El momento más grave de la usurpación ocurrió con la quema de dos cabañas, ocurrida en marzo. Tras ello, la congregación religiosa interpuso las acciones judiciales.
El Mercurio (archivo)
"Es como si estos señores fuesen inquilinos normales a los que hay que darles un tiempo para que abandonen el lugar. ¡Esto es un acto de violencia contra la propiedad!". Sentimientos encontrados despierta el fallo dictado el pasado 29 de septiembre, por la Corte Suprema, en el sacerdote español Teófilo Calvo, superior delegado en Chile de la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia Don Orione. La sentencia acoge el recurso de protección que los religiosos interpusieron contra un grupo de "okupas" que se instaló en un predio del que son dueños en El Quisco, el que estaba destinado a retiros espirituales y como centro recreativo para los niños que sufren discapacidad intelectual severa atendidos en los centros del Pequeño Cottolengo. El fallo les da dos meses de plazo, que se suman a los siete que ya llevan de intentos judiciales por recuperar una propiedad que se convirtió "en un antro, en estado insalubre, destruida y habitada por personas que consumen drogas y alcohol". El recurso de protección fue interpuesto en marzo, luego de que una disputa interna entre los usurpadores se zanjara con un incendio que destruyó dos de las siete cabañas que tenía el predio.