El Ejecutivo desestimó la idea de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para enfrentar la serie de secuestros que se han registrado los últimos días en el territorio nacional.
Al caso del empresario de la Región de Rancagua, Rudy Basualdo - cuya liberación se negoció con los captores- se sumó el de un joven boliviano en la Región de Iquique y la trama que resultó con una víctima fatal en la localidad de Pomaire.
De ahí que parlamentarios de la UDI y el Partido Demócratas llamaron al Presidente Gabriel Boric convocar al Cosena. En el gremialismo, los diputados Henry Leal y Cristhian Moreira, emplazaron al Mandatario a suspender su agenda programada para esta semana y convocar con carácter de urgente al Consejo.
Los parlamentarios manifestaron que es "imprescindible" que el Presidente Boric pueda convocar para esta misma tarde al Cosena -que lo integran, entre otros, los representantes del Poder Judicial y Legislativo, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas- asegurando que "si seguimos en esta misma línea, vamos a terminar llegando a un punto de no retorno en nuestro
país, y evitar aquello depende exclusivamente de las decisiones que adopten estas autoridades".
Desde la vereda de Demócratas, el senador Matías Walker señaló que "ante esta ola de secuestros que está sufriendo el país es fundamental que el Presidente de la República es fundamental que el Presidente de la República convoque al Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano asesor del Presidente de la República precisamente en estas materias".
"Hasta el momento habíamos tenido casos muy bullados que se habían resuelto bien con los secuestradores detenidos y en prisión preventiva y los rehenes liberados, que es lo más importante. En el caso de Pomaire hubo un asesinado y eso debe despertar a la comunidad para que en conjunto con todos los órganos nacionales, con competencia en materia de seguridad, se puedan adoptar medidas extraordinarias, teniendo en consideración que estamos en una situación de crimen organizado que está provocando estos violentos secuestros en nuestro país", sostuvo.
La negativa del Gobierno
Quien se manifestó en contra de la alternativa fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien apeló a la legislación vigente en materia de secuestros y a una evaluación del robustecimiento de los equipos policiales.
"Quisiera decir que hoy día estuvimos en el Centro de Justicia con el Fiscal Nacional, con la PDI y Carabineros de Chile iniciando una nueva forma de trabajo que implica más de 200 profesionales que se incorporan a la Fiscalía, en equipos de investigación contra el crimen organizado, particularmente en materia de homicidios, pero también de secuestros", partió señalando.
Y agregó: "La primera pregunta que uno tiene que hacerse es si Chile tiene legislación para enfrentar estos desafíos. Durante el transcurso de este año (...) el Congreso aprobó una ley que endurece las sanciones en materia de secuestro".
"Si hay secuestro extorsivo, hay secuestro para forzar una decisión, la pena hoy día es de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir de cinco años a un día a quince años. Si en el marco del secuestro se producen lesiones graves a la víctima, violación u homicidio, la sanción es cadena perpetua, por lo tanto Chile tiene legislación dura en materia de secuestro", sumó.
Por lo demás, Monsalve señaló que el país cuenta con "equipos, tanto en la Fiscalía, la Bipe antisecuestros de la Policía de Investigaciones y un equipo especializado de Carabineros que se juntan entre el OS-9, Labocar y la Diporcar, pero hemos comprometido tener una reunión para volver a analizar el fortalecimiento de esos equipos".
Con todo, Monsalve recalcó que "Chile tiene legislación, tiene equipos especializados y también tiene resultados, porque los tres secuestros que hemos visto durante esta semana, se han recuperado las víctimas con vida, hay detenidos y hay investigaciones en curso".
A su vez, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que "evidentemente aquí no podemos naturalizar, ni estar tranquilos con los secuestros. Son delitos graves y por lo mismo, nosotros legislamos la materia para aumentar las penas".
"Yo quiero recordar que tuvimos la presentación de un proyecto con indicaciones respaldadas por el Ejecutivo para agravar las penas de los delitos de secuestro, porque nos hemos tomado en serio este fenómeno, más allá de la cantidad de hechos", adujo, apuntando no solo a la legislación, sino que a "las coordinaciones y operaciones de inteligencia que se requieran hacer para, en primer lugar, rescatar a las personas, porque la vida está primero ante todo y en eso hay distintas estrategias".
"Una de las cosas que no se pueden perder de vista es que luego de cumplir el objetivo central que son rescatar a las personas por su seguridad, por su vida, luego está establecer a los responsables, dar con el paradero de los responsables y aplicarles las penas correspondientes según la nueva ley que hemos empujado. Quien quiera instalar la idea de que a través de una negociación para pagar los montos que se solicitan por parte de los secuestradores, va a haber impunidad, están muy equivocados", cerró.
