enormes consecuencias para las atenciones ambulatorias y hospitalarias de más de 20 centros de la Región Metropolitana y del país".
"La red asistencial no está en momento de pagar con estas desprolijidades. Vemos que tenemos enormes listas de espera, tenemos atenciones desplazadas y la red debe estar funcionando a su máxima capacidad", enfatizó la Dra. Francisca Crispi, presidenta del Colmed Metropolitano.
A esto se suma que ésta no es la primera vez que se emite una alerta por insumos de este laboratorio debido a la presencia de la misma bacteria, cuyo brote habría causado en el pasado la muerte de varias personas.
Por esto, el Colmed pidió al Ministerio de Salud "directrices claras" frente a este problema "que se arrastra hace casi dos años", pero que, cuestionan, "hasta ahora solo se ha respondido a las consecuencias agudas del problema y no se ha llegado a una solución definitiva".
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reconoció este sábado, en entrevista con T13, "la conmoción que provocó el efecto de suspensión de cirugías" debido a la falta de este insumo. También admitió "el brote de Burkholderia viene desarrollándose hace bastante tiempo", aunque dijo "se han determinado distintas medidas por parte del ISP" y que el Minsal, junto con Cenabast, "hemos estado trabajando en diversificar los insumos para no depender de un solo laboratorio (...) y tener un stock para, en caso de que haya que hacer cuarentenas de algunos de ellos, se puedan distribuir adecuadamente a la red".
Pese a ello, sostuvo que "esta situación de ayer necesita ser aclarada", por lo que se instruyó el "procedimiento administrativo que corresponda".
La autoridad dijo esperar que el reagendamiento de las horas de las cirugías que no pudieron realizarse no impliquen un mayor retraso a los pacientes, aunque reconoció que lo ocurrido "ciertamente, produce una disrupción y es un efecto que no nos gusta que haya ocurrido y que no debería haber ocurrido de esta forma".
