En una nueva etapa se encuentra actualmente el proceso constitucional. Y es que el Consejo ya evacuó la propuesta de nueva Carta Magna y la Comisión Experta lo recibió y notificó este sábado, por lo que ya se fijó el itinerario para realizar las observaciones que estimen pertinentes.
En concreto, la instancia tiene cinco días para realizar comentarios "con el objeto de mejorar el texto", los que empiezan a contar a partir de este domingo.
Así, tal como lo indicó la presidenta Verónica Undurraga -y que fue aceptado por los comisionados-, desde hoy hasta el martes 10 de octubre, los integrantes de la Comisión Experta deberán formular las observaciones y, luego, los días miércoles 11 y jueves 12 votarán en el pleno.
Tras la sesión que se desarrolló la jornada de ayer, algunos miembros enfatizaron en que se debe revisar todo el texto. Sin embargo, los partidos políticos ya han hecho hincapié en algunos temas en particular considerando, además, que durante la discusión en el Consejo, estos generaron ruido.
Tal es el caso del derecho a la vida. Según consignó El Mercurio, el viernes los consejeros de la UDI se juntaron con sus expertos y afinaron los principales cambios que podrían introducir al texto constitucional y en relación al tema mencionado, el sector señala que se está delineando una nueva redacción, en el que el pleno introdujo la frase que dice que "la ley protege la vida de quién está por nacer", lo que ha generado críticas por la posibilidad de que termine afectando la actual ley de aborto en tres causales.
Desde los republicanos, en tanto, sostienen no estar dispuestos a visar un cambio a la redacción ya aprobada, pues es un tema de principios del que no se moverán y, también, porque prefieren evitar poner nuevamente el foco de la discusión en el aborto.
Dentro de Chile Vamos también se exploraban observaciones a la norma que permite la exención de contribuciones a la primera vivienda. Según ha trascendido, se buscaría acortar la medida para eximir de esos tributos a la población adulta mayor.
Ahora, en cuanto a los artículos que consagran la libertad de elección de salud y previsión social, se señala que no cederán en mantener las libertades establecidas, pero sí podrían habilitar, en el caso de las pensiones, que el Estado o el empleador puedan destinar recursos a solidaridad y mantener medidas como la PGU.
Reacción comisionadas
Luego de que se conocieran los plazos para esta nueva etapa, la comisionada Antonia Rivas (patrocinada por el Frente Amplio) sostuvo a T13 que "depende de un acuerdo político y transversal si podemos hacer esas correcciones más allá de lo técnico, y para eso requerimos saber si tenemos un consenso de transversalidad tanto aquí en el Consejo y en los partidos políticos".
Asimismo, aseveró que "esta discusión tiene que ser completa, no hay temas, hay muchísimas normas que tienen que ser revisadas, normas que tienen dificultades técnicas, que tienen errores, que ponen en riesgo la institucionalidad y tendremos que revisarlas y ojalá llegar a un acuerdo completo sobre un borrador que, efectivamente, sea para todos y no de un solo sector".
La comisionada Alejandra Krauss (patrocinada por la DC) señaló en tanto, que "nos toca un desafío importantísimo, revisar el texto que fue aprobado por el Consejo y concordar, si es posible, normas que representen a todos y todas".
"Van a haber puntos más complejos que son debates de larga data en nuestro país, cuánto más Estado, cuánto mejor Estado, el rol en materia de seguridad social, pensiones, salud, educación. Hay también trabajo fuerte que tenemos que revisar en contar con un texto que no tenga errores técnicos, que afecten políticas y construir los acuerdos, así que son muchos temas que tenemos que abordar en estos próximos días", añadió.
¿Qué sigue después?
No por nada desde republicanos han transmitido tranquilidad respecto de los cambios que puedan impulsar los expertos al texto. Y es que, además de que sostienen que no está el ambiente para quitar el "sello ciudadano", los consejeros podrían rechazar luego, en el pleno del Consejo, los comentarios que cambien el sentido de alguna iniciativa.
Según el reglamento, una vez que termine esta etapa de cinco días, la Comisión Experta consignará sus observaciones en un informe que remitirá al Consejo el día siguiente al de su adopción.
El Consejo deberá votar las observaciones. Aquellas que alcancen los tres quintos a favor se entenderán aprobadas, mientras que las que alcancen los dos tercios de votos negativos, se entenderán como definitivamente rechazadas.
En tanto, las observaciones que no alcancen el quorum de tres quintos para ser aprobadas, ni de dos tercios para ser rechazadas, serán analizadas por una comisión mixta (compuesta por seis comisionados y seis consejeros), que, a su vez, hará propuestas de solución que deberán ser votadas.
Finalmente se hará la votación de la totalidad del texto, se presentará al Presidente y se llevará a cabo el Plebiscito (el 17 de diciembre) donde la ciudadanía deberá decidir si está A Favor o En Contra de la nueva propuesta constitucional.
