Un nuevo caso con ribetes de corrupción golpea a la institucionalidad en Chile, sumándose al escándalo de los Convenios. Esta vez, el protagonista es el reconocido abogado Luis Hermosilla, a raíz de un audio donde menciona pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El medio de comunicación Ciper reveló el registro que se habría dado en junio, en Vitacura, en el contexto de una reunión donde participó su cliente y empresario, Daniel Suer, y la abogada y ex funcionaria del Ministerio de Educación del segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Leonarda Villalobos.
Los eventuales hechos de corrupción ocurren cuando aún son varios los personeros políticos ligados al Frente Amplio -coalición del Gobierno-, que no logran cerrar uno de los capítulos más complejos de desvíos de dineros y traspasos irregulares: el llamado Caso Convenios que estalló públicamente el 16 de junio. De hecho, esta semana la bancada del Partido Social Cristiano anunció que impulsará una acusación constitucional en contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Así las cosas, el nuevo episodio que involucra la institucionalidad y el poder, abre un debate por varios frentes; como cuáles son las prácticas fuera del margen de la ley que siguen ocurriendo, la real efectividad de las leyes anticorrupción, cuán arraigados están en Chile los delitos de "cuello y corbata", y por otro lado, la revisión real y profunda que deben hacer las instituciones sobre el cumplimiento de las labores por parte de los funcionarios.
El ex contralor y presidente del Colegio de Abogados de Chile, Ramiro Mendoza, graficó la problemática que vive el país en base a tres elementos: "hay corrupción, hay una especie de complacencia y una especie de falencia de coordinación", dijo a Radio Universo.
En definitiva, una reflexión que apunta a un avance de la corrupción que pareciera aún encapsulado por un ideario de que Chile no padece de este flagelo, agudizado por una "crisis de ética" y con una fuerte erosión a la confianza hacia las instituciones.
"Autocomplenciencia" y "falta de realismo"
Mendoza, quien de todos modos descartó que prácticas como las de Hermosilla sean un reflejo de lo que ocurre en el mundo de la abogacía, planteó que todas las instituciones -incluyendo el SII y el CMF- que "tienen condiciones decisorias respecto de los derechos de las personas, incluso los tribunales, no deben bajar las banderas de custodia y de cuidado respecto a la forma en cómo las personas están desarrollando sus labores".
"Espero que después de lo que hemos visto con el Caso Convenios o caso como estos, se dejen de dar respuestas tan tontas, como que 'en todos los países del continente es así', eso no puede ser un estándar".
Francisco Leturia, ex presidente CPLT y docente UC
En esa línea, Mendoza recordó que en la época en que terminaba su función como contralor (2015), ya había señalado que "en Chile había mucha corrupción", pero "creo que me pegaron todos, que estaba exagerando... Y lo único que yo me he dado cuenta en estos años, es que cada vez hay más corrupción instalada. Lo que me hace pensar que o somos muy ingenuos algunos, de creer que no se ha infiltrado la corrupción, o que somos muy remolones, los otros, que no toman las medidas de cuidado y custodia al interior de las organizaciones".
El problema, su juicio, radica en que "tenemos una especie de complacencia. Nos gusta pensar que somos el país mejor rankeado, ya no es cierto; que tenemos menos violencia o delincuencia, ya no es cierto. Y resulta que a paso de encuestas en los organismos internacionales, vamos perdiendo y perdiendo ranking y seguimos pensando que somos los mejores".
La opinión es compartida por Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) y docente de la Universidad Católica, quien sostiene a Emol que, en efecto, "lo que valida los dichos de Mendoza es un test en base a resultados. Si el tema de la corrupción es el segundo tema que más preocupa a los chilenos, después de la seguridad, es obvio que hemos permitido que estas cosas pasen, que no hemos sido previsores".
Asimismo, concuerda en que existe una suerte de "autocomplacencia" en Chile en su mirada sobre la corrupción. "Hay mucha gente que usa las reglas del juego correctamente, pero hay un 2% que es transgresor, que casi por personalidad van a pasarse las leyes. Entonces, sí, hay un poco de ingenuidad y falta de realismo".
"Pero espero que después de lo que hemos visto con el Caso Convenios o caso como estos, se dejen de dar respuestas tan tontas, como que 'en todos los países del continente es así', eso no puede ser un estándar", precisó.
Crisis de ética y fractura en la confianza
Escenarios como los retratados, dejan en evidencia que el país también adolecería de una "crisis de ética", que de paso, instala una profunda fractura en la confianza hacia las instituciones.
Leturia habla de un "deterioro gravísimo, acelerado, del cual no se están tomando las medidas adecuadas, que es muy difícil retroceder una vez instalado y que genera una crisis reputacional durante mucho tiempo. El futuro no va a ser fácil", agrega.
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Ahora, hay gente que con leyes o sin leyes, siempre va a actuar éticamente, y otra que, con leyes, se las van a querer saltar. El tema es que, sabiendo que esa gente va a existir, hay que ponerles 500 obstáculos en su camino, porque tienen demasiadas facilidades", acotaa.
Para Alberto Pretch, miembro de la directiva del movimiento global anticorrupción, efectivamente hoy existe una "crisis de ética", donde una persona "que es capaz de ofrecerle a algún cliente -si es que se comprueba- cometer un acto delictual con el fin de apoyar su causa, es alguien que tiene un problema de ética. Cualquier persona que comete un acto de corrupción es una persona que está yendo en contra de la integridad".
Lo anterior, no hace más que empujar a un quiebre en la confianza hacia la institucionalidad. Mendoza subraya que "muchas personas se acercan a las instituciones denunciando hechos irregulares, pero no hay acogida respecto al denunciando, recién hoy están saliendo algunas leyes en esta materia. Pero la gente se aburre, y está pasando una fractura enorme en la confianza en las instituciones (...) si se rompe definitivamente, vamos a tener un Estado que va a permitir nuevos casos de fractura institucional".
En esa línea, María Jaraquemada, quien presidió la Comisión para la Probidad y Transparencia por el Caso Convenios, comenta a este medio que "no sólo el SII y la CMF van a estar en entredicho; es el Estado, es el sector público en general. Por eso estos hechos son súper graves, porque no sólo se dejaron de recaudar impuestos, sino que generar un daño a la fe pública y en la confianza ciudadana, que terminan afectado a la propia democracia. Por eso tenemos que sancionarlos de acuerdo a la gravedad que tienen estos hechos".
Falta de "procedimientos adecuados"
Esta mañana, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, abordó el caso Hermosilla", apuntando a que hoy "estamos en presencia de una especie de mafia de la evasión que, por lo demás, dice relación con la agenda que hemos impulsado como Gobierno: La necesidad de actualizar nuestra legislación contra la evasión y la elusión tributaria, por una parte, y subrogar el proyecto de inteligencia económica que están siendo tramitado en el Congreso Nacional para contar con mejores herramientas para perseguir la ruta del dinero", sostuvo.
"Nosotros creemos que estos hechos deben ser esclarecidos. Estamos en presencia de lo que se llama delitos de cuello y corbata que deben ser investigados y sancionados con mucha fuerza", complementó el secretario de Estado.
Para Leturia, la pregunta de fondo es "cómo poner controles para que estas situaciones no sigan, y en Chile no se ha hecho, por eso tenemos un sistema que está haciendo aguas por todos lados", comenta Leturia.
"Si tú estás viendo que en Chile están pasando todas las cosas que conocemos, en materia de seguridad, tráfico o lavado de dinero, es porque mucha gente, hace mucho rato, descubrió que Chile era un país cómodo y atractivo para hacerlo", complementó.
En tanto, Pretch comenta que "la leyes siempre llegan después, porque uno esperaría que el comportamiento de las personas, pero lamentablemente hay muchos que tiene una tendencia a cometer estos actos".
Entonces la ley tiene dos funciones: "generar un incentivo para una práctica correcta, pero también un disuasivo, de que si se cometen delitos que no solamente afecten a un patrimonio, sino que también a la democracia y al Estado de Derecho, tengan sanciones efectivas; no sólo años de cárcel, sino que procedimientos adecuados, más veloces".
Lo anterior, agrega, apunta a que si bien en Chile ha cambiado la legislación en materia de corrupción, "sigue siendo extremadamente lento el perseguir estos delitos, y esto lo vemos en todo ámbito, como la justicia electoral o penal. Eso habla de un sistema de Justicia que no está siendo capaz de resolver este tipo de situaciones".
