Viernes 24 de noviembre, cerca de las 11:30 horas.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, informaba desde el Congreso que Venezuela "no autorizó" el aterrizaje de un vuelo con 60 extranjeros expulsados.
"Lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela
no fue autorizado, razón por la cual vamos a hacer
gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Es algo en lo que no podemos renunciar y en lo que vamos a persistir", fueron sus palabras.
La jefa de gabinete revelaba problemas con el país vecino y que todo se iban a hacer las gestiones "al más alto nivel diplomático".
Mismo viernes, cerca de las 14:30 horas.
Luis Thayer, jefe del Servicio Nacional de Migración y desde La Moneda, modera la versión de Tohá y no alude a responsabilidad del Gobierno venezolano, sino a un problema administrativo, la falta de un permiso.
"Lo que ocurrió efectivamente es que no
llegó un papel oportunamente, pero no hay en el fondo, que el Gobierno venezolano haya dicho que no al vuelo.
No hubo negativa del Gobierno venezolano, sino que para que el vuelo pueda materializarse, éste tiene que tener una autorización de un órgano técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, equivalente a la DGAC", afirmó.
Avanzaba la tarde del viernes. Cerca de las 15:15 horas desde Concepción el
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó otros antecedentes, hasta ahí desconocidos.
"Efectivamente se había solicitado la autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, y esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar, pidió reprogramar el vuelo, o sea que se cambiara la fecha. ¿Por qué pidió que se cambiara la fecha? Porque
en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar", afirmó.
La autoridad señaló que esta falta de capacidad en el aeropuerto se debe a que "Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos".
Es decir, se comenzó con la versión de Tohá de un lío diplomático, y se terminó con la versión de Monsalve de la falta de capacidad en el aeropuerto de Caracas.
En lo que sí coincidieron todos los hablantes es que el
vuelo sería reprogramado. E, incluso, se informó que las expulsiones se realizarían vía vuelos comerciales.
El futuro de los expulsados
En lo netamente relacionado con los extranjeros,
de los 60 hay 12 que son expulsados administrativos y otros 48 expulsados judiciales."Las personas que iban a ser expulsadas son de dos tipos: hay expulsiones
judiciales, esas personas no andan sueltas en la calle, esas personas están cumpliendo una pena en una cárcel, no se van a ir a ningún lugar. Por lo tanto, esas personas podrían ser expulsadas esta semana o podrían ser expulsadas la siguiente. Pero también había un componente de expulsiones
administrativas, que se van a buscar y detener y se detienen específicamente para expulsarlas, y esas personas están
siendo expulsadas a través de los vuelos comerciales", explicó Monsalve.
Y el plazo para expulsar a esos 12 se vence mañana lunes. Por eso fuentes del Gobierno señalan que ya se han producido salidas a través de vuelos comerciales.
Estos tienen la característica de que
solo pueden abordar dos expulsados por avión. Y cada uno de ellos debe ir acompañado de dos policías de la PDI, es decir, por cada migrante se ocupa toda una fila.
Si son 12 los que deben salir, serían seis los vuelos necesarios con destino Caracas para terminar la expulsión con éxito.
En el caso de los judiciales, se está trabajando en la reprogramación del vuelo chárter de la aerolínea venezolana Estelar, que es la única con la que el Gobierno chileno puede negociar para realizar la acción.
Ahí, cada uno de los sacados del país debe ir acompañado de un policía.
