Los funcionarios activos del Ejército,
teniente Eduardo Muñoz, y el cabo Carlos Parada, quedaron con p
risión preventiva por el delito de tráfico de armas de guerra. Esto, en el marco de una investigación de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Asimismo, se estableció la medida cautelar más gravosa también para
Juan José Sepúlveda, el único civil de los cinco detenidos, y quien cumplió el rol de vendedor del lanzacohete AT4.
Mientras que los
cabos Raquel Delgado y Javier Tapia quedaron con arresto domiciliario nocturno.
Daniel Contreras, fiscal de la Fiscalía Local de Pudahuel, señaló que a inicios de semana recibieron la solicitud de la PDI para utilizar agentes encubiertos, virtuales y presenciales, en esta investigación.
Fue así como ayer jueves uno de estos agentes acordó una cita con Sepúlveda, quien ofició de vendedor del lanzacohete AT4. Se reunieron en Maipú en una transacción de dos millones de pesos. Y ahí lo detuvieron.
Tras esto reveló que el armamento se lo proveía Parada, por lo que fueron hasta el domicilio de este cabo en La Reina. Y este último, al ser detenido, contó que el arma se la había entregado su superior, el teniente Muñoz, que vive en La Florida.
"Se llegó hasta el domicilio de este teniente, quien señaló que era efectivo que había entregado estos lanzacohetes del Ejército a estas dos personas.
Se pudo verificar que mantenía una escopeta sin inscripción de una persona fallecida, sin haber hecho ningún papel para su correspondiente regularización, y además, dicha escopeta de esta persona fallecida no guardaba ningún parentesco con él. O sea, toda la situación es absolutamente irregular, tratándose de una posesión ilegal de arma de fuego, específicamente esta escopeta", contó el fiscal.
Además, Parada "mantenía municiones de guerra en su domicilio, munición que debía ser efectivamente o destruida, o debía estar en poder de arsenales de guerra y no en su domicilio particular".
El persecutor no descartó que haya más funcionarios involucrados y que se sigue con la investigación del caso.
Por su parte, el subprefecto Juan Pardo jefe de la Brico de la PDI, detalló que "ellos libres y espontáneamente declaran que efectivamente
han sacado el armamento de dependencia al Ejército, sin conocimiento de las autoridades del Ejército y que efectivamente uno de ellos estaba comercializando junto a un sujeto que no es miembro de esa institución la comercialización en alrededor de 2 millones de pesos. Fueron sacadas de un recinto militar del sector norte de Santiago".
En todo el procedimiento, además de los tres lanzacohetes y la escopeta, se decomisaron 16 cartuchos calibre 12, 18 cartuchos calibre 16, tres cartuchos calibre 38, 8 cartuchos 556 de guerra y 24 cartuchos 762, calibre de guerra.
