Ante la afectación de comunidades, locatarios, agricultores, carabineros, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recientemente realizó un "Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023". El documento, al que accedió "El Mercurio", fue enviado el viernes al Presidente Gabriel Boric, al Congreso y al Ministerio Público. El texto da cuenta en la parte de sus antecedentes que en informes de las misiones de observaciones en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos el INDH ha evidenciado "el conflicto que viven comunidades mapuches con algunas empresas", por lo cual desde el organismo han manifestado que "le corresponde al Estado implementar todas las medidas que estén a su alcance para resguardar los derechos de los grupos vulnerados, como los pueblos indígenas". En el mismo apartado, en el párrafo siguiente, se alude a que la "crisis vivida en la zona ha provocado una afectación a los derechos humanos de actores no indígenas y ha descrito, entre otros aspectos, la situación de vulnerabilidad social de la región y la afectación de derechos humanos vividas por gremios y agricultores, entre otros actores no indígenas".
