Durante la jornada se realizaron una serie de reuniones entre asesores legislativos y parlamentarios para consensuar el informe final de la comisión investigadora del "Caso Convenios" en la Cámara de Diputados.
En uno inicio llegaron cinco documentos a la mesa. Tras las negociaciones, la diputada Chiara Barchiesi (Republicana), Yovana Ahumada (IND), Rubén Oyarzo (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos) bajaron sus propuestas y se sumaron al documento que presentaron los diputados de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán y José Miguel Castro, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Fuenzalida y Juan Antonio Coloma.
Por su parte, las diputadas Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC), adhirieron a una nueva propuesta que hizo la legisladora Mercedes Bulnes (IND-FA). Minutos después, las diputadas decidieron bajar las conclusiones y sólo pronunciarse por la propuesta que presentó Chile Vamos.
Quedando al medio los diputados oficialista Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS).
Las conclusiones finales
Finalmente, con ocho votos a favor (Ahumada, Barchiesi, Jouannet, Oyarzo, Castro, Beltrán, Fuenzalida, Coloma) y cinco en contra (Ñanco, Ilabaca, Bulnes, Tello y Soto) la comisión aprobó el documento que propuso Renovación Nacional y la UDI con una serie de modificaciones para contar con más votos. Ahora, este deberá ser ratificado por la Sala.
En la conclusiones se criticó la "falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara de Diputados o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado", sobre todo, por las dificultades que se presentaron para que el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, compareciera ante la instancia.
Asimismo, se indica que "más allá de las responsabilidades criminales que puede tener el caso, es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el denominado 'Caso Convenios'"
En esa línea, los parlamentarios que adhirieron al texto señalan que "no es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al Fisco, cuestión que ciertamente está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público".
En relación al rol de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, aseguran que "impulsó cambios en los controles presupuestarios, particularmente a propósito de los recursos transferidos por los Gobiernos Regionales".
"Se trata de medidas que se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos", se añade.
Sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguran que el secretario de Estado "no conocía la situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. Como Comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera".
"Pero el desconocimiento el flagelo que afectaba a su cartera no es el único reproche, ya que si bien los Secretarios Regionales Ministeriales realizaron transferencias de manera delegada, lo cierto es que el jefe ministerial debía fiscalizar que dicha delegación se realizare de manera ajustada a la ley", se indica.
En tal sentido, dicen que "esta omisión constitutiva de reprochable inobservancia, lo que derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos, razón única y final de la existencia de la Administración del Estado"; a diferencia del texto original donde acusaban "negligencia inexcusable" por parte del secretario de Estado.
Argumentación de los votos
La diputada Mercedes Bulnes (IND-FA) lamentó que su propuesta fuera "ridiculizada" por el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), "en todo el transcurso mantuve un tono sereno y lo mas apegado al derecho, dentro de mis conocimientos".
"Estas conclusiones no las puedo votar favor, no solamente por que contiene afirmaciones que son falsas sino que contiene una contradicción evidente respecto ministro Montes y respecto de la subsecretaria de Vivienda, se les atribuye una posición semejante, por lo tanto son contradictorias entre sí. Tampoco comparto lo que se dice respecto a directora de Presupuesto", agregó.
La diputada Chiara Barchiesi (Republicana) apuntó a que "no se puede justificar lo injustificable, hay que avanzar en justicia, y por eso quedamos atenta a los próximos pasos del Ministerio Público".
Asimismo, la diputada Yovana Ahumada (IND), representante de la Región de Antofagasta, emplazó a que el Ejecutivo "tome acciones" para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir.
En cambio, el diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo que "me hubiera encanto suscribir las propuestas institucionales que plantea la propuesta, pero creo que la forma en que se abordan las responsabilidad se adopta una posición bastante partisana y eso me impide votar a favor".
Asimismo, Raúl Soto (PPD), dijo que "comparto plenamente las propuestas del informe (...) sin embargo, respecto de las conclusiones tengo diferencias importantes, quedó más blanda e incompleta, comparto que la corrupción hay que combatirla de manera implacable y eso significa abstraernos de nuestra posición política, y estas conclusiones carecen de esta objetividad".
El conflicto Ñanco (RD) - Oyarzo (PDG)
Uno de los informes preliminares era de autoría de los diputado Rubén Oyarzo (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos) y contaba con el apoyo de Raúl Soto (PPD), pero durante la jornada retiró su apoyo.
En la mañana la diputada Ericka Ñanco (RD) arremetió contra este documento: "Esta Comisión empezó fracasada", comenzó su intervención la legisladora desde el Congreso Nacional.
"Acá tenemos cinco informes que la verdad, más que hablar de investigación, hablan de chimuchina barata, hablan de un show mediático, hablan de cosas que no son política, porque hablan de relaciones personales de las personas", agregó.
En esa línea, dijo que "aquí hay un informe presentado por los diputados Oyarzo, Jouannet y Soto, que deja mucho que desear del trabajo parlamentario que nosotros estamos haciendo acá. La verdad molesta que en espacios en los cuales nosotros tenemos que representar seriamente a la gente que vota por nosotros, estemos hablando de cuestiones que parecen más bien un reality show". Además, dijo que las conclusiones presentadas "ridiculizan la labor parlamentaria".
"Con todo el respeto lo digo, porque los niños tienen mayor capacidad de darse cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y esto, sinceramente, está mal", agregó.
La molestia de la legisladora, radicó en el párrafo que dice que "durante la instancia del actual Gobierno los partidos políticos se repartieron las secretarías regionales ministeriales. En la Región de Antofagasta, Revolución Democrática decidió nominar a Carlos Contreras, quien fuera el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien a su vez mantenía una relación con la ex pareja de la Directora de Presupuesto y Director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Todo este entramado de personas que se conocían entre ellas y mantenía relaciones más allá de la militancia fue el escenario ideal para hacer negocios a costo del Estado".
Este tema se volvió a levantar durante la comisión y finalmente se modificó el enunciado. A juicio de Oyarzo (PDG) "Nosotros buscamos algo unido, pero por torpeza e impulsividad, no se logró (…) pero por actos apresurado, lamentablemente no se pueden llegar a acuerdos".
