Así, se iniciará un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
El Mercurio
La Contraloría cuestionó la compra de inmuebles por parte de la municipalidad de Las Condes para construcción de un centro de salud familiar (Cesfam), señalando que entidad comunal no ajustó la adquisición a "los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia,
control y eficiente e idónea administración de los medios públicos".
"No resulta posible emitir un pronunciamiento acerca de la consulta planteada sobre la viabilidad de un proyecto a ejecutar en los predios indicados, toda vez que de los antecedentes analizados no se aprecia la existencia de un proyecto", resolvió el organismo fiscalizador en su pronunciamiento jurídico.
Con esto, la Contraloría detectó
faltas a la probidad en el proceso de la entidad comunal, que lidera Daniela Peñaloza.
Así, se iniciará un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por lo que los antecedentes se remitirán al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
"Omisión de licitación para la contratación de servicios de corretaje y/o intermediación"
En el pronunciamiento de la Contraloría, de 36 páginas, se analiza la "modalidad de contratación y omisión de licitación para la contratación de servicios de corretaje y/o intermediación". Ahí, se señala que a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se le encomendó la búsqueda de terrenos.
Tras eso, "el municipio suscribió un contrato de corretaje con Vulcon Asset Management SpA, fechado 13 de marzo de 2022, para la adquisición de 10 casas, individualizadas en su oferta de 28 de febrero de 2022", se lee en el pronunciamiento.
"La regla general de contratación es la licitación pública, sin perjuicio de que existan situaciones determinadas en que corresponda recurrir a la licitación privada o trato directo", señaló el órgano fiscalizador.
Así, la Contraloría asegura que "no es posible verificar la regularidad en la tramitación del contrato de corretaje suscrito entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA y el decreto alcaldicio que lo aprueba".
La denuncia fue presentada por la concejal Catalina Ugarte que para esta operación la entidad comunal habría cometido una serie de irregularidades "constituidas por la omisión de información detallada, adulteración del acta de un acuerdo del concejo municipal, omisión de requerir el acuerdo del concejo municipal y compra de un inmueble por alrededor del doble del precio pagado por el vendedor solo un mes antes".
Ante esto, la alcaldesa Daniela Peñaloza sostuvo que "el informe de Contraloría confirma que las medidas que adoptamos son correctas: instruido sumarios, presentado querellas y aceptado renuncias".
Agregó que "continuamos trabajando en más probidad y transparencia, y también en la construcción del tercer Cesfam para nuestra comuna".
