Esta tarde el contralor de la República, Jorge Bermúdez, compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando las responsabilidades políticas ante las irregularidades en los traspasos de recursos del Estado a organizaciones sin fines de lucro.
En ese contexto, detalló una serie de observaciones tanto en la secretarias regionales ministeriales de Vivienda a lo largo del país y en los Gobiernos Regionales. Como por ejemplo, asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados y una lista de irregularidades en relación al principio de probidad y transparencia.
Tras la sesión, el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN) sostuvo que el "Caso Convenios" se trata de "uno de los casos más graves de corrupción que han existido en Chile". En esa línea, dijo que "esperamos que no solamente la Contraloría ejerza rápidamente sus atribuciones, sino que también sea la Fiscalía y efectivamente lleguemos a condenar la gente que efectivamente ha generado delitos producto de estas situaciones".
"Si uno ve que se repiten las mismas fundaciones, que se repiten los mismos casos, que estamos frente a los seremis que han practicado las mismas ejecuciones, yo creo que sí se ha dado efectivamente un mecanismo para defraudar al fisco, un mecanismo que debería ser obviamente controlado por este Gobierno", agregó Castro.
Asimismo, el diputado Raúl Soto (PPD) señaló que "me parece que los antecedentes que ha traído el Contralor hoy día hablan de un escándalo nacional. Es escandaloso que en 15 regiones se hayan encontrado irregularidades y en 11 de ellas de tal gravedad que los antecedentes tuvieron que ser enviados al Ministerio Público para abrir una investigación por los eventuales delitos de corrupción que traen aparejados".
Por su parte, la diputada Ericka Ñanco (RD) sostuvo que "esto es un problema de Estado, es una problema de la institucionalidad, no tiene que ver con un modus operandis. Tiene que ver con que hay una falta de institucionalidad y bien lo mencionaba el contralor. Hay un equipo técnico de dos personas que son las encargadas de revisar en todo Chile si estos mecanismos están bien o mal. Entonces cuando hablamos de un equipo pensamos que son hartas personas, pero no son dos. Hay una falta en la institucionalidad de las cuales el Gobierno ya se ha estado haciendo cargo y el mismo contralor también lo señaló, y dijo que con la ley de presupuesta 2024 se debería corregir".
"Quiero dejar en claro que esto no surge con Democracia Viva ni con el actual Gobierno, sino que data de mucho antes", señaló la legisladora.
Gobierno Regional del Maule
Sobre los Gobiernos Regionales, uno de los puntos que más llamó la atención entre los parlamentarios presentes fue la exigencia a una entidad privada la contratación de personas vinculadas a funcionario del Gobierno Regional que se reportó en la Región del Maule bajo el mando de la gobernadora Cristina Bravo (DC).
"Se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada para poder realizar después el convenio. Eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público también porque da cuenta de un tráfico de influencia muy indebido y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo también por lo mismo", señaló el contralor.
El diputado por la Región del Maule, Jorge Guzmán (EVO), quien asistió a la comisión investigadora, dijo que "lo que hizo la gobernadora regional del Maule fue entregarle a Urbanismo Social, a dedo, discrecionalmente, sin concurso, $265 millones de pesos. Pero ahí no está lo más grave, lo más grave está en que posteriormente a que le hacen la entrega de los recursos, no le entrega información de la ejecución del proyecto condicionado a la contratación de personas que son afines políticamente a la gobernadora regional, a la Democracia Cristiana, y que además son parientes y familiares de ciertos funcionarios de responsabilidad importante dentro del Gobierno Regional".
Según Guzmán se trataría de tres personas, "una de ellas se encuentra vinculada a un jefe de división, es la cuñada de un jefe de división, la otra es la pareja de la abogada del Gobierno Regional y la tercera es el concejal de la comuna de Curicó, el señor Javier Ahumada a quien también se le pide contratar".
En medio de esta crisis, la gobernadora por la Región del Maule se encuentra en un viaje oficial en Europa, el cual finalizaría hoy. Ante esto, el diputado republicano Benjamín Moreno anunció que ofició al Gobierno Regional "para que se informe sobre los objetivos de los viajes y cuántos recursos se han gastado en el extranjero en concepto de pasajes, viáticos, alojamientos, alimentación, transporte, entre otros. A su vez, es importante que justifique la cantidad de funcionarios que la acompañan en su comitiva, dando cuenta de la agenda de trabajo y la importancia y retorno que esto trae para los maulinos".
Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que "estamos en presencia de un hecho gravísimo a nuestro entender de corrupción por el cual estamos querellados y es que se contrataba a una fundación con cargo a contratar a parientes y amigos, esta es una forma evidente de corrupción que fue constatada por la Contraloría, que está siendo investigada por la Fiscalía y que revelaría que el caso de fundaciones lamentablemente se extendió a prácticamente todas las regiones del país, pero con especial gravedad la región del Maule donde lamentablemente vemos contrataciones de cercanos y amigos como requisito para poder transferir los recursos".
