Diversos parlamentarios se han referido en las últimas horas al tema de seguridad. Y es que durante esta semana, además del caso de secuestro del empresario Rudy Basualdo en Rancagua, se han reportado otros ilícitos del mismo tipo en otras zonas del país.
Tal es el caso del chileno que fue retenido en Iquique -y por el que su familia pagó 10 millones de pesos para que fuera liberado- o el del ciudadano boliviano que fue capturado en la misma ciudad, pero que fue encontrado gracias a diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI). En los tres casos hubo detenciones de ciudadanos extranjeros.
En estos días también se conoció información sobre otro secuestro. A través de una carta al director enviada a El Mercurio, un padre denunció que su hijo había sido víctima del mismo ilícito tras salir de una fiesta en Ciudad Empresarial y solicitar un Uber.
Ante esas situaciones parlamentarios llamaron a extremar los esfuerzos en la persecución y pidieron debatir los casos en las comisiones de Seguridad de la Cámara Baja y del Senado.
"Podemos entender que el delito de secuestro y liberación contra el pago es un delito nuevo en nuestro país; pero, en otros países, hace mucho rato que viene ocurriendo y ya tienen bastante experiencia de cómo manejarse, tanto para prevenir como para actuar frente a este tipo de acontecimientos de alta connotación y que generan tanta conmoción en la ciudadanía", por ello, "este lunes vamos a pedir en la comisión de Seguridad del Senado que tratemos este asunto con el Ministerio del Interior", dijo el senador Iván Flores (DC).
En la misma línea, añadió que a su juicio "publicitar las cifras, publicitar el pago, no le hace para nada un favor al tratamiento de estos hechos ni a la ciudadanía, que hoy día está de verdad conmocionada con este tipo de delitos".
La bancada de Renovación Nacional (RN) envió por su parte una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, en la que le solicitó "redoblar los esfuerzos persecutorios" y que "tenga a bien hacernos presente las enmiendas legislativas que se pudiesen impulsar para encausar y dar respuesta a las necesidades del Ministerio Público en la persecución del secuestro y otros delitos de gravedad", con el fin de "darles tramitación legislativa, aún cuando entremos resistencia del Gobierno".
Y es que los parlamentarios de oposición aseguraron que "insistir en un diálogo con el mismo (el Gobierno) parece infértil mientras no existan muestras concretas desde el Ejecutivo de hacerse cargo del problema. Más aún, el Gobierno no solo ha dado cuenta de su incapacidad de alcanzar acuerdos en materia de seguridad, sino también de cumplirlos, con la mitad del fast track legislativo sin concretar o en otros casos (...) obstaculizando el avance de los proyectos o desnaturalizando su contenido".
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Henry Leal (UDI) sentenció que "esta semana lamentablemente cruzamos una línea roja". Si bien acotó que "desde hace más de un año estamos con una ola de delitos violentos, estos secuestros ocurridos en Rancagua y también en Iquique creo que es la gota que rebalsó el vaso y estamos llegando a un punto de no retorno".
Por eso, dijo que "necesitamos que el Gobierno nos dé a conocer qué medidas se están adoptando para enfrentar los secuestros, qué medidas legislativas requiere al respecto, por eso es tan importante esta sesión especial que estamos convocando. Estamos pidiendo que se cite a la brevedad posible a ambas policías y al Ministerio Público, y nos digan qué medidas legislativas se requieren para perseguir con mayor eficacia estos delitos, porque muchas veces la legislación impide perseguirlos de manera adecuada y las autoridades tenemos que estar disponibles para hacer las modificaciones ahora. Si el país, si el sistema político, si el Gobierno y el Congreso no reaccionan ahora para enfrentar los secuestros, puede ser demasiado tarde".
El diputado Raúl Leiva (PS) también aseguró que "el secuestro del empresario en Rancagua marca un antes y después en el secuestro en Chile, no solo por la forma de su comisión, sino que por el nivel de organización, peligrosidad y violencia con el cual se desarrolla y que establece un marco de acción muy similar, por no decir idéntico, a lo que ocurre con bandas organizadas en Colombia o México".
"Debemos ser capaces de aunar todos nuestros esfuerzos, no solo desde el punto de vista legislativo donde hemos avanzado mucho en materia de protección con la actual tramitación de la Ley de Reincidencia, sino que, además, en la forma de prevenir este tipo de ilícitos y obtener una adecuada persecución criminal", añadió.
El parlamentario también apuntó a "redoblar el control migratorio regular y avanzar en otros factores preventivos. Creo que el registro biométrico no es suficiente, hay que avanzar hacia otro tipo de medidas como el hisopado para obtener el ADN de aquellas personas que se encuentran en el país, cosa de poder compartir con los distintos países de la región los antecedentes y registros de ADN de este tipo de delincuentes, debido a su alto nivel de experiencia y violencia".
Por último, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) subrayó que "tenemos la responsabilidad de impedir que el crimen organizado avance otro paso. Nuestro país debe tener una respuesta firme, por lo mismo lo primero debiera ser una sesión conjunta e inmediata del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado y las comisiones de Seguridad de ambas cámaras, incluyendo al presidente del Senado y de la Cámara, para abordar los secuestros y acordar medidas concretas. No una reunión social, sino que una instancia de trabajo eficiente, para tomar definiciones".
"El Gobierno debe pasar a la ofensiva y evaluar la utilización de todos los recursos del Estado, incluyendo la participación de las FF.AA. en tareas combinadas y conjuntas para desarticular ahora las bandas criminales", puntualizó.
Finalmente, expuso que "necesitamos una respuesta concreta para enfrentar a los extranjeros que ingresaron de manera irregular y no han pasado por el biométrico, además, espero que podamos votar a la brevedad la norma que crea el delito de ingreso irregular a Chile".
