"Gran parte de los chilenos hemos pasado estas vacaciones con la incierta sensación de que ‘algo se viene’ en marzo que nos dejará aún más aturdidos de lo que estamos ahora. Ese algo ha ido creciendo en conversaciones y sobremesas, como una presencia indeseada pero inevitable. Es el nuevo elefante en la pieza del cual no hay cómo rehuir", sostenía Débora Calderón Kohon en una carta a este diario publicada el 17 de febrero de 2020. Graficaba así una inquietud extendida ante lo que un sector de la izquierda, movimientos sociales y agrupaciones violentistas anunciaban sería el "mes decisivo" en su enfrentamiento con el Gobierno.
Aunque podría haber cierta disparidad en los objetivos que se anunciaban —algunos no escondían que buscaban derechamente la caída del Presidente Sebastián Piñera, otros pretendían que se declarase su inhabilidad o se adelantaran las elecciones y, en fin, en muchos era claro el propósito de aprovecharse de la debilidad del Gobierno para presionar en la calle y forzar así un “cambio del modelo”—, todas las conductas confluían para desestabilizar o impedir en la práctica que la administración de Piñera pudiera gobernar.
Hitos del "mes decisivo"
El 17 de febrero de 2020 "El Mercurio" publicaba un calendario con una serie de hitos que tensionarían marzo, a los que se irían agregando otros en el transcurso de los días. Era extenuante el solo enumerarlos. Entre ellos: 2 de marzo, superlunes en que se espera un fuerte aumento de la actividad y tráfico vehicular en Santiago; 4 y 5 de marzo el Mochilazo Nacional de los estudiantes secundarios; 8 de marzo, Día de la Mujer en que está convocada una masiva marcha feminista; 9 de marzo, primera huelga general del mes llamada por movimientos sociales y estudiantes; 11 de marzo, aniversario del segundo año del inicio del gobierno de Piñera; 15 de marzo, la marcha por el medio ambiente; 20 de marzo, convocatoria a una manifestación por el pueblo mapuche; 22 de marzo, la marcha nacional por la vivienda; 27 de marzo, comienzo la emisión de la franja del proceso constituyente; 29 de marzo, Día del Joven Combatiente; 31 de marzo, Marcha No+AFP.
A ello se agregaría que desde la oposición se interpelaría a la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y habiéndose aprobado la acusación constitucional contra el ministro del Interior Andrés Chadwick y fracasado por no alcanzar los votos requeridos la acusación contra el Presidente Piñera y el intendente metropolitano, Felipe Guevara, se preparaba ahora una contra el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Por su parte, Alejandro Guillier y el Partido Comunista solicitaban adelantar la elección y diputados de izquierda, entre ellos Jaime Mulet, Esteban Valenzuela y Alejandra Sepúlveda, pedían al Senado aclarar el procedimiento para iniciar la inhabilitación del Presidente. En marzo de 2020 el presidente del Senado, Jaime Quintana, afirmaba que “si Piñera quiere seguir gobernando, debe pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”.
Tampoco tendría apoyo el Gobierno desde sectores del Frente Amplio y Partido Comunista en los principales proyectos de ley en tramitación para contribuir al control del orden público. La llamada Ley Antisaqueos se aprobaría finalmente con la oposición de ellos (los diputados Boric y Jackson del FA votaron a favor de algunas normas clave, pero ante las críticas desde la izquierda en las redes sociales se arrepintieron e hicieron un mea culpa menos de 24 horas después de la votación) y entramparían el proyecto de ley antiencapuchados y la ley de infraestructura crítica. Sobre este último proyecto, el entonces diputado Gabriel Boric el 26 de febrero diría que “no estamos disponibles para entregarle facultades a un Gobierno que no ha sabido distinguir entre control al orden público y violación a los derechos humanos”.
Paralelamente, entre varias voces, el Partido Comunista y la Comisión Chilena de Derechos Humanos —organización no gubernamental de orientación de izquierda— repetían que estábamos ante un “gobierno ilegítimo”. Así, para la comisión, un “Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos más elementales (...) convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno”.
En la misma línea, en enero la diputada PC Karol Cariola decía: “Sebastián Piñera ya no tiene legitimidad y lo que él debiera hacer es dar un paso al costado” y Lautaro Carmona, también del PC, afirmaba: “Iré a declarar en contra de Piñera” ante la Corte Penal Internacional.
El mismo sector de la izquierda aprovechaba el ambiente imperante para presentar proyectos de ley cada vez más extremos, como si pretendiera provocar y establecer una especie de lucha de clases, los cuales abiertamente contradecían el derecho de propiedad. El mejor ejemplo de ello es el proyecto de ley presentado a fines de enero de 2020 por la disputada del PC Camila Vallejo, Natalia Castillo (RD), Claudia MIX (Comunes) y Gael Yeomans (CS), entre otras, que buscaba limitar la herencia de forma tal que lo que superara el monto de $4 mil millones fuera al fisco.
A la espera de marzo
Si se analizan los diarios de febrero de 2020, se da cuenta de cómo la violencia persistía y se desplazó con fuerza a otras localidades como Viña del Mar (ver nota en página 11).
Más allá de los preparativos policiales y políticos que hacía el Gobierno para enfrentar el difícil escenario que se avecinaba, es sorprendente ver las distintas acciones o resguardos de las más diversas entidades ante la ola de violencia que veían se intensificarían a contar de marzo.
Así, entre otros, el título principal de “El Mercurio” del 11 de febrero era “Temor a ser blanco de saqueos y vandalismo lleva a museos y centros culturales a resguardar sus colecciones”, motivado también por un reciente ataque incendiario al Museo Violeta Parra que no sería el único; el 19 de febrero con una foto en portada el diario titulaba “Instalan púas para proteger cuartel del Ejército en Iquique”, luego que una turba ingresara a sus dependencias y sustrajera cañones desde su interior (imagen insólita si se considera que se trata de un recinto militar que se supone tiene los mejores resguardos, pero una inmejorable del estado de la debilidad institucional por el que se atravesaba); la noticia principal del 24 de febrero en “El Mercurio” era “Industrias aumentan stock en bodegas y comercio reduce existencias en tiendas por posibles cortes de rutas y saqueos” y abajo: “Armada advierte que no permitirá nuevo ataque a sus símbolos” que acompañaba la foto principal del diario que mostraba el monumento y cripta de los Héroes de Iquique en la Plaza Sotomayor de Valparaíso luego que fuera vandalizado por más de un centenar de encapuchados.
Y es que era tal el descontrol de la situación que el 13 de febrero de 2020 se publicaba en el diario como título principal que “La evasión en el trasporte público de Santiago dejó de ser fiscalizada tras el estallido de octubre”.
De ahí que el senador UDI Juan Antonio Coloma, dándose cuenta de la importancia de lo que estaba en juego, declaraba: “De cómo enfrentemos marzo puede depender el resto de los años de Chile”, lo que se consignaba en el diario el 29 de febrero de 2020 en uno de sus títulos de portada. A su vez, René Cortázar, a través de una columna en las páginas de opinión de “El Mercurio” publicada el domingo 1 de marzo de 2020, hace un duro llamado al Presidente Piñera para que enfrente con decisión los hechos de violencia que amenazan la convivencia y termina con el siguiente mensaje: “Al asumir su mandato juró, como Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como ciudadanos, tenemos hoy el derecho a exigírselo”.
La pandemia cambia la agenda
Si bien durante enero y febrero se publicaron diversas informaciones en torno al covid-19, no lograban opacar las noticias sobre el estallido y el plebiscito sobre el proceso constitucional que se tomaban gran parte de la agenda pública. Ello cambió súbitamente el 3 de marzo de 2020 con el primer caso detectado en Chile.
La portada del diario “El Mercurio” del día siguiente es una buena muestra de ello: el título principal a todo lo ancho es “Coronavirus llega a Chile y autoridades sanitarias rastrean a 350 personas que tuvieron contacto con primer paciente”, relegando a títulos secundarios dos informaciones que difícilmente en otra ocasión no serían las noticias más destacadas. Así, abajo se titulaba “Santiago y regiones vivieron el lunes la segunda noche más violenta del año: hubo ataques a recintos policiales, militares y de la fiscalía” y la otra referida a la dura interpelación a la ministra Plá y los preparativos de la marcha feminista del 8M.
El mismo 4 de marzo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, desataría una polémica al manifestar en La Segunda su preocupación sobre el plebiscito de abril por la pandemia: “Imagínese que votan pocos. Que del padrón, vota solo un millón, ahí vamos a estar en problemas. Que el resultado del plebiscito, cualquiera que este sea, alcance una baja adhesión, sería un escenario muy complicado”, dijo el titular de Salud. Agregaba que “no es su realización lo que está en riesgo… pero la posibilidad que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan fila prolongada junto a otros, esto es un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político”.
Inmediatamente, sobre todo desde la oposición pero no solo esta, le llovieron las críticas acusándole de aprovechar el covid-19 para poner en duda la realización del plebiscito. El diputado socialista Juan Luis Castro sostuvo que “las palabras del ministro de Salud corresponden más a una frase de terrorismo sanitario que a una realidad de lo que pasa epidemiológicamente en Chile, que solo tiene casos aislados, importados y no tiene la propagación local que sí hay en otros países europeos”. Por su parte, el diputado comunista Daniel Núñez acusó que “el creador de ‘se acabaron las listas de espera’ y ‘del mejor sistema de salud del mundo’, ahora juega sus cartas para boicotear el plebiscito. Para la derecha todo vale para defender los privilegios de la Constitución de 1980. Mañalich es más peligroso que el coronavirus”.
Las redes sociales también se prestaron para atacarlo: el sociólogo Alfredo Joignant respecto a las declaraciones de Mañalich sostenía: “Es artero y de una inmensa irresponsabilidad política” y Marta Lagos preguntaba con cierta ironía: “¿Comenzó la campaña del terror con el virus? ¿Querrán impedir que suceda el plebiscito?”.
Los matinales también fueron un lugar elegido para atacar al ministro. La situación más inverosímil ocurrió el 5 de marzo en el programa Bienvenidos de Canal 13, en que Helia Molina luego de criticar a Mañalich y pedir seriedad, afirmaba con toda seguridad que no debiera preocupar para el plebiscito —programado inicialmente para el 26 de abril—, ya que “El coronavirus no es una pandemia mortal. No es el ébola, es un cuadro que tiene poblaciones bien identificadas. No va a significar una mortandad así llegara a tener altas tasas de incidencia”.
Tuvo que salir el doctor Leonardo Ristori, que estaba en el panel, a manifestar que la preocupación del ministro Mañalich era legítima.
Lo que ocurrió después es más conocido: el 15 de marzo se suspenden las clases en todos los establecimientos escolares y jardines infantiles; el 16 el Colegio Médico pide el cierre de las ciudades; el 17 el Frente Amplio decide suspender la acusación constitucional contra el ministro Blumel ya que según palabras del diputado RD Jorge Brito “todo está stand by por que lo importante es el cuidado de la gente”; el 18 se declara estado de catástrofe; el 19 los partidos acuerdan postergar para octubre el plebiscito; el 22 se decreta toque de queda indefinido y el 26 se decretan las primeras cuarentenas en siete comunas de Santiago.
El lunes 23 de marzo se publicaba la encuesta Cadem que mostraba que el Presidente Piñera subía 6 puntos en su aprobación en medio de la crisis del coronavirus llegando al 18%. El centro de las críticas de la izquierda estaría ahora en la gestión del ministro Mañalich, que sería acusado constitucionalmente y se presentarían en su contra un serie de querellas criminales. A comienzos de abril, las Juventudes del PC difundían en las redes sociales un afiche pidiendo la renuncia del ministro a quien trataban de “¡Asesino con delantal!”.