Consejo innova y despacha materias hasta ahora ausentes en las constituciones chilenas

Este miércoles el Consejo Constitucional terminó de votar las enmiendas al anteproyecto. Por ahora, los partidos oficialistas son críticos de varias normas aprobadas, mientras en sectores de la derecha comienza a surgir la idea de llamar a aprobar la proposición en diciembre.

El proceso todavía no termina, pero la propuesta ya tomó forma, en algunos casos acogiendo lo propuesto por los expertos, en otros con modificaciones. En una primera revisión se observa que el texto que emanó del Consejo considera varios temas hasta ahora ausentes en las constituciones chilenas, pero que han estado en el debate público hace ya varios años, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, mecanismos de participación ciudadana y la protección del medio ambiente. Eso sí, con una mirada distinta a la que les dio la Convención Constitucional.

Denominados “el corazón” de la Constitución, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales provocaron acalorados debates tanto en el Consejo como en la Comisión Experta. Si bien estas discusiones se centraron en normas sobre educación, salud y seguridad social, el texto despachado por el Consejo incluye otros derechos que hasta ahora no han sido parte de las Cartas chilenas.

Uno es el derecho a la vivienda, que también recogió la Convención pasada. El Consejo aprobó el derecho a una “vivienda adecuada”, mientras la Convención sumaba allí la palabra “digna”. Los consejeros, además, agregaron un inciso que no tenía el anteproyecto y que ha levantado polémicas: “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.

Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, explica que en relación con la actual Carta se consagran derechos nuevos como “el derecho a la vivienda adecuada y el derecho al acceso al agua y saneamiento, ambos de conformidad a la ley (...), se agregan el derecho a la protección de datos personales, derechos de los consumidores”. En este último especifica que “es deber del Estado y de sus instituciones proteger a los consumidores ante prácticas abusivas y garantizar el ejercicio de sus derechos, de forma individual o colectiva”. Además el Consejo aprobó, entre aplausos, el derecho a la cultura. El cineasta y consejero socialista Miguel Littin celebró la aprobación diciendo que era “un anhelo de los artistas chilenos”.

La propuesta que revisarán ahora los expertos incluye la consagración del “trabajo decente”, propuesto por la Comisión Experta y recogida por el Consejo, que innova al agregar la “retribución justa, (derecho) al descanso y la desconexión digital”. También hay novedades en derechos más asentados: en salud se aprobó que la ley establezca “un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”. Al abarcar la libertad de pensamiento, el Consejo incluyó la objeción de conciencia “individual e institucional”, que ha levantado algunos reparos.

En el derecho a la seguridad social, en tanto, los consejeros explicitaron que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”.

Un consenso desde el inicio del actual proceso constituyente ha sido la necesidad de separar la función jurisdiccional de las labores administrativas que actualmente están en manos de la Corte Suprema, una demanda que ha hecho este mismo organismo durante varios años.

Ante la misma discusión, la Convención había planteado un Consejo de la Justicia para resolver esto, pero la Comisión Experta se inclinó por instaurar cuatro órganos autónomos: uno a cargo de nombramientos, otro para la gestión administrativa, otro para la formación de jueces y funcionarios y el último para velar por el correcto actuar de ellos; los cuatro coordinados por un quinto organismo.

Cuando el anteproyecto pasó al Consejo, académicos plantearon que “era un exceso” la cantidad de órganos. Los expertos defendían la propuesta y manifestaban que era algo inédito que buscaba hacerse cargo del debate de los últimos años.

Finalmente, el Consejo modificó la propuesta y aprobó tres órganos “con autonomía legal”: “Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos con autonomía legal encargados de los nombramientos de sus integrantes; la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios (actual Academia Judicial); así como la gestión y administración del Poder Judicial (actual Corporación Administrativa del Poder Judicial). Estos tres órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada”, dice el texto aprobado en el pleno.

El comisionado Hernán Larraín, uno de los arquitectos de la propuesta, ha planteado que con ello se desconcentra el poder y se crean pesos y contrapesos. Pero hay quienes todavía dudan, por ejemplo, Cristián Riego, académico de la U. Diego Portales, quien estima que podría existir el riesgo de disputa entre los órganos y la Corte Suprema o que “cada órgano actúe por su cuenta”.

Plurinacionalidad, pluralismo jurídico, escaños reservados, restitución de tierras, autonomías territoriales. La propuesta de la Convención tenía una batería de normas sobre los pueblos indígenas que para algunos estuvieron entre las razones del rechazo a dicho texto.

Por lo anterior, en parte, en este proceso se fijaron bases, entre las cuales se incluyó el reconocimiento a pueblos indígenas, pero quedó fuera la idea de plurinacionalidad. Así, el texto del Consejo “reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”. Además, señala que el Estado promoverá derechos individuales y colectivos de pueblos originarios, reconoce la interculturalidad como valor de la diversidad étnica y afirma que la ley podrá establecer mecanismos para promover su participación política en el Congreso.

Richard Caifal, presidente del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam, y quien llamó a votar Rechazo para el 4-S, afirma que aunque la Convención “abordaba ampliamente la temática indígena, lo hizo desde una perspectiva confrontacional y sin un sentido país, de unidad, donde los derechos de unos estaban por sobre los de otros” y cree que el texto del Consejo “viene a cerrar un ciclo desde el denominado Acuerdo de Imperial del año 1989”. Con todo, piensa que hubiera sido ideal “incluir un transitorio” sobre reparación de tierras y la buena convivencia.

Plasmar en una Constitución una Defensoría de las Víctimas se proponía desde los tiempos de la Convención. En esa ocasión fue la centroderecha, minoría entonces, la que impulsó la idea, la cual no tuvo apoyo de las fuerzas políticas de izquierda. Mucho ha pasado desde entonces y la seguridad hoy se instala como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Eso tuvo eco en el actual proceso y el texto despachado esta semana por el Consejo da una idea de la relevancia que esta vez adquirió el tema: propone un capítulo sobre seguridad pública con normas sobre Carabineros, la PDI y Gendarmería; otro sobre Defensa Nacional con artículos sobre las Fuerzas Armadas (que incluye la protección de la infraestructura crítica tal como la reforma constitucional promulgada este año).

Los comisionados expertos habían aprobado incluir un epígrafe y un artículo sobre una Defensoría de las Víctimas dentro del capítulo sobre Ministerio Público, pero el Consejo desarrolló más el punto y despachó un capítulo con tres artículos y un transitorio sobre el tema.

La propuesta señala que esta defensoría buscará asesorar y representar a víctimas de delitos, evitando la revictimización. En la propuesta, además, se aprobó que habrá un interés especial en casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas, listado cuestionado por el oficialismo por ser “una defensa preferente para ciertos delitos (...). ¿Y dónde quedan los otros delitos?”, preguntó la consejera Paloma Zúñiga (Unidad para Chile).

El texto de los consejeros incluye también la posibilidad de indemnización para víctimas de delitos que los tribunales califiquen de conducta terrorista, además de visar “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”, agregando que “quienes participen en estas, deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada”.

Sectores de izquierda lamentaron que se rechazara una norma transitoria que establecía paridad de salida para las próximas dos elecciones parlamentarias y acusaron que el texto sería una “Constitución antimujeres”.

Sin embargo, el documento aprobado por los consejeros incluye normas enfocadas en la igualdad de género que no existen en la Carta vigente, por ejemplo mandatando al Congreso a generar mecanismos para promover el acceso igualitario de hombres y mujeres a los mandatos electorales y cargos de elección popular; que se proscriba la discriminación arbitraria en la retribución por trabajo, “especialmente entre hombres y mujeres”, y que se deberán contemplar mecanismos para asegurar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de órganos colegiados. Además se reconoció el valor de las labores de cuidados, lo que no estaba en el anteproyecto de los expertos.

Otra de las novedades del texto aprobado por el Consejo son los mecanismos de participación ciudadana, en especial respecto de la posibilidad de que la ciudadanía presente iniciativas de ley. La propuesta de la Comisión Experta separaba la iniciativa de ley con la de derogación parcial o total de ley en dos artículos diferentes, pero el Consejo optó por fusionarlos, algo que la académica Soledad Bertelsen, de la U. de los Andes, valora: “Hay un avance respecto de lo que presentaron los expertos, quedó un poco más claro”, dice.

El texto, además, mantiene la idea del anteproyecto de establecer foros de deliberación ciudadana (cuyos detalles quedaron para ser vistos por la ley), los cuales “serán de carácter consultivo” y que, además de los municipios, también los puedan convocar las gobernaciones regionales.

Existe consenso en que la Constitución vigente innovó al incluir “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. A décadas de ello, ahora el Consejo Constitucional va más allá y acogió la idea de los expertos de incluir un capítulo sobre la materia.

Esta vez no hay mención a los derechos de la Naturaleza, como lo hacía la Convención —idea que fue ampliamente criticada—, y se despachó que el primer artículo del nuevo capítulo diga: “La protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”. Además, los consejeros aprobaron la propuesta de los comisionados expertos de incluir que el Estado “implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático”.