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RN oficia a Contraloría tras acusación de senadora Sepúlveda (IND) por contrataciones de personas sin experiencia en MOP

En a fines de octubre, la parlamentaria aseguró que había recibido información de que "se está contratando persona en el MOP sin ninguna expertise y contratadas por $5 millones cada uno".

05 de Noviembre de 2023 | 21:05 | Redactado por Martín Garretón
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Diputadas de Renovación Nacional; Sofía Cid, Marcia Raphael y el diputado Miguel Mellado.

Cedida por RN
La bancada de Renovación Nacional (RN) decidió oficiar al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con el objetivo de que se realice una "auditoría de Personal y Remuneraciones de los últimos 12 meses en el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de auditar aleatoriamente aquellas contrataciones que sean iguales o superiores a los $3 millones mensuales".

¿La razón? Fue el pasado martes 24 de octubre en la quinta Subcomisión de Presupuesto 2024 la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (IND) aseguró que había recibido información de que "se está contratando (personal) en el Ministerio (de Obras Públicas) sin ninguna expertise y contratadas a honorarios de $5 millones cada uno". Asimismo, apuntó que estaban pidiendo autorización a la Dirección de Presupuestos para los contratos.

Por eso es que la bancada de diputados de RN, encabezada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, además de los integrantes de la comisión de Hacienda y Economía, Sofía Cid y Miguel Mellado, decidieron enviar un oficio a Bermúdez.

En el documento se señaló que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) recibió similar denuncia y que las personas en entredicho "estarían dentro de un listado al interior del Oficio N° 743 del 13 de octubre de 2023, que fuera firmado por el Jefe de Subdivisión de Planificación y Gestión Financiera del Ministerio de Obras Públicas".

Al respecto, la subjefa de la bancada, Raphael, manifestó que "la denuncia de la senadora Sepúlveda era tan cierta, que al día siguiente se dejaron sin efecto las contrataciones. El tema es que no podemos dejar de perseverar en investigaciones solo porque el Gobierno hace una suerte de reconocimiento que los pillaron".

En esa misma línea, el diputado y presidente de la Comisión de Economía, Miguel Mellado, sostuvo que lo denunciado significa que "le están metiendo la mano al bolsillo a usted, para que con sus impuestos le paguen a personas para que no hagan nada, solamente política y gente sin experiencia, sin expertise y sin el currículum para esos cargos".

"En este presupuesto 2024 tenemos un compromiso importante con el cuidado de los recursos públicos e insistiremos al Ejecutivo para que, en aquellas glosas que autoriza la contratación de personal, establezca mayores requisitos. De lo contrario, solo queda la posibilidad de reducir dichos gastos a través de indicaciones"

Sofía Cid, diputada RN
Además calificó la situación como algo "inaudito, es insólito y que se tiene que investigar para constatar si efectivamente esto está repartido".

Por último, la diputada Sofía Cid, también integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, aseguró que de comprobarse la denuncia, "una vez más estaríamos ante un caso de despilfarro de recursos públicos, visado por la Dipres".

"En este presupuesto 2024 tenemos un compromiso importante con el cuidado de los recursos públicos e insistiremos al Ejecutivo para que, en aquellas glosas que autoriza la contratación de personal, establezca mayores requisitos. De lo contrario, solo queda la posibilidad de reducir dichos gastos a través de indicaciones", cerró.

Según se detalla en el oficio, desde RN aseguraron que junto con pedir que aclare la veracidad de la denuncia, se solicitó que se revise la información correspondiente al MOP y "determinar si la contratación de Mario Torrealba Díaz y Richard Andrade Canibilo se ajustaba a las normas y principios".

Asimismo que se sume una "auditoría de personal y remuneraciones de los últimos 12 meses" en la misma secretaría de Estado, y en especial de "aquellas contrataciones que sean iguales o superiores a los $3 millones", remitiendo los resultados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
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