Las medidas piñeristas a las que el Gobierno ha tenido que recurrir para enfrentar la crisis de seguridad

Son varias las medidas que, hasta ahora, el Ejecutivo ha implementado, y que en cierta forma -puesto que algunas han tenido ajustes-, se asemejan a las que la anterior administración aplicó, y que fueron criticadas en el pasado. Una de ellas, es la del estado de excepción en la macrozona sur.

En tanto, en marzo de 2022, el Presidente anunció que solicitó al Congreso extender el estado de excepción -que venía desde el Gobierno de Sebastián Piñera- para la macrozona norte. En una entrevista radial con la Asociación de Radiodifusores de Chile, el mandatario sostuvo que "firmé el decreto porque creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes y queremos hacer ahí un trabajo bien ordenado".

De hecho, la ex ministra del Interior, Izkia Siches, al defender la propuesta ante el Congreso, precisó que lo que el Gobierno buscaba no era "reducir los flujos migratorios ni tampoco los irregulares", sino proteger a los migrantes, "no dejarlos abandonados en territorios hostiles" y combatir el crimen organizado.

A fines de octubre de este año, el Presidente Gabriel Boric defendió la idea de desescalar la medida en la macrozona sur, luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntara a que hoy existe un 30% menos de violencia rural. Así, el Mandatario comentó que "el estado de excepción no se puede transformar en norma regular y llevamos mucho tiempo".

"Tenemos que pensar en un desescalamiento, pero para eso hay que primero, garantizar que estén dando resultados también las otras dos patas de nuestra estrategia para abordar el conflicto en la zona", dijo el Mandatario.

Otro de los temas que se han marcado las últimas semanas, también acrecentado por la crisis de seguridad, apunta a las expulsiones de migrantes irregulares. La semana pasada, el Presidente Boric endureció el tono, al anunciar que se expulsará a quienes no se hayan empadronado.

"Vamos a buscarlas, vamos a encontrarlas y las vamos a expulsar", dijo el Jefe de Estado.

Los dichos del Presidente se dieron en medio de las presiones de la oposición, desde donde exigen que se concrete la expulsión de más de 12 mil migrantes irregulares, y que ha dejado abierta la posibilidad de iniciar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Sobre aquel ultimátum a la ministra, el Presidente salió a señalar que "lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos piden que hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible. Esto cuesta plata, hay que conseguir aviones, cuesta esfuerzos de policías y del Servicio de Migración", precisó.

Los dichos del Mandatario generaron inmediatas reacciones en la oposición. El presidente de la bancada RN, Frank Sauerbaum, se encargó de subrayar que "el Presidente Boric parece olvidar que puso todos sus esfuerzos en boicotear cualquier medida impulsada desde el gobierno anterior para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares".

Sauerbaum, y otras voces de la centroderecha, como el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, apuntan, entre otras cosas, al cambio de relato que sostenía el presidente Boric y sus ministros y ex ministros cuando eran parlamentarios. En concreto, cuando en 2020 llevaron la ley de migraciones al Tribunal Constitucional.

"Practicamos expulsiones y se nos acusó que eran colectivas; y cuando quisimos modificar la ley de migraciones, porque teníamos un proyecto que llevaba diez años de tramitación. Los entonces diputados, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson... recurrieron al TC", comentó el el subsecretario Galli a Tele13 Radio.

Y agregó: "en el capítulo 12 de ese requerimiento, exigieron que declare inconstitucional el plazo de 72 horas para practicar la expulsión, porque era desproporcionado y no respetaba el Estado de Derecho; bueno, el TC les concedió eso. ¿Qué hizo el actual Gobierno?, presentó un proyecto de ley para ampliar ese plazo, no en 72 horas, a cinco días.... a 120 horas, y contó con todos los votos de la oposición", comentó el ex subsecretario.

Esta mañana, en el marco de la inauguración de la extensión de la Línea 2 del Metro, que iniciará operaciones desde la comuna de San Bernardo, el Presidente Gabriel Boric se tomó unos minutos para hacer hincapié en el despliegue del Gobierno por enfrentar la crisis de seguridad.

"Solo la semana pasada, Carabineros lideró operativos en todo Chile en donde se detuvieron a 706 personas, sacamos de circulación dos toneladas de droga, incautamos 58 vehículos y 26 armas. También continuamos con la demolición de los narcomausoleos y demolimos el narcomausoleo número 14 recuperando espacios que son de la ciudadanía y de la gente honesta y no del narco", sostuvo el Mandatario.

Boric apuntó así a la ronda nacional de Carabineros, que desplegó a más de 3 mil funcionarios en el país. Del total de detenidos, 320 tenían orden de arresto y detención vigente. Un 85% de ellos corresponde a hombres; el 91% son chilenos y 9%, extranjeros.

Estos operativos son parte de las medidas extraordinarias para enfrentar delitos violentos en zonas urbanas, con el objeto de implementar el control territorial, el que apunta a "frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego vinculados a personas con órdenes de detención pendientes, extranjeros con orden de expulsión vigente y extranjeros en situación irregular no inscritos en el proceso de empadronamiento", según detallaron desde el Gobierno hace sólo tres días.

Las rondas y operativos masivos que desarrolla Carabineros no son inéditas. En el Gobierno anterior estas acciones ocurrieron en varias oportunidades en distintos puntos del país. En 2018, Piñera defendía así esta medida: "Es una operación que hace Carabineros que ha demostrado ser muy útil, porque permite, con el despliegue de decenas de miles de carabineros, incautar armas, detener sospechosos, detener personas con orden de detención pendiente y también incautar bienes robados, así que es una labor que hace Carabineros preventiva, pero que ha demostrado ser muy eficaz y que va a continuar".

"Iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto de manera seria, responsable, sin show, sino con el objetivo que Carabineros sienta que tiene el respaldo de parte de nuestro Gobierno".

Esas fueron las palabras que pronunció en marzo de este año el Presidente Gabriel Boric, cuando valoraba que la Cámara aprobara los proyectos de ley que aumentaban las penas por el delito de secuestro, ingresada por mensaje presidencial. Junto a ello, el Presidente no descartó acompañar a Carabineros en los operativos.

"Mi intención, y lo he estado conversando con el general director de Carabineros, es que todos los carabineros que salen a la calle sientan el apoyo del Gobierno y del poder civil y en la medida que eso no dificulte los procedimientos y concentren la atención donde no corresponde, yo personalmente tengo la disposición de acompañar tal como se ha realizado en otras ocasiones", precisó el Mandatario.

La acción anunciada por Boric ya había sido probada en el pasado. De hecho, el ex Presidente Piñera ya había participado, en junio de 2018, en un operativo en La Pintana, donde había fallecido el cabo Óscar Galindo.

En la ocasión, Piñera fue acompañado por una comitiva policial y fue a bordo de un vehículo de Carabineros que ingresó a la población El Castillo 3, donde incluso conversó con vecinos, junto a la alcaldesa de la comuna Claudia Pizarro. Al lugar también concurrieron algunos parlamentarios por la zona como el diputado Álvaro Carter, el ex diputado Leopoldo Pérez y la hoy ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Al año siguiente, en julio del 2019, Piñera participó además en un patrullaje aéreo de Carabineros sobre Santiago que buscaba prevenir portonazos y otros delitos en las calles de la capital.

"Uso proporcional de la fuerza"

El respaldo a los operativos y al actuar de Carabineros es parte de un "cambio de tono" que se viene cultivando desde la campaña por la segunda vuelta presidencial, la que pasó del conocido "refundar" al "reformar" a la institución. Entre los argumentos, también se condenaba el uso de la fuerza.

Pero aquello cambió. En octubre del año pasado, se conoció que un funcionario de Carabineros le disparó en las piernas a un sujeto en Talagante, quien había quebrantado una cautelar por violencia intrafamiliar, y que lo amenazó con un pedazo de cemento para agredirlo, al oponerse a ser detenido. Y desde el Gobierno respaldaron el actuar del "uso proporcional de la fuerza".

"Quiero reiterar el concepto de uso proporcional de la fuerza, muchas veces se confunde. Tiene que darle una ventaja al personal policial, no que se vaya a usar el mismo nivel de fuerza, sino que justamente la policía tiene que usar un nivel de fuerza superior para reducir y controlar a quien está cometiendo el delito. Es lo que ocurrió en Talagante", sostuvo entonces el ex subsecretario, Manuel Monsalve.

En agosto del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó -por 134 votos a favor- el proyecto de ley que modifica el Código Penal y Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera. La ley permite, entre otras cosas, decomisar vehículos motorizados, herramientas e instrumentos utilizados en la comisión del delito y hace aplicable técnicas especiales de investigación al robo de madera.

A fines de septiembre, y con las firmas de Carolina Tohá, en calidad de vicepresidenta de la República, y de Manuel Monsalve, como ministro del Interior y Seguridad Pública (s), se promulgó la normativa.

No obstante, fue en 2021, cuando un grupo de diputados de Chile Vamos había presentado una moción para tipificar el delito de robo de madera. En octubre de ese año, el proyecto ya había logrado ser aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara -donde la entonces diputada Camila Vallejo acusó de "criminalización- y pasó a votación en Sala.

El otrora diputado Gabriel Boric, así como el actual subsecretario Manuel Monsalve, junto a todo el Frente Amplio y PC, votaron en contra. ¿El argumento? Que aquello podía agudizar el conflicto en la Macrozona Sur.

Si bien el proyecto permaneció luego congelado en el Senado, el recrudecimiento de casos de violencia en la zona hizo que en julio -bajo esta nueva administración-, se pusiera suma urgencia, con una serie de indicaciones.

El 11 de enero de este año, el Senado despachó el proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica, con apoyo desde Apruebo Dignidad hasta Republicanos, lo que 46 votos a favor y 1 en contra de la senadora independiente Fabiola Campillai. Posteriormente, en la Cámara, el proyecto también logró tener luz verde.

Así, el martes 22 de febrero, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que facultó al Gobierno desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras, con miras a colaborar con las policías en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas, como la macrozona norte.

El proceso y aprobación no tardó en ser valorado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, mientras que la ministra vocera, Camila Vallejo, apuntó a "un abandono de años" en la zona fronteriza.

"Por largo tiempo nuestra actividad fronteriza se hizo con mucha precariedad. Nosotros ahora estamos comprando equipamiento para tener cámaras nocturnas que identifique la gente que circula en las noches. Hasta hace poco no las teníamos, entonces en la noche no hay cómo ver si es que alguien está pasando, hay que pillártelo cara a acara (…) entonces la verdad es que Chile en esto tiene una brecha que cerrar", sostuvo la ministra.

Al igual que con el robo de madera, la iniciativa y el debate no eran nuevos. El 25 de noviembre de 2019, el ex Presidente Piñera había anunciado que se enviaría un proyecto de ley para permitir que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura catalogada como crítica, sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional.

La iniciativa había sido rechazada el 9 de septiembre de 2020 por 74 votos a favor, 63 en contra y abstenciones (se necesitaban 93 votos a favor), por lo que pasó a comisión mixta. Entre los votos de rechazo, estuvieron los de los entonces diputados, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson.

Ya en enero de ese año, Boric había expresado su rechazo a la iniciativa. "Militares entrenados para controlar ´muchedumbres´ por Fuerzas Especiales de Carabineros que han cometido graves violaciones a derechos humanos. ¿Qué podría salir mal? Es nuestro deber rechazar que el Presidente esté facultado para sacar arbitrariamente militares a la calle" dijo en su cuenta de ex Twitter.

Luego, tras la votación de septiembre, escribió: "hoy en la Cámara de Diputados hemos rechazado el mal proyecto de infraestructura crítica que otorgaba funciones represivas de seguridad pública a militares, y la indigna propuesta de aumento de sueldo mínimo de solo $1.500 pesos. Cuando se trabaja en unidad se nota. Seguimos!"