Después de más de dos meses de incertidumbre y expectación terminó el debate legislativo sobre el veto al proyecto que castiga con penas privativas de libertad el delito de usurpación.
Pese al advertido descuelgue del oficialista Partido Comunista -quienes no participaron en el debate en el hemiciclo- las observaciones presentadas por el Ejecutivo fueron aprobadas. Esto porque diputados del Partido Republicano y Evópoli decidieron respaldar la propuesta del Gobierno argumentando que es "el mal menor" y porque "peor es nada".
El veto presentado por el Presidente Gabriel Boric surgió por la preocupación del oficialismo ante la posibilidad de que se haga uso de la legitima defensa privilegiada. Asimismo, entre sus observaciones planteó graduar las penas cuando el delito es sin violencia en las personas, pero sí en las cosas. Y también, cuando es una usurpación sin violencia.
En el Senado las disposición del Gobierno también fueron aprobadas con el respaldo de la oposición. En ese minuto los legisladores anunciaron que una vez que se promulgue la normativa presentarán un nuevo proyecto de ley que restituya las penas de cárcel y la legítima defensa privilegiada. Y los diputados en la Cámara han hecho eco de esta moción.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, le respondió a los parlamentarios de oposición que señalaron que "peor es nada", argumentando que "las herramientas que está dando la ley están muy lejos de la situación actual, nos va a permitir consensuar que esto siempre es delito, que se pueda pedir el desalojo, que las personas puedan ser detenidas y que la usurpación va a inscribirse como antecedente en las personas”.
"Acá no hay una cercanía con ‘nada’, acá hay mucho. Lo que estamos dejando fuera con el veto, todos sabemos que es extremadamente peligroso, excesivo, desmesurado y contraproducente", señaló la secretaria de Estado.
Las votaciones más controversiales
La primera observación del Ejecutivo suprime la legitima defensa privilegiada. Esta fue aprobada por 72 votos a favor, 66 en contra y cuatro abstenciones. No obstante, esta votación era sólo un gesto político ya que si se rechazaba, se requerían 2/3 para insistir con el artículo que despachó el Congreso. Al no conseguirse, quedaba la normativa vigente, la cual no considera la legitima defensa privilegiada.
La tercera observación señala una serie de gradualidades en las penas si es que el hecho (la usurpación) se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas. Por ejemplo, se sanciona con presidio menor en su grado medio, si causare daño cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales.
Esta fue aprobada con 82 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones con el respaldo de parlamentarios del Partido Republicano, Evópoli, Demócratas, del Partido Republicano y Amarillos. Y el rechazo de parlamentarios del Partido Comunista, la UDI y Renovación Nacional.
La observación número 5 dice que cuando el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, quedando a criterio del juez. A diferencia del proyecto que fue despachado por el Congreso que establecía sólo pena de cárcel.
Esta fue aprobada con 73 votos a favor, 64 en contra y cinco abstenciones. Con el rechazo del Partido Comunistas, quienes ya había advertido su postura ya que no estaban de acuerdo con que se sancionara con cárcel cuando la usurpación es sin violencia. Asimismo, votaron en contra las diputadas de Revolución Democrática Maite Orisini (RD) y Ericka Ñanco (RD). Además, de los diputados de Renovación Nacional y la UDI.
En ese sentido, fue clave el respaldo de los diputado del Partido Republicano. Asimismo, los votos del Partido de la Gente y Demócratas.
Voces en el debate
La diputada Lorena Fries (CS) señaló que "con este veto recobramos la cordura", e hizo hincapié en que "no es lo mismo las ocupaciones provenientes del crimen organizado de las que son provenientes por la crisis de viviendas. Estas personas no merecen ir a la cárcel por buscar un techo para sus familias".
La diputada por la Araucanía, Gloria Naveillán (IND) sostuvo que “el Gobierno nos puso en un jaque mate, porque amarra los vetos y nos puso en la situación de tener que rechazar uno y aprobar el otro, porque al rechazar todo, las víctimas quedan en el peor de los mundos, quedan sin ley”.
“Yo tengo que decirle a mis colegas que en esta situación hay que usar la cabeza, el peor de los mundo es la ley actual, una ley retrógrada que permite la impunidad total (…) prefiero recibir las migajas de este Gobierno, antes de que dejarlos sin nada”.
Asimismo, el diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano) dijo que “de caerse el veto las víctimas quedarían en la soledad y abandonó, quedaríamos con la ley actual, donde cualquier persona se toma tu terreno, tu parcela y nada va suceder (…) sería una irresponsabilidad gigante rechazar la totalidad del veto (…) hoy lo mejor es la mal menor”.
Además, diputado Francisco Undurraga (EVO) señaló que “vamos apoyar este veto porque es el mal menor (…) acá no gana el Presidente, acá pierde la ciudadanía”.
"El Ejecutivo tozudamente ha desconocido la voluntad popular emanada por la Cámara de Diputados y el Senado, pero no votarlo a favor sería dejar a la gente que hoy están viviendo el desastre de ser usurpados", agregó.
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS) señaló que “esta sala tuvo la posibilidad sacar un proyecto de ley de usurpaciones razonables, tuvo la posibilidad que el Gobierno patrocinara un proyecto de ley que ingresó como una moción de senadores de derecho”, pero con el avance de la tramitación aseguró que se transformó en una normativa “loca y un peligro”.
"Es tan loco que yo no puedo creer que estén tan locos (dijo a los diputados republicanos). Tuvieron que hacer una pésima ley para decir que la izquierda está a favor de las usurpaciones y del narcotráfico".
