La Cámara Baja respaldó la propuesta que despachó la comisión investigadora, quien descartó irregularidades en la entrega de indultos.
Aton
La Cámara de Diputados aprobó el informe que elaboró la comisión investigadora que indagó los actos del Gobierno en la concesión de indultos a doce condenados en el marco del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna en diciembre del 2022.
Con 36 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones se respaldó la propuesta que despachó la comisión donde se descartaron irregularidades en los indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric. Asimismo, le recomiendan al Gobierno realizar una modificación a la Ley de Indultos.
Pese a las 84 inasistencias, el informe prosperó con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático.
Cabe recordar que el informe fue elaborado por el oficialismo y se respaldó con siete votos contra seis en la comisión investigadora. En este se establece que "ha sido posible advertir que todos los antecedentes obraron en los expedientes administrativos, para efectos del otorgamiento de los indultos, en la que no es posible aseverar que se encuentra comprometida su legalidad".
En relación a las propuestas, proponen crear una comisión de reforma a la institución del indulto, que tenga presente el derecho comparado.
Asimismo, le proponen al Gobierno estudiar eventuales modificaciones a la Ley de Indulto, con el objeto de que los informes relativos a las personas condenadas que solicitan indulto, sean revisados por un órgano colegiado, que sugerirá una propuesta al Presidente sobre la procedencia o no de indultar, teniendo en cuenta los antecedentes que tenga el condenado.
Además, que en el caso de personas privadas de libertad que tengan condenas penales previas, la propuesta de indultos sea objeto de calificación por el órgano colegiado señalado anteriormente, con el objeto de asesorar de forma más acabada a la autoridad para tomar la decisión.
En esa línea también sugieren elevar los requisitos de fundamentación de los actos administrativos que concedan indultos particulares, a fin de evitar que surjan controversias al respecto. También, recomiendan revisar el alcance de la delegación de potestades para el caso de indultos particulares ante los delitos más gravosos.
