El diputado republicano, Juan Irrarázaval, denunció posible irregularidades en la rendición de gastos de la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanistas).
En el documento presentado a la Contraloría General de la República se cuestionan cerca de $200 millones y además de arremeter contra su par, cuestionó a más de una decena de municipios que suscribieron convenios con dicha organización sin fines de lucro, entre ellos Peñalolén.
En el escrito se establece que con con fecha 1 de diciembre de 2015, la Municipalidad de Peñalolén suscribió con la Fundación Daya un "convenio de colaboración para la implementación del programa de uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos, epilépticos y otras patologías con dolor crónico" y en marzo del 2016 se constató la transferencia por la suma de $35 millones.
El parlamentario en su escrito sostiene que mediante una solicitud de Transparencia dirigida a la Municipalidad de Peñalolén, se se solicitó la información referida a la rendición de cuentas y a los informes correspondientes que debía entregar la fundación.
Ante el requerimiento, el diputado acusó que la Municipalidad derivó la solicitud a la Corporación Municipal de Peñalolén y después de más de dos meses de tramitación el municipio entregó respuestas. Con los antecedentes recabados Irrarázaval denunció que la Fundación Daya tiene pendiente las obligaciones estipuladas en su Convenio y, por ende, la rendición final del mismo.
En este escenario, la alcaldesa de Peñalolén y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, dijo que "la Fundación vino a exponer al Concejo una oferta para abordar casos graves de dolor crónico y enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas que las padecen. Mostraron estudios y antecedentes que avalaban las intervenciones. Por ello decidimos aportar al proyecto con la promesa de entregar 200 dosis a los pacientes que se definieran".
Sin embargo, manifestó que "la fundación hasta hoy no ha podido cumplir con la entrega de las dosis. Durante su estos años se han hecho auditorías, se impugnaron algunas de las rendiciones y se solicitó la restitución de los fondos, lo que hasta ahora no ha ocurrido por lo que se están evaluando las acciones legales que correspondan".
Otros municipios
El mismo convenio se firmó con la municipalidad de Arica en enero del 2016, en esta oportunidad por la suma de $30.010.500, en dos partes: $17.642.750 y $12.367.750.
En respuesta a una solicitud de transparencia con fecha 26 de julio de 2023 el alcalde Espíndola Rojas señaló que "revisado al Sistema Contable computacional de la Municipalidad a esta fecha, la institución antes mencionada registra un saldo pendiente de rendición de cuentas por la suma de $17.642.750, por lo que no existe rendición de cuentas aprobadas en el municipio ni menos copia de la documentación".
A través de un comunicado la municipalidad de Arica confirmó esta información y remarcó que el convenio se firmó durante la administración anterior, con el alcalde Salvador Urrutia a la cabecera.
"Se encuentra tramitando un juicio ejecutivo con el objetivo que la fundación reconozca la deuda por fondo no rendidos"
Municipalidad de Arica
Asimismo, se precisó que durante la administración de Espíndola se inició la tramitación para la devolución de los dineros. Finalmente agregan que la Municipalidad de Arica "se encuentra tramitando un juicio ejecutivo con el objetivo que la fundación reconozca la deuda por fondo no rendidos".
El parlamentario también denunció que la Municipalidad de Quinta Normal tiene pendiente la devolución de $11.828.000 los que fueron cobrados por la Fundación Daya el 5 de enero de 2017. Ante estos hechos, la municipalidad informó que durante la gestión de la alcaldesa Karina Delfino (2021-2024), no se ha firmado ningún convenio con organización.
"Asumida la gestión en 2021, no existía conocimiento de este convenio, salvo hasta diciembre del 2022, cuando se nos ofició por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. Inmediatamente comenzó a ser recabada la información para entregar respuesta en marzo del 2023, transparentando cada uno de los detalles expuestos con anterioridad. A esa fecha, la causa ya se encontraba prescrita (2015-2011), 6 años", se indica.
"La nueva administración retomó las conversaciones con Fundación Daya para alcanzar a los 200 pacientes estipulados. Ya hemos ingresado 154 pacientes que están recibiendo sus fármacos manera mensual y a diciembre del 2023 llegaremos a los 200 usuarios beneficiados"
Director (s) del Departamento de Salud Municipal de Chillán
Continúa, "la antigua administración liderada por la entonces alcaldesa Carmen Gloria Fernández fue quien suscribió este convenio con la Fundación Daya en 2016, por un monto de alrededor de $36 millones, el que no se logró ejecutar. No obstante, existió una cláusula entre la Municipalidad y la Fundación, para que el primer pago de este convenio no fuera reintegrado si el SAG no autorizada la ejecución del servicio. Cualquier consulta de la forma cómo se aceptó este convenio, debe ser la entonces alcaldesa Fernández, quien entregue las declaraciones".
Chillán es otro de los municipios que se ha visto involucrado, el parlamentario denunció que la fundación tiene pendiente la rendición de cuentas de los $35.285.500, transferidos en julio de 2016. Fernando Bustamante, director (s) del Departamento de Salud Municipal sostuvo que "en el año 2016 la administración anterior firmó un convenio con la Fundación Daya por un monto de $25millones y sólo fue ejecutado hasta el 2019. La nueva administración retomó las conversaciones con Fundación Daya para alcanzar a los 200 pacientes estipulados. Ya hemos ingresado 154 pacientes que están recibiendo sus fármacos manera mensual y a diciembre del 2023 llegaremos a los 200 usuarios beneficiados".
