En calidad de imputado, y con la defensa a cargo de su hermano, Juan Pablo, se encuentra por estos días el
, en el contexto del polémico caso que se abrió esta semana tras la revelación de un audio donde se habla de presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
La versión de Hermosilla es que ha sido "objeto de una maniobra siniestra"; idea similar que deslizó ayer su defensa, al señalar a los medios -luego del allanamiento a las oficinas del abogado- que hubo una "
motivación política" detrás de la filtración del audio. Asimismo, comentó que a su parecer "sí hay delitos" en el caso, pero descartó señalar que su hermano Luis estuviera implicado en alguna autoría.
Pero Hermosilla no es el único nombre que surge en esta trama. En el audio también estuvo su cliente, el empresario Daniel Sauer, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, y la abogada María Leonarda Villalobos. De hecho, el abogado de Hermosilla la apuntó a ella como autora de la grabación.
Así, el escenario para el abogado y los presentes en la reunión, avanza desde varias etapas. Una ellas, apunta a conocer quién filtró el audio, puesto que habría una violación al "secreto profesional", y según recordó el propio Luis Hermosilla, una prueba obtenida de forma "ilícita" lo haría perder validez.
Distintos abogados desglosan las aristas del caso -con los datos que hasta ahora se manejan- apuntando a dos hechos principales: la filtración de la grabación, y por otro lado, el contenido. Así, conforme se vayan corroborando autorías y se presenten pruebas, el caso puede tomar distintos desenlaces en materia judicial.
La filtración del audio
"Están en juego el Estado de Derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas". Es fue parte de la declaración de Hermosilla luego que decidiera romper el silencio luego que estallara el llamado "caso audios".
Pero los dichos del imputado no son del todo compartidos por sus colegas. En conversación con
Emol, el
abogado penalista de la Universidad Autónoma, Javier Castro, comenta que lo central es que en una indagatoria se debe resolver quién resultó afectado, si el cliente de Hermosilla, o la abogada Villalobos. "Y para responder esa pregunta, es clave conocer quién grabó el audio, y en segundo lugar, quien lo difundió".
Según comenta, grabar una conversación privada y luego difundirla "tiene penas que van en el orden de los 61 días hasta los 5 años, con algunas multas que pueden ir cerca de las 50 UTM ($3.198.000 aprox)". Ahora, "la pregunta es si esto es o no delito, y hay una advertencia de la Corte Suprema que haría dudar si es delito, y va a ser una discusión jurídica tremenda si la investigación sigue escalando", comentó.
Por su parte, el especialista en ética profesional y códigos de buenas prácticas, Pablo Fuenzaliza, dijo a El Mercurio que "el secreto profesional, en general, se ha malentendido, como si fuese un derecho del abogado o abogada, cuando en estricto rigor es una exención a un deber de declarar o entregar información cuando una autoridad legalmente la requiera, como, por ejemplo, en el caso de tener que testificar en un juicio".
En el caso de ser efectivo lo que se conoce a través del audio, comenta que no sería "una situación donde haya comunicaciones entre abogado y cliente, en el contexto donde se está presentando una asesoría y un servicio dentro de los márgenes que el derecho permite. Aquí, pareciéramos estar ante un caso de consejos que son derechamente fuera de la ley".
En tanto, el abogado penalista y académico de la Universidad Diedo Portales, Cristián Riego, dijo al citado medio que conocer cómo se obtuvo el audio podría cambiar las circunstancias, aunque lo que parece "más probable es que lo tomó la propia abogada".
No obstante, remarca que de ser así, "no habría problema con la ilicitud, porque cuando uno graba una conversación en la que uno está presente, eso no es ilícito, porque en realidad lo que hay es una violación no desde la privacidad, sino que desde la discreción".
Distinto sería, comenta, "si ella estuviera actuando en nombre de la fiscalía o la policía, ahí habría que ver si hay una orden judicial, porque sería como una grabación obtenida por la policía".
¿Hubo delito de soborno?
Otra de las claves del caso, consistirá en determinar si hubo o no soborno, y quién es el o los autores. Según precisa Castro, "lo que aparece en el audio, es que ya ser habrían pagado sobornos a funcionarios públicos del SII, y que deberían continuar pagándose".
Si esto se lograra acreditar que esto ocurrió, y de manera reiterada, opera en definitiva un delito de cohecho, que tiene penas altas, "que van entre los 3 años y un día de privación de libertad, hasta 10 años, sin perjuicio que cuando se trata de un delito reiterado, empiezan a aumentar las penas".
Pensando en la postura que podría tomar defensa de Daniel Sauer, y el escenario que se abre para el empresario, Castro comenta que "se le podría imputar soborno, porque es un empresario privado que ofrece o consciente que se ofrezca un soborno a un funcionario público. En tanto, si él grabó el audio, sería condenado por la violación a la intimidad del abogado".
Pero si el empresario, a través de su defensa, argumentara que no tuvo conocimiento o nunca pidió que se incurriera en un delito, esa figura lleva el nombre de "prevaricación de abogado", esto es, "cuando un abogado perjudica a su cliente, la pena que contempla el código penal es la inhabilitación especial, que incluso puede ser perpetua, para ejercer la profesión o cargo, además de multas".
Un proceso "de largo aliento"
Ahora bien, todo este entuerto se podrá resolver dependiendo de la ruta que siga el caso. Esto, porque durante el procedimiento penal existe la salida alternativa, es decir, "algún acuerdo reparatorio, por ejemplo, que el abogado Hermosilla reconozca que su estrategia fue un error, y le ofrezca un monto por llegar a dicho acuerdo". En ese caso, las partes se presentan ante el juez de garantía y se les comunica el acuerdo.
De todos modos, para el penalista, si se configurara el delito de
prevaricación de abogado, sería difícil que el juez "esté dispuesto a aceptar un acuerdo reparatorio, pero sí podría caer en la tentación de aceptar una suspensión condicional del procedimiento, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, se podría establecer que Hermosilla no pueda ejercer durante un periodo de tiempo, y le pague al señor Sauer un monto, y/o lo envíen a clases de ética, como se ha escuchado en otros casos".
Si no se dieran las condiciones para poder avanzar a un acuerdo, el Ministerio Público imputa, algunas partes interesadas también pueden sumarse, "y ahí se produce la audiencia de juicio oral, para determinar si los hechos constituyen delito y si hay una responsabilidad penal".
Si bien por ahora es complejo establecer un periodo de tiempo en que este caso llegue a puerto, Castro comenta que "es de largo aliento, porque estos son los delitos más complejos de investigar, sobre todo, porque hay delitos funcionarios y económicos. Va a ser extremadamente complejo".
