En el marco de la comisión investigadora que está indagando las responsabilidades políticas por el Caso Convenios, el contralor de la República, Jorge Bermúdez, dio cuenta de las modificaciones que realizó la Dirección de Presupuestos -encabezada por Javiera Martínez - entre el 2022 y el 2023 en relación a la transferencia de recursos de los Gobiernos Regionales a organizaciones sin fines de lucro.
En esa línea, Bermúdez detalló que entre los requisitos se eliminó la condición de que las instituciones privadas sin fines de lucro, al momento de postular, tengan una personalidad jurídica no inferior a dos años.
Además, explicó que la normativa quedó en que para efectuar asignaciones directas a actividades específicas, se establecerá un procedimiento mediante una resolución exenta de la Dirección de Presupuestos. No obstante, a través de una resolución la Dipres ordenó que cada Gobierno Regional deberá elaborar y aprobar un reglamento que regule a beneficiarios directos, bajo una serie de condiciones.
"Hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a alivianar la ley de presupuesto de glosas presupuestarias. Lo que ocurrió ahí fue básicamente se abreviaron, se acortaron las glosas presupuestarias, pero en realidad se hicieron remisiones a otro tipo de normativas", dijo el contralor ante la comisión investigadora.
En esa línea, dijo que "se le encomienda a la Dipres que dicte un reglamento para regular el procedimiento donde uno entendería están los requisitos, están los antecedentes que se van a exigir, donde está el procedimiento concursal, pero a su vez le encomienda a un tercero que en este caso fueron los gobiernos regionales que ellos dicten un reglamento".
"Nosotros no llegamos al análisis de los reglamentos y si se han dictado o no por parte de los gobiernos regionales, pero sí lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no dependiendo el criterio que tenga el gobierno regional dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia", agregó.
Situación de Javiera Martínez
Cabe recordar que la administración de Javiera Martínez ha sido objeto de una serie de críticas y se han intensificado en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2024, incluso, parlamentarios han pedido la salida de la directora para avanzar en el debate legislativo.
Pese a los cuestionamientos, el Ejecutivo en reiteradas oportunidades ha destacado el trabajo de la funcionaria de Gobierno y tanto la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han asegurado que cuenta con la confianza del Presidente de la República.
Además de los cambios en la glosa presupuestaria, la oposición ha criticado las rectificaciones que hizo la directora en la declaración de intereses y patrimonio. Primero, porque no había incluido su trabajo previo como directora de la Fundación Rumbo Colectivo, centro de estudios ligado a Revolución Democrática, donde Martínez fue presidenta del directorio entre octubre de 2020 y marzo de 2022. Luego, omitió en el documento su trabajo previo como asesora de Giorgio Jackson y del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
