Susana Herrera, ex embajadora de Chile en Reino Unido.
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Una indédita demanda al fisco y la exigencia de disculpas públicas -incluyendo a la monarquía británica-, son parte de las acciones que tomó la ex embajadora de Chile en Reino Unido,
Susana Herrera, luego que en agosto pasado debiera dejar su cargo.
Lo anterior, porque en medio de los cuestionamientos que enfrentaba el Gobierno por el Caso Convenios, se conoció que en junio, Herrera había solicitado a la gobernación del Biobío y sin avisar a Cancillería, la entrega de financiamiento para un proyecto de mercado de maderas -de una fundación del rey Carlos III- en Santa Juana, cuyos montos alcanzaban los 5 millones de dólares.
En medio de las solicitudes de renuncia que llegaban desde distintos sectores, Herrera recalcaba que no había cometido irregularidades. "Con toda seguridad y firmeza digo que las acusaciones que están formulando en contra mía carecen de fundamento y son absolutamente falsas. Niego de manera contundente cualquier insinuación que sugiera conductas ilícitas o en detrimento de los intereses de nuestro país y del Ministerio de Relaciones Exteriores", dijo a El Mercurio.
Pero finalmente, se le solicitó su salida, y Herrera abandonó la Cancillería. Pero ahora, según consigna una investigación de Radio Biobío, volvió a la escena pública con una demanda laboral contra el fisco, donde solicita una indemnización equivalente a
$190 millones, pero además, pide disculpas públicas de la Cancillería y que éstas sean notificadas a la corona británica.
Las acusaciones de Herrera
El citado medio detalla que en el documento de 110 páginas, Herrera acusa haber sufrido una afectación a su integridad física y psíquica, además de una vulneración a sus derechos fundamentales por parte del ministerio de RR.EE.
En el escrito, Herrera señala que los problemas habrían comenzado con el arribo de Alberto Van Klaveren a Cancillería -tras la salida de Antonia Urrejola-, y acusa que recibió un "trato inapropiado" y "discriminatorio", por parte del jefe de gabinete de la subsecretaria de RR.EE., Gloria de la Fuente. En concreto, el funcionario le habría señalado que sus posteos en X no habían caído bien en Presidencia ni en dicha susbsecretaría.
En la oportunidad, Herrera habría planteado que los dichos podrían estar relacionados con los tuits de la profesora de la Universidad de Concepción,
Paulina Astroza. La teoría de la entonces embajadora es que Astroza estaba descontenta por no haber sido asignada a ninguna embajada.
La ex embajadora aborda también el polémico proyecto, afirmando que fue ella quien frenó su tramitación, sin que Cancillería tuviera injerencia en ello. Además, afirma que "todos al interior de la secretaría de Estado estaban al tanto de sus esfuerzos para acercar a Chile con instituciones vinculadas a la monarquía británica", indica el medio.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en especifico", afirma Herrera en el libelo.
Según el escrito, fue más de un mes después de la última gestión de Herrera a favor del proyecto cuando recibió una comunicación de Minrel en el que le expresaban sus dudas sobre las tratativas.
El 21 de agosto, cuando el caso se hizo público, Herrera -quien se encontraba en Maitencillo- envió un correo al canciller Van Klaveren para solicitar una audiencia. Según acusa, no recibió respuesta alguna. Así, rápidamente retornó a Santiago "cursando un cuadro de estrés agudo" donde —pese a nuevos intentos— volvió a quedarse sin contestación de parte de las autoridades de la Cancillería.
Al día siguiente que estallara la polémica, Herrera acusa que el jefe de Comunicaciones de Cancillería le pidió que entrara y saliera por la puerta trasera de la repartición, sin ser notada, debido a la expectación de la prensa. De hecho, acompaña chats donde el jefe de gabinete de De La Fuente le sugiere "submarinearse"; es decir, pasar desapercibida.
Así, junto con solicitar las disculpas públicas mediante cualquier medio de circulación nacional e internacional, pide "que no se le puedan imponer sanciones de suspensión o destitución en el contexto del sumario actualmente en curso o de otros posteriores y, finalmente, condenar a la denunciada a una indemnización ascendente a sus últimas 11 remuneraciones. Es decir, poco más de 216 mil dólares (unos 190 millones de pesos chilenos)", destaca el medio.
La audiencia preparatoria del juicio está fijada para el 3 de enero de 2024, a las 09:40 horas.
