La fundación Democracia Viva respondió a la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado y reitero al Primer Juzgado Civil de Antofagasta su solicitud de reintegrar al fisco sólo $294 millones de los $391.768.516 que exige el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El reintegro de dinero fue instruido luego de que en junio se conociera el caso Convenios que golpeó al oficialismo y especialmente a Revolución Democrática (RD). Las investigaciones se extendieron a 12 regiones del país.
A través de una declaración, Democracia Viva señaló que su solicitud de reintegrar los $294 millones se da "
a pesar de obstáculos y dilaciones del Ministerio de Vivienda que nunca quiso recibir de vuelta dicha suma".
"Manifestamos nuestra conformidad con el término de los convenios suscritos, aunque cuestionamos las razones aducidas, especialmente los errores en las liquidaciones unilaterales del Seremi de Vivienda de Antofagasta, dado que dimos fiel cumplimiento en tiempo y forma a lo convenido, siendo nuestro único incumplimiento un leve retraso en algunas de las rendiciones mensuales de fondos", indicó en el comunicado.
El 1 de septiembre pasado, el CDE ingresó una querella contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, en el marco del denominado Caso Convenios.
"La acción del Consejo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos", señaló el CDE en esa oportunidad.
Agregó que "en dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal".
Además, la querella presentada por el CDE detalló que se suscribieron tres convenios entre la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, con quien el exseremi Carlos Contreras mantenía un vínculo de público conocimiento, causando con esto un perjuicio fiscal de al menos $391.768.516.
