En nuestro país, un ciclo de manifestaciones sociales masivas nos llevó al consenso de que es necesario cambiar la Constitución de Pinochet. Con este propósito, hemos tenido dos procesos constitucionales, que han presentado claras diferencias, pero que nos han dejado valiosas lecciones para el futuro.
Mientras el primero se dio muy alejado de los partidos políticos, siendo la composición de fuerzas muy favorable a la centroizquierda (77 de 154 convencionales), y de estos 77 representantes, un 63% era independiente, sin afiliación política partidaria, contando con un enfoque orientado hacia las demandas ciudadanas, me atrevería a decir que probablemente sea el órgano colegiado más representativo que ha tenido la historia de Chile en términos de la composición de las fuerzas en su interior. Sin embargo, esto no fue suficiente y el texto no alcanzó un apoyo mayoritario, siendo rechazado de manera contundente por la ciudadanía.
Hoy nos encontramos en un segundo intento, un proceso diametralmente distinto, donde la composición de fuerzas está nítidamente marcada por una representación del sistema político partidario en su conjunto, siendo asesorados directamente por una comisión de expertos, parte de este sistema político.
Por otro lado, la mayoría del Consejo está arraigado en fuerzas conservadoras, de derecha y ultraderecha, que siguen una línea orientada hacia la generación de propuestas de carácter elitario —excluyendo así a las fuerzas progresistas de las decisiones clave—. Si en el primer proceso se dijo que era un texto de la izquierda, nadie podría negar que en este caso se trata de uno de la derecha.
Pero, lamentablemente, en ambos casos seguimos sin poder dar respuestas claras a la ciudadanía, sobre los temas que más les duelen y preocupan, como salud, pensiones y educación, y vemos cómo en vez de abrirse los debates han intentado cerrarlos, a través de la constitucionalización de las isapres, en materia de pensiones con las AFP, y el derecho al agua, constitucionalizando materias que corresponden al ámbito de las políticas públicas, que le correspondería al Congreso legislar; en este sentido, una Constitución realmente democrática e inclusiva es una que abra las discusiones en vez de cerrarlas para beneficio de un sector.
Es entonces cuando nos preguntamos, ¿cómo construimos acuerdos y mayorías políticas que nos permitan hacernos cargo de estas demandas y darle respuestas concretas a la ciudadanía que salió de manera masiva a las calles el 18 de octubre de 2019? Siendo que varias de ellas se constituyeron como un reclamo hacia el actual sistema político.
¿Cómo aportamos a que las decisiones que se tomen sean de carácter democrático, y no orientadas a satisfacer las necesidades de unos pocos?
¿Cómo respondemos a las demandas de la ciudadanía con medidas concretas que mejoren su calidad de vida?
Debemos orientar nuestros esfuerzos en esa dirección, a responder esas preguntas, que después de cuatro años siguen vigentes.
Porque al ser procesos diametralmente opuestos están teniendo un resultado similar, dejando sin respuesta a las demandas de la ciudadanía, sin ser capaces de canalizar el descontento social hacia la generación de propuestas concretas y atingentes, sino que, por el contrario, las demandas aún siguen latentes.
Creemos que toda crisis de legitimidad implica cambios, y en nuestro país hemos buscado encauzarlos a través de dos formatos, que aunque diferentes en términos de proceso, han coincidido en sus cierres. Lo que es claro hoy, es que nuestra democracia debe tener presente a la ciudadanía y lo que ella ha demandado de manera clara.
