Un rechazo transversal provocó en el Congreso la determinación de dejar en
arresto domiciliario total al hombre que disparó y dio muerte a un menor de 15 años que estaba robando en casa de un vecino en La Reina.Las reacciones llegaron desde senadores y diputados integrantes de las
comisiones de seguridad de ambas cámaras."Es el mundo al revés, los delincuentes están libres y una víctima que se defiende tiene arresto domiciliario. Este vecino no es un peligro para la sociedad, no tiene sentido la medida cautelar que se le impuso, y la señal política que se da es mala. Deberían poner foco en encontrar al resto de los delincuentes, y realizar la investigación sin medidas cautelares contra la víctima", señala el
senador Felipe Kast (Evópoli).Misma postura de
Alejandro Kusanovic, miembro de la cámara alta por
RN. "Me parece que claramente es una reacción de los vecinos ante la situación que estamos viviendo en Chile de que el Estado ha sido incapaz de dar seguridad y controlar el orden público. Para esto todos los chilenos pagamos impuestos y el Estado no nos da un buen servicio. Por otra parte
me parece exagerado un arresto domiciliario total para el vecino si no tiene antecedentes y es un adulto mayor. El defenderse de la delincuencia es un derecho ciudadano en especial cuando el Estado no está actuando".
Postura disímil de
Iván Flores (DC). "
No está clara la legítima defensa. Podemos entender la desesperación, la rabia de una persona que ve que están intentando robarle o robándole. Pero claramente que hay una serie de hechos que no dejan para nada claro de que haya una legítima defensa. La legítima defensa ocurre cuando efectivamente está en riesgo la vida de la persona que es atacada o su familia directa. O cuando en flagrancia ve que hay un riesgo inminente porque el ataque es directo. Ese es el contexto más general de la legítima defensa. Aquí hay un delincuente que estaba escapando, el disparo le llega por la espalda, hecho con un arma que no está inscrita y que además la hace el propietario fuera de su domicilio sin tener permiso para portar el arma, ni siquiera para tener, menos para portar".
Entre los diputados de la Comisión de Seguridad también hay distintas opiniones. "Por supuesto que a primera vista parece injusto un vecino que defiende a otro de un asalto violento, pero tenemos que esperar a ver si ese vecino tenía el arma inscrita, si podía usarla, si se cumplen los requisitos de la legítima defensa privilegiada, porque una cosa es proteger tu vivienda, tu patio, tu jardín, y otra ya es ir a hacerlo a la casa del vecino. Yo creo que
es una injusticia con los antecedentes que tenemos hasta ahora, y lo peor de todo es que los asaltos ya no son novedad, no son noticia en nuestro país", considera
Jorge Alessandri (UDI).De ese mismo partido,
Henry Leal alegó que "estas son las señales que la ciudadanía no entiende. Entonces, el Estado no te brinda seguridad. La gente le entran a robar, son asaltados, se defienden, disparan, y resulta que después el crecimiento termina formalizado y encauzado. Estas son las cosas que están mal en este país. Lo que no puede ocurrir, y
yo no acepto eso, es que quienes se defienden legítimamente terminen luego con arresto. O sea, que terminen presos y los delincuentes libres. Este es el mundo al revés".
Cristián Araya (Partido Republicano) se suma y añade que
"defenderse es un derecho, no un privilegio. Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas no puede amarrarlos de manos y dejarlos indefensos".
Para
Gloria Naveillán,
"me parece pésima la medida de que quede con arresto domiciliario este señor. La verdad es que el abandono del Estado en el tema violencia, delincuencia, es tan grande que se presta para que un vecino haya estado dispuesto a sacrificarse a sí mismo sabiendo que probablemente iba a quedar detenido por ir a defender a la persona que vivía en la casa del lado".
En el oficialismo, el diputado
Raúl Leiva (PS) es uno de los que señala que para él no se acredita la legítima defensa. "Atendido a los antecedentes que se conocen por los medios de comunicación,
claramente no se configura la eximente responsabilidad de legítima defensa privilegiada que establece el artículo 10, número 6 del Código Penal. Sin embargo, claramente da cuenta del hastío y rabia que siente la ciudadanía frente a impunidad que muchos de estos delitos cometidos de manera muy violenta causan en la sociedad y eso se refleja en la percepción de inseguridad y sensación de impunidad".
"Es lo que corresponde, frente a un delito de esta gravedad, sin perjuicio de que se compruebe que usó el arma en legitima defensa. El uso de armas potencialmente letales debe ser controlado porque por las consecuencias de su uso, es que se usan en ocasiones excepcionales", es la postura de
Lorena Fries (Convergencia Social).Y
Jaime Araya (PPD), cierra con que "el vecino enfrentó una situación limite, y en un contexto de grave crisis de delincuencia, donde todos hemos podido apreciar la violencia de los delincuentes, por lo que el sentido común hace difícil comprender la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de eso,
es la investigación de la fiscalía la que deberá acreditar los hechos y la concurrencia o no de eximentes de responsabilidad".
