La discusión sobre el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones se ha exacerbado durante los últimos días. Las diferencias que en un inicio estaban centradas en los riesgos de la legítima defensa privilegiada y la falta de graduación en las penas, ahora dio un giro y se enfocó enérgicamente en el futuro de las personas que viven en campamentos.
Fue el propio Ejecutivo el llevó la discusión a esa cancha, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, emplazó directamente a los diputados de oposición: "Recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad y ¿Hoy van a visitar esos campamentos a decir a toda esa gente debiera estar en la cárcel?", dijo la secretaria de Estado el martes en la Sala de la Cámara. Luego, en distintas instancias recriminó a la derecha por querer sancionar con presidio a las personas que viven en asentamientos precarios.
Durante la tramitación del proyecto, los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista fueron férreos opositores a la iniciativa acusando "criminalización de la pobreza", advirtiendo que "no se puede penalizar con cárcel a quienes viven en asentamientos informales por necesidad".
Ante los cuestionamientos de su propio sector, el Ejecutivo se respaldó en un artículo transitorio donde se excluye de detención o desalojo a las personas incluidas en el Catastro Nacional de Campamentos. "No podrá ser detenida (...) si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024", dice la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
El mismo artículo señala que "entre la fecha de publicación de la presente ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigente, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior".
Dos oportunidades perdidas
Ahora, el flanco que se abre para La Moneda es que con la normativa aprobada por el Congreso la persona que vive en campamento sí podría ser condenada a presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, entre 61 días a 3 años. Sin embargo, con el veto presidencial no se resolvería del todo esta situación ya que la determinación de la sanción quedaría en manos del juez y estas van desde una multa de 6 a 10 UTM o presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 541 días de cárcel.
El Gobierno tuvo al menos dos oportunidades para evitar en todos los escenarios que las personas que viven en campamentos se expongan a penas de cárcel. El pasado 9 de agosto la iniciativa legislativa se discutió en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general con 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.
En esa oportunidad, el Ejecutivo decidió retirar la urgencia y añadir nuevas nuevas indicaciones en la norma relacionada al listado de campamentos excluidos de las sanciones, ya que hubo casos que "el catastro no recogió". Por ende, volvió a la comisión de Seguridad de la Cámara a segundo trámite reglamentario con las indicaciones del Gobierno. En esa ocasión, sólo se actualizó el listado.
Luego, en el veto presidencial presentado el viernes pasado, no se registran cambios significativos en el artículo transitorio en cuestión. Sólo se incorpora lo ya mencionado en relación al arbitrio del juez respecto a si aplicar multa o cárcel dependiendo si la usurpación es violenta o no y una serie de atenuantes.
Posturas contrapuestas
En este contexto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que "los campamentos quedan exceptuados de la facultad que se otorga a las policías para proceder al desalojo sin orden judicial, la detención de quienes están en esa situación y la restitución anticipada por parte del juez, esa es la excepción que se establece respecto de los campamentos, pero no es una excepción respecto de la justificación del delito de usurpación que sigue estando penalizado en nuestra legislación".
"Vamos a estar siempre a favor de nuestra gente, a favor de los pueblos, a favor de los comités de vivienda y de todo aquel que necesite tener una vida digna"
Ericka Ñanco (RD)
Por su parte, en conversación con
Radio Universo, el senador
Felipe Kast (EVO) y presidente de la comisión de Seguridad del Senado - donde se está tramitando el veto - dijo que "la ministra está desesperada" y que
el Ejecutivo "se equivocó con el veto". "Con el veto del Gobierno también se van a ir a la cárcel, porque el Gobierno lo que hizo es que para las usurpaciones no violentas se aplica cárcel o multa.
Bajo sus conceptos estaría enviando a la cárcel o con multa a los campamentos", acotó el Legislador.
En este fuego cruzado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que "no es error del Ejecutivo porque el Ejecutivo nunca ha sido partidario de que la cárcel se aplique a las personas que están en campamento". "Siempre el Ejecutivo ha dicho que no debe haber cárcel para estos casos", insistió.
Mientras que desde el Frente Amplio aún están evaluando si respaldarán el veto presentado por el Gobierno. La jefa de bancada, Ericka Ñanco (RD), adelantó que como bancada podrían rechazar los vetos que establezcan penas.
"Si una persona que salta un cerco puede ser violento para otra persona que llega y se asusta. O sea, e inclusive la pena de multa es complejo cuando hablamos, por ejemplo, si una persona rompe, entre comillas, un cerco de otra persona y ese cerco vale más de una UTM, entonces tendría que tener pena de cárcel. Eso es lo complejo. Nosotros no estamos a favor de ese tipo de iniciativas, creemos que atenta contra la legítima demanda", dijo Ñanco.
En esa línea agregó que "vamos a estar siempre a favor de nuestra gente, a favor de los pueblos, a favor de los comités de vivienda y de todo aquel que necesite tener una vida digna".
