Un documento de siete páginas remitió el Gobierno a Contraloría para responder al oficio que la entidad envió a Presidencia respecto a la comparecencia de Miguel Crispi en la comisión investigadora del casos Convenios.
En el escrito,
el Ejecutivo no responde a la consulta que manifestó el Contralor, Jorge Bermúdez, relativa a porqué el militante de Revolución Democrática está exento de la fiscalización y se limita a abordar una posible sanción hacia el actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda.
Según consignó La Tercera, el Gobierno, en su contestación firmada por Mario Delcarpio director administrativo (S) de Presidencia, comienza explicando que "se ha solicitado informar al tenor de la presentación formulada por el señor Juan Carlos Herrera Infante, Abogado Secretario de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con la transferencia de fondos realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".
En su presentación, solicita al Órgano Contralor tenga a bien iniciar el procedimiento sancionatorio regulado en el artículo 10 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por hechos relativos a la asistencia del señor Miguel Crispi Serrano, jefe del Equipo de Asesores del Presidente de la República, a la Comisión Especial Investigadora previamente referida", se señala.
En el documento, el Ejecutivo explicó que fue el viernes 28 de septiembre que se remitió a Crispi una citación a la sesión ordinaria del 2 de octubre con el "propósito que proporcione los antecedentes que obran en su poder en relación con los mandatos refundidos conferidos por la Sala a esta Comisión".
Sobre dicha instancia, La Moneda argumentó que el exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo no pudo concurrir dada "la poca anticipación con la que fue requerida su presencia fue ponderada por varios integrantes de la Comisión, estimando insuficiente el tiempo que medió entre el envío de la citación y la realización de la sesión".
Sobre la segunda citación del pasado 3 de octubre, el Gobierno indicó que "lamentablemente, al señor Crispi tampoco le fue posible participar en esta oportunidad por lo que, junto con remitir la excusa correspondiente, concurrió a proporcionar antecedentes, por sí y por escrito, relativos a lo requerido por la Comisión mediante un informe que fuera enviado con fecha 11 de octubre del año 2023".
"El documento remitido por el señor Crispi se refirió a las declaraciones que prestó el Gobernador de Antofagasta, señor Ricardo Heriberto Díaz Cortés, en sesión de fecha 25 de septiembre del año 2023 e informó detalladamente de los antecedentes requeridos. En particular, se explicó el proceso de validación técnica de la Fundación ProCultura, incluyendo la revisión de antecedentes, la evaluación de la entidad en base a criterios determinados y el envío de un informe que contiene la evaluación técnica de la misma", se agregó en la contestación.
En el oficio, el Gobierno argumentó que "habiéndose cumplido la finalidad de la norma la aplicación de la sanción resultaría inoportuna y desproporcionada".
"La Honorable Cámara recibió y recibirá aquella información relevante para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le confieren la Constitución y la ley sin que se pueda considerar frustrado el ejercicio de las potestades de las Diputadas y Diputados", se añade.
