Este martes se reunió la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para revisar el veto que presentó el Presidente de la República, Gabriel Boric, al proyecto aprobado por el Congreso que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación.
El Ejecutivo presentó 14 observaciones y las dos grandes preocupaciones del Gobierno - la legítima defensa privilegiada permanente y la gradualidad de las penas cuando la usurpación es sin violencia - quedaron zanjadas a favor de La Moneda en el Senado.
Ahora, el veto será revisado por la comisión de Seguridad de la Cámara y mañana se votará en la Sala por todos los diputados.
A juicio del legislador y presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), "el veto del Gobierno se extiende más allá de lo que en un comienzo la misma ministra señaló, alterando el corazón del proyecto y transgrediendo la voluntad del Congreso de manera abusiva".
"Es un veto que si sale como está va a dar la apariencia de que está generando un cambio en favor de quienes tienen sus terrenos usurpados, pero la verdad es que todo va a seguir más o menos igual, con impedimentos para las policías para que puedan detener a las personas y persistiendo en las penas de multas. Nosotros sacamos un proyecto que establecía sanciones claras y le daba las herramientas suficientes a las policías para poder combatir este grave delito que tiene a muchas familias a lo largo de todo Chile", agregó.
La disconformidad con las observaciones del Ejecutivo no solo viene por parte de la oposición, sino que desde el propio oficialismo - en particular el Partido Comunista - también han manifestado sus reparos.
Específicamente han dicho que están en contra de que cuando la usurpación sea sin violencia las penas vayan desde el presidio menor en su grado mínimo a una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Sanciones que serían aplicadas a criterio del juez con una serie de atenuantes, como por ejemplo la necesidad habitacional.
Con esa nueva observación aún queda la posibilidad de la pena de cárcel en estos casos, normativa que fue rechazada por los parlamentarios del Partido Comunista en el Senado y se prevé que se vuelva a repetir en la Cámara, pese a los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para revertirlo.
Discusión en la comisión
La comisión de Seguridad dividió la discusión en dos tandas. Se reunieron esta mañana y lo volverán a hacer a las 17.00 horas hasta despachar las observaciones a la Sala.
En esta primera parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó las observaciones a la ley de usurpaciones y los parlamentarios dieron a conocer sus postular al respecto.
La controversia por necesidad habitacional, la situación de los campamentos en Chile y la migración irregular, se ubicó al centro del debate. Incluso, la ministra del interior se refirió al fatal incendio en Coronel, donde murieron 14 personas de nacionalidad venezolana.
"Como este es un delito admite expresiones muy diversas, desde el caso de una persona que hace un negocio lucrativo haciendo lotes brujos y engaña a la gente (...) hasta las familias que están en una condición como por ejemplo las familias que fallecieron ayer. Familias que están en una condición critica, que no tienen dónde vivir y se instalan en un lugar buscando una solución en el intertanto. La opinión del Ejecutivo es que este espectro tan amplio y el proyecto resolvía con dos grados de penas y era muy complejo", dijo la ministra del Interior.
Asimismo, explicó que "cuando hay un campamento y una necesidad habitacional, pero hay violencia en las personas o en las cosas, sí se seguiría aplicando la pena de cárcel, sin embargo, si hay necesidad habitacional y no hay violencia , corresponde aplicar una pena de multa, por el contexto que esto tiene".
Por su parte, el diputado Cristián Araya (republicano) dijo que "todo migrante ilegal tiene necesidad habitacional, y a diferencia de un chileno, siempre estará con la mejor alternativa (…) esta es una mala señal para todas las personas que hacen la fila y buscan una situación habitacional por la vía regular".
Si bien el diputado Jorge Alessandri (UDI) reconoció que la normativa con el veto presidencial "es mejor de lo que hay", señaló que "es peor de lo que despachó el parlamento". Asimismo, planteó que la necesidad habitacional es "etérea".
Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD), refiriéndose a este proyecto aprobado por el Congreso Nacional y al “Criterio Valencia” - estrategia de prisión preventiva por indocumentación de inmigrantes - dijo que “me parece preocupante que por ejemplo, el caso de ayer donde fallecieron migrantes que estaban en situación irregular en nuestro país en una toma por situación de necesidad, con la ley vigente que tenemos, más el "criterio Valencia" cualquier persona que entre de manera irregular y que transitoriamente se instale un bien de uso público o en un predio privado, no sólo sería detenido por carabineros, sino que quedaría en prisión preventiva, todos los migrantes que hoy están en situación de vulnerabilidad podrían ser detenidas y quedarían en prisión preventiva por el solo hecho de instalar un carpa en un bien de uso público”.
Al igual que Orsini, los diputados Raúl Leiva (PS), Jaime Araya (IND-PPD) y Lorena Fries (CS) celebraron y agradecieron la propuesta del Ejecutivo y se manifestaron a favor del veto.
Sin embargo, el oficialismo no tiene mayoría en la comisión de Seguridad y en la primera votación esto ya quedó reflejado. Con seis votos en contra y cuatro a favor, los parlamentarios rechazaron la observación del Gobierno que propone eliminar de la normativa la legitima defensa privilegiada. Cabe recordar que la decisión que tome la comisión es una propuesta para la Sala de la Cámara de Diputados que se revisará mañana.
