Los reparos apuntan a la falta de garantías de independencia interna del Poder Judicial y la eliminación de los tribunales comunales.
Aton / Archivo.
Mientras el Proceso Constitucional avanza con celeridad hacia su recta final -hoy, con la votación de observaciones y enmiendas en la Comisión Mixta-, continúan emergiendo reparos al contenido del
eventual texto final. Esta vez, gremios del Poder Judicial hicieron sus descargos y preocupaciones frente al contenido de algunos articulados.
Hoy, la
Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, manifestó, a través de un comunicado "
su extrema preocupación por las significativas falencias técnicas y conceptuales" de la propuesta en lo que respecta al Poder Judicial.
En concreto, el gremio apunta al artículo 25 "que interfiere con la labor de aplicación e interpretación judicial en materia de derechos constitucionales arriesga erosionar profundamente la tutela judicial efectiva".
En esa línea, detallan que tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional, ha habido consenso en la necesidad de separar las funciones comúnmente llamadas de gobierno judicial de aquellas que dicen relación con la actividad jurisdiccional, condición esencial de una magistratura orgánica y funcionalmente independiente.
No obstante, advierten que "las propuestas del Consejo se alejan de este propósito en lo tocante a la Corte Suprema, entregándole importantes funciones en la Gobernanza, lo que no sólo afecta la independencia interna del Poder Judicial sino que afectará el rol de la Corte Suprema como órgano jurisdiccional y uniformador jurisprudencia".
Asimismo, comentan que en cuanto a la conformación e integración de los órganos, "la fórmula propuesta se aleja de las directrices de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, en materia de independencia judicial en el sentido que estos órganos deben ser integrados mayoritariamente por jueces y juezas elegidos por ellos mismos. La propuesta, para el caso de representantes de los jueces y juezas establece un sistema de designación mediante sorteo, a diferencia de lo propuesto para el de ministros y ministras de cortes de Apelaciones y Suprema, donde su representante puede ser elegido entre pares,
esta distinción, exclusión o restricción para todos los jueces de primera instancia carece de toda justificación razonable".
Esto, según explican, porque "el sistema de sorteo que excluye a más del 60% de
jueces y juezas de Chile, sin justificación más que la ciudad donde ejercen sus
funciones, ya que considera como 'sorteables' sólo a los jueces y juezas de asiento
de Corte con más de 10 años en el cargo. Este diseño sólo replica la jerarquía
actualmente existente, la cual ya se ha indicado por la Corte Interamericana y esta
Asociación que atenta contra la independencia interna", puntualizan.
INJPL y molestia por rechazo a creación de tribunales comunales
Por su parte, este sábado el principal gremio de jueces y secretarios abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), manifestó su molestia, luego que el Consejo y la Comisión Experta rechazaran una propuesta -que estaba incluida en el borrador del anteproyecto- que creaba los Tribunales Comunales y establecía el camino para el traspaso de los JPL a esta nueva institucionalidad.
Así, plantean que a diferencia de lo que se trazó en el borrador del anteproyecto, en esta nueva propuesta se señalaba que "
en cada comuna del país habrá Tribunales Comunales con las competencias que determine la ley (…) Procurará la adopción de medios alternativos de solución de conflictos".
También, en una disposición transitoria, se proponía que "el Presidente de la República, dentro del plazo de cinco años contado desde la promulgación de esta Constitución, presentará un proyecto de ley que regule la organización, el funcionamiento y las competencias de los tribunales comunales a que se refiere el inciso 4 del artículo 159, los que serán los continuadores de los Juzgados de Policía Local".
"Sin embargo, esta alternativa de redacción de inciso no prosperó, situación que ha decepcionado a la directiva nacional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, que esperaban de este nuevo proceso constitucional la oportunidad de avanzar en una real modernización en los JPL y terminar con la doble dependencia", expresaron.
Al respecto, la presidenta del INJPL, Carola Quezada, sostuvo que con esta nueva redacción se buscaba asegurar "el acceso uniforme a una tutela judicial efectiva que, no solo resuelva los asuntos de interés comunal, sino que, también evite que pequeños conflictos escalen a problemas mayores, con resolución alternativa de conflictos y un catálogo actualizado y sistematizado de competencias jurisdiccionales que, por supuesto, deben ser discutidos en sede legislativa".
"Pero, la decisión del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, de excluir respecto de la creación de los Tribunales Comunales, que reemplazarían la labor que actualmente realizamos los Juzgados de Policía Local, es darle la espalda a la ciudadanía, a las regiones y a las comunas rurales y con menos recursos en Chile", comentó.
En este sentido, Quezada enfatizó que esta decisión de no incluir a los JPL en la nueva Carta Fundamental se traducirá "en que su nivel y calidad de servicio en el ámbito judicial local dependerá directamente del presupuesto comunal respectivo, lo que en la práctica mantendrá la precariedad institucional, con juzgados de primer y segundo nivel".
