La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri.
Aton (archivo)
La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri salió al paso de la denuncia realizada en su contra por su par republicano Juan Irarrázaval, quien la acusó de presuntas irregularidades en convenios suscritos con la Fundación Daya, creada por la legisladora en 2013.
Estos convenios de colaboración eran para la implementación del programa de uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico y se firmó con al menos 11 municipios a lo largo del país.
El parlamentario oficializará sus acusaciones ante la Contraloría mañana y en el documento que presentará se detallan los recursos en cuestión otorgados por los diferentes municipios: Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000).
Según el parlamentario, los recursos se gastaron en "chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri". "Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Esto es más grave aún si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación. Deben más de 171 millones de pesos en rendiciones y prácticamente casi ningún tratamiento se entregó", agregó el legislador.
Gazmuri descarta mal uso de recursos
En respuesta, Gazmuri descartó un mal uso de los recursos adjudicados y apuntó a los municipios por los proyectos que no llegaron a término.
"Este proyecto no fue una externalización de un servicio, sino un proyecto de colaboración en que existían deberes y obligaciones por parte de los mismos municipios para concretar el beneficio del mismo", comenzó señalando Gazmuri a través de una declaración pública.
Según dijo, "Fundación Daya destinó la totalidad de los recursos para los objetivos del proyecto y logró generar las condiciones para su consecución. Los municipios de Quilicura, Chillán, Graneros y Antofagasta lograron activar las acciones necesarias que a cada municipio les correspondía hacer para llegar con los tratamientos a los pacientes de sus comunas, como un espacio de atención con los profesionales capacitados por la fundación Daya, o la recepción de los fitofármacos en sus farmacias comunales".
"Las rendiciones de cuenta se entregaron a todos los municipios participantes en diciembre de 2016 y solo hemos recibido observaciones por parte de cuatro municipios, las que Fundación Daya ha subsanado en su totalidad", complementó.
Asimismo, indicó que "la falta de acción de algunos municipios ha impedido la concreción del proyecto a pesar de la insistencia de la fundación durante cinco años para que así lo hicieran. Lamentamos que la falta de compromiso de algunos, como el propio diputado Irarrázaval cuando era concejal de Calera de Tango , haya dejado sin esta posibilidad a sus vecinos. Fundación Daya cumplió logrando todos los permisos y realizando las capacitaciones a equipos de salud municipales".
"Por último, queremos reconocer a los municipios que con convicción y coraje han llegado a buen puerto con la entrega de los tratamientos. Era cosa de voluntad", profundizó.
Junto con esto, Gazmuri cuestionó al parlamentario republicano. "Acá parece que lo único que se hizo humo fue el compromiso del diputado Irarrázaval que cuando fue concejal de la comuna de Calera de Tango, no hizo nada por los pacientes que debieron recibir los tratamientos que fueron parte del proyecto. El diputado fue parte del concejo municipal que aprobó este proyecto y por su inacción, por no haber hecho lo necesario por darle seguimiento y cumplimiento a este programa, dejaron a más de cien pacientes sin su tratamiento gratuito de cannabis", enfatizó la diputada de Acción Humanista.
