Durante esta jornada parlamentarios y asesores se reunieron en la Cámara de Diputados para poner en común las conclusiones y recomendaciones de la comisión investigadora que está indagando las responsabilidades políticas del Caso Convenios.
A la reunión llegaron cinco documentos diferentes y se harán los esfuerzos para consensuar las posturas en uno solo, aunque dada las diferencias entre ellos esto no será una tarea fácil. Según el cronograma que dispuso la comisión, se espera que el próximo lunes se vote el informe final y con ello concluya la instancia después de casi tres meses de trabajo.
Cabe recordar que ninguna fuerza política tiene mayoría en la comisión. Esta esta compuesta por trece parlamentarios que se tendrán que manifestar el próximo lunes: José Miguel Castro (RN), Yovana Ahumada (IND), Chiara Barchiesi (Republicana), Juan Carlos Beltrán (RN), Mercedes Bulnes (IND-FA), Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Fuenzalida (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Andrés Jouannet (Amarillos), Ericka Ñanco (RD), Raúl Soto (PPD), Rubén Oyarzo (PDG) y Carolina Tello (PC).
Dada esta composición, los parlamentarios tendrán que ceder y llegar acuerdos para alcanzar una mayoría.
Las conclusiones RN-UDI
En el documento que presentó Renovación Nacional junto a la Unión Demócrata Independiente (UDI) se concluye que "la falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara de Diputados o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado", criticando la idas y vueltas de la asistencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a la instancia.
En relación a si hubo un mecanismo o un "modus operandi", el informe señala que "parece evidente que, más allá de las responsabilidades criminales que puede tener el caso, es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el denominado Caso Convenios".
También, reprochan el rol que tuvo el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; la directora de Presupuesto, Javiera Martínez; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas; el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; y al Consejo de Defensa del Estado.
Entre las propuestas plantean instaurar una ley marco que aborde la situación de transferencias al interior de la Administración Pública; impulsar iniciativas que se encuentran en tramitación legislativa que abordan los temas de probidad y transferencias al interior de la Administración Pública; y el fortalecimiento institucional del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
Además emplazan al Ejecutivo a separar a aquellos funcionarios involucrados en el denominado "Caso Convenios" y renovar las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
Conclusiones PPD, Amarillos y PDG
En el informe que suscribieron los diputados Soto (PPD), Jouanett (Amarillos) y Oyarzo (PDG) se apunta que a partir del caso de la fundación Democracia Viva, se evidenció que a lo largo de los últimos ocho años hubo una serie de acciones y omisiones que permitieron que diversas fundaciones y cuerpos intermedios realizaran un negocio con los fondos del Estado.
Asimismo, apuntan al desarrollo de la comisión investigadora y el liderazgo que tuvo que el presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN). "No fue posible ahondar satisfactoriamente en las distintas aristas del caso por falta de ecuanimidad y orden en la conducción del espacio, así también como las limitadas facultades fiscalizadoras con las que cuenta la Cámara de Diputados", señala el informe.
Entre las conclusiones identifican que hay una "institucionalidad agotada, lenta e incapaz de anteponerse y prever crisis de probidad".
Además, cuestionan la necesidad de avanzar en una legislación que permita fortalecer y ampliar las facultades fiscalizadores de la Cámara de Diputados; "no es posible que en la actualidad sea más fácil conseguir información por transparencia como ciudadano normal que por medio de esta Cámara, lo que sin duda es una preocupación a considerar".
También proponen reformular el cuestionado Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno; que la Contraloría pueda controlar con mayores facultades a los privados que reciben fondos públicos; y que el gobierno corporativo de las organizaciones sin fines de lucro se fortalezca para incorporar criterios de responsabilidad de quienes integran los directorios.
En el documento aseguran que la comisión "no pudo determinar si existía un mecanismo al interior del Ministerio de Vivienda para defraudar al Estado", no obstante, apuntan a que será el Ministerio Público el encargo de determinar si existió o no un mecanismo.
Bajo el título "el mecanismo del aprovechamiento", los parlamentarios arremeten contra miembros de la Fundación Democracia Viva y militantes de Revolución Democrática.
"Durante la instancia del actual Gobierno, los partidos políticos se repartieron las secretarías regionales ministeriales. En la Región de Antofagasta RD nombró a Carlos Contreras, quien fuera el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien a su vez mantenía una relación con la ex pareja de la Directora de Presupuesto y Director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Todo este entramado de personas que se conocían entre ellas y mantenían relaciones más allá de la militancia fue el escenario ideal para hacer negocios a costas del Estado".
"Lamentablemente el negocio de este grupo de militantes de Revolución Democrática no se limitó solo al norte de nuestro país", continúa el documento aludiendo a controversias en otras regiones.
En esa línea, sostienen que "los militantes de Revolución Democrática implicados se aprovecharon el sistema, pero también fueron indolentes con la gente que debió ser beneficiaria de los fondos de los asentamientos precarios".
Conclusiones FA - PC
En el documento que respaldaron las parlamentarias Mercedes Bulnes (IND-FA), Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC) se constata la "debilidad del sistema de transferencias de recursos a entidades privadas sin fines de lucro".
"Permitió grietas normativas que fueron aprovechadas por la Fundación Democracia Viva en la Región de Antofagasta y otras (…) para obtener la transferencia de recursos cuantiosos por parte de la Serrería de Vivienda de Antofagasta", indica el documento.
Además, apuntan a que el Ministerio de Vivienda "adoleció de falta de proactivdad para establecer procedimientos particulares que pusieran cortapisas que evitaran situaciones como las que se ha conocido, entre ellas se echan de menos un mecanismo de selección de la entidad que desarrollaría las actividades, los productos contratados, la falta de costos referenciales de las actividades y productos". No obstante, aseguran que hubo una respuesta rápida por parte de la cartera una vez que estalló la crisis.
Asimismo, señalan que "la debilidad normativa es una responsabilidad compartida, cabiendo responsabilidades tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, por cuando la regulación de las transferencias se ha hecho a partir de las respectivas glosas y no de leyes generales y permanentes".
Las parlamentarias aseguran que "no se logró constatar un mecanismo de defraudación, sino un sistema débil de asignación control de gastos de los recursos público”, y en esa línea identifican la "necesidad de fortalecer los controles internos del Ministerio de Vivienda".
No le endosan responsabilidades a la directora de Presupuesto Javiera Martínez, puesto que "carece tanto de competencias ejecutivas o fiscalizadoras". En relación a las actuaciones del Consejo de Auditoría interna General de Gobierno, aseguran que “no cuenta con las funciones y atribuciones necesarias para ejercer un control sobre los órganos de administración del Estado y su actuar. Nos puede auditar directamente, sus recomendaciones o intrusiones no son vinculantes, no tiene atribuciones par iniciar procedimientos sancionatorios ni supervisar a los auditores internos”.
Además, apuntaba reformar el rol del Estado en e desarrollo de la política habitacional y dictar nuevas normas de transparencia y probidad.
Conclusiones de Yovana Ahumada
En el documento que propuso la diputada Yovana Ahumada (IND) se indica que "los actos descubiertos relacionados con transferencias directas a organizaciones privadas, dejaron en evidencia la carencia de marcos regulatorios y de fiscalización de un estándar que permita resguardar el buen uso de los recursos públicos, por parte de las autoridades mandatadas para su realización".
"Con los antecedentes conocidos en la comisión podemos establecer que el ministro de Vivienda, Carlos Montes (…) no ha tenido la debida diligencia en garantizar el derechos a la ciudad, vivienda digna y adecuada. Tampoco en el trabajo de recuperar eficientemente el rol del estado a través de una planificación y gestión territorial que considere la participación de la las comunidades", señala el informe.
A juicio de la diputada, "los antecedentes revelan de manera contundente la consolidación de una red de corrupción política, en la que fundaciones sin fines de lucro han sido utilizadas como instrumentos para desviar recursos públicos”.
Asimismo, recomienda al Ejecutivo exigir la responsabilidad política del ministro Montes; mejorar las atribuciones de la Contraloría; fortalecer el marco regulatoria en requisitos y parámetros; establecer un marco de fiscalización efectiva; entre otras medidas.
Conclusiones del Partido Republicano
En representación de la bancada del Partido Republicano, la diputada Chiara Barchiesi, planteó que "es evidente que se configuró la red de corrupción política más grave de la Democracia en toda la historia Republicana de Chile, pues hubo un mecanismo de alcance nacional que usó el dinero destinado a ayudar a las personas más necesitadas de este país que vive en campamentos".
En el informe se recomienda la disolución de las fundaciones Procultura, Comprometidos, En Red, Urbanismo Social, Enlace Urbano. Asimismo, se exige la responsabilidad política del ministro de Vivienda, por falta al principio de probidad. También, la renuncia de la seremi de la cartera en Valparaíso.
