El proceso constituyente cierra etapas en forma acelerada. La semana comenzó con la votación final en el Consejo Constitucional en que, con los votos de Chile Vamos y republicanos, se aprobó la propuesta de nueva Constitución. El próximo martes 7 de noviembre, en una ceremonia en el ex-Congreso, se entregará el documento al Presidente de la República, Gabriel Boric. De esta forma comenzará el camino hacia el 17 de diciembre, cuando la ciudadanía deberá votar A favor o En contra del texto. Y aunque todavía no comienza el período de campaña legal (el Servel deberá informar el cronograma electoral luego de que el mandatario convoque al plebiscito), los distintos actores políticos han dado a conocer sus posturas.
Uno de los aspectos clave para quienes apoyan el texto son los ajustes que se plantean al sistema político. El 24 de octubre, a través de la red social X (ex-Twitter), el exconvencional Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, escribió que “es necesario disminuir la cantidad de diputados y exigir un mínimo para evitar la fragmentación y poco avance legislativo”.
Precisamente, la necesidad de modificar el sistema político aparecía como una de las razones para redactar una nueva Carta Fundamental. La razón era un diagnóstico relativamente compartido de que se debían corregir problemas que dificultan la gobernabilidad y confianza en el sistema.
La propuesta del Consejo mantiene un sistema presidencial, con un Poder Legislativo bicameral (Senado y Cámara de Diputadas y Diputados), pero plantea cambios, como reducir los escaños en la Cámara Baja de 155 a 138, y que en cada distrito se puedan elegir entre dos y seis representantes (hoy son entre tres y ocho), según lo establezca la ley electoral. Además, postula que solo los partidos que logren un umbral de al menos 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de la Cámara “tendrán derecho a participar en la atribución de escaños”; aunque a través de las normas transitorias permite un umbral excepcional de 4% en la próxima elección (si se aprueba la propuesta), y que dos o más partidos del mismo pacto que no logren el umbral puedan fusionarse. El proyecto agrega también que los congresistas que renuncien al partido que declaró su candidatura perderán su escaño.
Son estas materias las que, consultados por “El Mercurio”, distintos analistas coinciden en que constituirían la mayor pérdida si es que el texto es rechazado por la ciudadanía, pues si bien destacan temas como la consagración del Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y nuevos derechos, como a la vivienda, creen que en estos tópicos podría haber acuerdo en el Congreso para incluirlos en la Carta vigente a través de reformas. Hacer esto, dicen, con los ajustes al sistema político, sería muchísimo más difícil.
Supervivencia política
Kenneth Bunker, director del laboratorio de democracia de gobierno de la Universidad San Sebastián, opina que, de imponerse el En contra, “no veo que haya una discusión inmediata sobre los cambios que tienen que ocurrir (...). Esto lo aprecio en particular en el sistema político, donde no veo voluntad de reformas que se puedan hacer respecto al Congreso; y por varios motivos, siendo uno de ellos que estarán legislando su propio futuro las mismas personas que hoy día tienen cuotas de poder”.
Para Bunker, la propuesta de reducir el número de diputados no tendría apoyo en el Congreso a través de una reforma. “En términos de supervivencia política, veo poco factible que quieran legislar sobre eso (...). Si bien hay algunas cosas posibles de reformar, como darle un poco más de poder al Servel para revisar el tamaño de los distritos, o cosas así, veo muchas dificultades de negociar cambios al sistema político, como, por ejemplo, reducir el número de distritos, imposible; o reducir el número de escaños, también imposible”, asevera.
Es una preocupación para Bunker, quien en septiembre escribió una columna de opinión en “El Mercurio”, junto con Arturo Fontaine, en la que apuntaban: “La mala noticia es que en Chile la fragmentación ha ido en aumento exponencial. Hoy hay 22 partidos en el Parlamento y gracias a eso nada es mejor. Cuando los partidos no se logran poner de acuerdo decrece la calidad de vida”.
Coincide con esa mirada la académica de Derecho de la U. Católica y exconvencional UDI Constanza Hube: “Lo más importante en esta materia es volver a una lógica que privilegie gobernabilidad por sobre fragmentación. El sistema electoral que tenemos actualmente hace todo lo contrario, potenciando la fragmentación y multipartidismo. Esto, sumado a otras herramientas, como el umbral del 5% y un mayor incentivo a la cooperación entre poderes, disminuyen el riesgo de parálisis institucional o gobierno dividido que hemos vivido en los últimos dos gobiernos”, dice.
“Será más complejo”
Este martes, Amarillos por Chile comunicó que apoyará el texto del Consejo, en parte porque valoran “los cambios al sistema político”. Zarko Luksic, coordinador del comité constitucional de esa colectividad, coincide, “ya que van dirigidos hacia una mayor estabilidad política y una mayor gobernabilidad por parte de quienes van a presidir el gobierno en el futuro”. A su juicio, un diagnóstico transversal es que la actual fragmentación parlamentaria “no es eficiente en los momentos de gobernar. De hecho, tener tantos partidos políticos en el Congreso no solo fue problemático para Sebastián Piñera en el gobierno pasado, sino que es problemático para la actual administración del Presidente Gabriel Boric”.
Luksic añade que la idea de reducir el número de diputados sería positivo “para aumentar un poco más la coordinación entre las distintas élites y dar un poco más de conexión a los partidos políticos con las personas, porque cuando hay demasiados partidos, las personas se confunden”.
Jorge Ramírez, investigador del programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, sostiene que “sin duda será más complejo” cambiar el sistema político actual si triunfa el En contra: “La economía política de los procesos de reforma electoral da cuenta de que en primer lugar los actores que han sido electos por determinadas fórmulas electorales son reacios a cambiarla, porque ven en la reforma un potencial de amenaza a una eventual reelección”. Agrega que, “si bien existe un diagnóstico común en torno a los problemas de nuestro sistema político, hay divergencias en torno al tratamiento que este requiere”.
Eso sí, hay escépticos sobre el punto. Cristóbal Bellolio, académico de la U. Adolfo Ibáñez, dice que “uno de los mitos del actual texto que se propone es que mejora el sistema político. La verdad es que no lo hace o lo hace solo en el margen. Gran parte de las innovaciones que propuso la Comisión Experta en materia de disciplina partidaria y disminución de la fragmentación fueron eliminadas por el Consejo Constitucional”.
En el proyecto no quedaron ideas como las órdenes de partido, o que la elección parlamentaria se realice junto con la segunda vuelta presidencial; tampoco un sistema electoral de listas cerradas, como impulsó el oficialismo.
Bellolio postula que independiente de qué alternativa triunfe en diciembre, “el sistema político adolecerá más o menos de los mismos problemas”. Y se explica: “Si tienes a dos sectores políticamente enfrentados, unos que se sienten ganadores y otros que se sienten perdedores, no hay muchos incentivos para la cooperación ni para la lealtad a las reglas. En este caso puedes tener un texto técnicamente impecable, que, insisto, no es el caso, pero podrías tenerlo y aún así tener una cultura política tremendamente deteriorada que haga que el sistema político no ande”.
Con todo, si se rechaza la propuesta, algunos creen que el Congreso podría hacer reformas. Ayer en Tele13 Radio, la presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda, expresó que “un camino que se está poniendo sobre la mesa es que ya se han construido ciertas miradas transversales en algunos temas, que esos avancen vías reformas en el Congreso”; aunque reconoce que eso “tiene un problema: para las personas, el Congreso no es necesariamente representativo”. Igualmente, Luksic cree que se podría avanzar en algunos puntos de las 12 bases constitucionales: “Se van a mantener como el Estado social y democrático de derecho”.
Por su parte, Ramírez opina que de rechazarse el texto se podrían priorizar “temas de la agenda social, de seguridad ciudadana y acciones para despejar la incertidumbre económica”; mientras que Hube ve “muy difícil que se puedan impulsar en el corto plazo reformas constitucionales. Llevamos cuatro años discutiendo el tema constitucional, con dos procesos, y el costo que ha pagado el país ha sido muy alto. La ciudadanía no entendería que sigamos poniendo el foco en la Constitución, mientras tenemos graves problemas que resolver como seguridad, economía, empleo, pensiones y educación”.
