Durante la Convención pasada hubo quienes advirtieron a los convencionales que distintos movimientos ciudadanos comenzaban a preocuparse por el texto al que daban forma y se inclinaban hacia el Rechazo. Algunas advertencias iban más allá y señalaban que la suma de pequeños rechazos por normas aisladas podría terminar por impactar el plebiscito de septiembre de 2022.
No se les tomó el peso. Lo expresó en julio de este año a Revista Sábado el exconvencional Daniel Stingo: "Algunos se dieron cuenta de que estábamos llevando esto demasiado lejos. No se hicieron cálculos. Hubo algunos más iluminados que otros, pero estábamos metidos en una especie de reality. No veías el mundo, lo que estaba pasando afuera".
Entre las normas que provocaron ruido en parte de la ciudadanía estuvieron las referidas a los pueblos originarios, como la plurinacionalidad, el reconocimiento de sistemas de justicia propios, la posibilidad de autonomías territoriales; pero también impactó en algunos la redacción e interpretación del alcance de derechos sociales como salud, educación, vivienda y seguridad social. Hubo otros que consideraron que consagrar derechos sexuales y reproductivos (incluida la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo) sería motivo suficiente para votar Rechazo.
Ahora, varias organizaciones que llamaron a rechazar el texto de la Convención están comenzando a valorar algunos aspectos del texto aprobado por los consejeros, previo a que al cierre de esta edición se terminaran de votar las observaciones de los expertos. Algunos, en primera instancia, ya declaran estar más inclinados hacia la opción "A favor" en el plebiscito de diciembre que a la opción "En contra", aunque esperarán a tener en sus manos el texto final para zanjar su decisión.
Como explica Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora puentes de participación ciudadana, vocero de la Casa Ciudadana del Rechazo el año pasado, el Consejo presentó una propuesta que, “en gran medida refleja las demandas ciudadanas. Temas vitales para nosotros, como la seguridad, las pensiones, la educación y salud, han sido atendidos”. Salinas resalta que "es esencial mantener lo ya consensuado en materia de derechos sociales, que incluyen las libertades que deseamos y también en lo que se refiere a la protección necesaria contra la violencia y la delincuencia, entre otros. Si se dan estos elementos, consideramos que están las condiciones para inclinarse por el 'A favor'".
Los derechos sociales
Ingrid Bohn, vocera de "Con mis hijos no te metas", cuenta que está conforme con la propuesta constitucional sobre educación del Consejo: "Nos han escuchado. Trabajamos fuertemente en la iniciativa popular 1.115 que abarcaba el derecho preferente de los padres, la enseñanza, la provisión mixta".
Al respecto, los consejeros aprobaron que "las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior". Además, se postula que "se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. En ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza".
Bohn confiesa que "en este momento yo votaría 'A favor' en diciembre, en espera del texto final, por supuesto".
Por su parte, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), el texto del Consejo en cuanto a temas de educación "nos tiene satisfechos, cosa que no ocurrió en el proceso anterior, que estaba en las antípodas de lo que es la educación particular, qué decir de la educación gestionada por privados".
Valora que "se considere el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, la libertad de enseñanza, que nosotros entendemos como el fortalecimiento de los proyectos educativos. Es decir, los padres cuando inscriben o postulan a un hijo a un colegio particular, lo hacen porque están contestes con el proyecto educativo que ese colegio desarrolla". Por último, rescata que exista la igualdad de trato, "que el foco no se ponga en los establecimientos, sino que en el alumno".
En cuanto a salud, Victoria Beaumont, fundadora del movimiento ciudadano Salud Libre, considera relevante "que se incorporen explícitamente todas las acciones de salud a las cuales los chilenos tendríamos acceso protegido y en todo el ciclo vital de las personas (...). La promoción, prevención, protección, recuperación y el cuidado en todo el ciclo vital de las personas tienen la misma importancia normativa y, por ende, impulsa un desarrollo equilibrado de las políticas públicas".
Aunque no declara si esto significa que llamará a votar "A favor" o "En contra", resalta que "dentro de las fortalezas del texto aprobado por los consejeros, está la consagración de la libertad de elegir tanto el sistema como la provisión. El documento reconoce lo que es un profundo anhelo de los chilenos y la esperanza de las personas de tener alternativas de atención y no quedar capturados en un modelo mono proveedor, que finalmente redunde en esperas eternas y denegación del derecho al acceso a la protección de la salud".
Seguridad y pueblos indígenas
Carlos Siri es dueño del local la Antigua Fuente, a metros de Plaza Italia, constante foco de ataques de encapuchados desde el 18-O en adelante. Por ello valora que el Consejo haga hincapié en seguridad. Para Siri es relevante que se consagre una Defensoría de las Víctimas.
También destaca que dentro de la norma sobre el derecho a reunirse en forma pacífica, se señale que "quienes participen en estas, deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada". Por estas razones, afirma, "lo más probable es que me esté inclinando a aprobar si las cosas siguen más o menos por este cauce, porque creo que no todos podemos quedar contentos con todo, pero si en cosas fundamentales como la seguridad".
Entre los artículos sin observaciones de parte de los comisionados estuvo el que reconoce a los pueblos indígenas. Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de profesionales mapuche Enama, valora que "se nos reconozcan nuestros derechos de acuerdo a los tratados internacionales. Por estas razones, y porque Chile nunca había reconocido a su pueblos originarios en los 200 años de la república, nosotros estamos llamando a votar apruebo. Para nosotros es una clara ganancia y no se entendería que los pueblos originarios de Chile votasen en contra, porque acá tenemos una respuesta a una larga demanda y a largas promesas incumplidas".
Igualmente, hay otras agrupaciones, como Banco Central Autónomo (que no llamó a rechazar ni aprobar el texto anterior y tampoco lo hará ahora, comentan), que han detectado problemas de redacción en las enmiendas sobre el ente bancario, como que "el Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda”, para lo que esperan que se cambie a “estabilidad de precios".
