Nuevas dudas y cuestionamientos al manejo de la situación migratoria, y su vínculo con la crisis de seguridad que vive el país, se evidencian a partir de la diferencia en las cifras de expulsiones administrativas que se registran en los organismos estatales encargados del control de las fronteras. La discrepancia se da en medio de la polémica que envuelve al proceso de expulsiones en general, debido al frustrado procedimiento que se registró la semana pasada, luego de que un avión con ciudadanos venezolanos debiera regresar a Chile, sin completar la tarea, por la ausencia de un permiso de la autoridad aeronáutica de ese país. En respuesta a una solicitud de información emitida en agosto por el diputado UDI Enzo Trissoti, la ministra del Interior, Carolina Tohá, remitió al legislador un oficio -el pasado 14 de noviembre- que contiene un informe firmado por el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto general Lautaro Arias, que dista de los datos que la misma secretaría de Gobierno ha entregado. Citando un análisis de Policía Internacional, el prefecto general Arias señala que entre 2017 y febrero pasado, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ha emitido 22.693 expulsiones administrativas, de las cuales, 6.056 fueron materializadas por la PDI, mientras que 2.043 fueron revocadas por el organismo.
