Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Aton
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de una declaración pública se refirió a los informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios entre el 2021 y 2023, una de las aristas del Caso Convenios.
Cabe recordar, que el contralor Jorge Bermúdez entregará el detalle de estos informes a las 11.00 horas en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Antecediéndose a la exposición de Bermúdez, el Misterio valoró el trabajo de la Contraloría y declaró que las Secretarías Regionales Ministeriales del Minvu ya fueron notificadas de los informes de auditoría.
"Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines", señalaron desde la cartera.
Además, destacaron que que durante este proceso "se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país".
Asimismo, en la declaración reconocen que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios requería de un estándar mayor de control, "dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias", advirtieron desde el Ministerio.
En ese contexto, aseguraron que para prevenir este tipo de hechos ya se está implementando una agenda de modernización. Agregaron que "durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión".
Finalmente, desde la cartera precisaron que "no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales".
