Caso Convenios: El mapa de las indagatorias abiertas por fiscalía y los "nexos" que se han registrado en regiones

Los allanamientos que se desarrollaron ayer en el Ministerio de Vivienda reactivaron las presiones para que el ministro Carlos Montes renuncie, el titular de la cartera ha descartado por completo esa posibilidad. Es más: ha remarcado que están colaborando con todo lo requerido por la Fiscalía y que lo ocurrido ayer fue motivado por una denuncia que el propio Gobierno presentó.

La denuncia -presentada el 14 de agosto de 2022- estaba centrada en contra de un ex funcionario del Minvu, quien renunció en mayo del año pasado, poco después que se instalara la actual administración. Se trata de Aldo Bastidas, quien ingresó a la cartera en el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet; continuó en el gobierno del ex Presidente Piñera y se mantuvo ahí en sus respectivas segundas administraciones.

El problema es que junto con trabajar en el Minvu, era jefe técnico de la fundación En Red, una de las dos que está investigando la Fiscalía de Tarapacá, junto con Enlace Urbano.

Así las cosas, el Caso Convenios suma un nuevo hecho de connotación pública y continúa por un camino que ya se había anticipado como extenso, tanto por la gran cantidad de información a levantar, como por la serie de regiones en que se han detectado traspasos millonarios por parte de las ramas ministeriales de Vivienda a fundaciones dudosas, recién creadas, o con directores con nexos políticos.

Si bien no todas las regiones tienen causas abiertas por fiscalía, todas se han visto al menos, en una oportunidad, sometidas a cuestionamientos por traspasos a fundaciones, o se han desarrollado diligencias a raíz de aristas en otras zonas.

A fines de junio, la Fiscalía de Arica abrió una investigación contra el Gobierno Regional, liderada por Jorge Díaz (DC) en el marco del caso Democracia Viva. Esto, porque seis meses antes, el Consejo Regional había aprobado la entrega de $1.200 millones a esa fiscalía, y otros $614 millones traspasados en 2022, destinados a implementar la unidad para monitorear delitos del crimen organizado.

En tanto, el 6 de julio, la Fiscalía de Arica abrió otra indagatoria de oficio, para establecer si existieron irregularidades en la asignación de $2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.

"Lo anterior, luego que mediante redes sociales se denunciara dicha transferencia de fondos públicos", señalaron desde el Ministerio Público. Entre las denuncias, se encuentra una donde figura como donante el Gobierno Regional de Arica y como receptor la mencionada fundación. En el objetivo del aporte se lee "transferencia apoyo social y económico a personas en condición de vulnerabilidad y/o pobreza". El monto total de la operación fue de $ 1.299.354.000.

En septiembre, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegaron hasta las oficinas del Gobierno Regional de Arica para incautar documentos vinculados a uno de los convenios firmados por la Fundación Comprometidos. Esto, en el marco de las diligencias solicitadas por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la causa en Atacama por el delito de fraude al fisco.

El 4 de agosto de este año, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, informó que se había iniciado una investigación de oficio ante posibles irregularidades en traspasos de dineros entre seremía de Vivienda Tarapacá y Fundación Enlace Urbano, operación que sería cercana a los $782 millones.

En tanto, el 10 de agosto, el mismo ente persecutor abrió una indagatoria dirigida a la fundación EnRed Social, luego que la Seremi de Vivienda regional autorizada en sólo un día un total de siete convenios que sumaban más de mil millones de pesos.

Los traspasos a esa fundación fueron autorizados por el ex seremi Francisco Javier Martínez Segovia, quien el 13 de septiembre dejó su cargo, presuntamente por mala evaluación a su desempeño.

El 16 de julio, en la Región de Antofagasta, se conoció la "causa matriz" de todo el entramado que lleva meses complicando al Gobierno y que ha activado investigaciones en varias fiscalías regionales. Democracia Viva es el nombre de la primera fundación que comenzó a sonar en múltiples medios, y aún más revuelo tomó que su director, Daniel Andrade, fuera entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.

El hecho provocó que la debiera marginarse de la vicepresidencia de la Cámara, y luego presentara una licencia médica. El 24 de julio, Pérez retornó al Congreso y recién el pasado 12 de noviembre, abordó en profundidad el tema, en entrevista con La Tercera. "No tengo nada que ocultar: no me he robado nada, no he intercedido por ninguna fundación y con esa convicción sigo adelante", comentó.

En tanto, la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), tuvo que dejar su cargo tras admitir que supo de las posibles irregularidades y que "no alcanzó" a informarle al titular de la cartera, Carlos Montes (PS). El tema, hasta hoy, eleva las presiones contra el Ministro, por ser uno de los últimos en enterarse del caso Democracia Viva.

El 30 de junio, se inició una causa en Atacama, en la que se indaga un traspaso realizado desde la Seremi de Vivienda de la región a la Fundación Comprometidos, que se ha vinculado al PRO. La indagatoria surgió luego de que la diputada Sofía Cid (RN) presentara una denuncia luego de que se supiera que la ONG recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó.

Sin embargo, las sospechas sobre la fundación radicaron en que su giro original era de "actividades en producción de películas cinematográficas" y "actividades de clínicas veterinarias", según registros en el Servicio de Impuestos Internos (SII) que datan de 2019 y 2020. No obstante, en marzo de este año la organización cambió radicalmente de giro cuando, de acuerdo a la información tributaria del SII, se añadieron dos actividades económicas: "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".

El 3 de julio se abrió otra arista, luego que la senadora Yasna Provoste (DC) ingresara una denuncia a la Contraloría por la asignación de recursos desde la seremi de Desarrollo Social de la Región de Atacama a la Fundación Visible en el marco del programa "Noche digna", en su componente "Albergue protege Copiapó".

La parlamentaria señaló que la seremi asignó $160 millones a la Fundación Visible, con domicilio en la comuna de Antofagasta, organización creada en agosto del 2021 por una persona natural y sus dos hijas. "Una fundación familiar y sin experiencia", según aseveró la senadora.

El 26 de julio, se conoció una nueva polémica vinculada a traspasos irregulares: un pago adelantado por parte de la Seremi de Vivienda de Valparaíso a la fundación Procultura, para intervenir tres campamentos en la comuna de Villa Alemana. En ese contexto, se habría realizado el pago del 50% del total acordado, a pesar de que la ejecución del proyecto aún no había comenzado.

En detalle, el 9 de marzo se concretó el traspaso inicial del convenio, correspondiente a $124.186.689 millones (el total es de $248 millones). Con esos montos, la fundación se comprometió a elaborar un diseño de lotero, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación de los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas Irene Frei de la comuna de Villa Alemana.

Otra polémica se abrió en agosto, donde se vio involucrada la recién renunciada ex seremi de Cultura, Patricia Mix, hermana de la diputada Claudia Mix. Ese mes fue convocada por la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para explicar una denuncia por convenios que sumaban más de $230 millones. En concreto, se cuestionaban 17 convenios que no habían sido visados por el Consejo de la Comisión Evaluadora.

En julio, el Gobierno informó la renuncia de Andrea Gutiérrez, hasta entonces subsecretaria de la Cultura y las Artes. Esto, luego que se conociera la firma de dos convenios que suman $208 millones de pesos entre el Ministerio de las Culturas y la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, que complicaron a la ex autoridad.

Según consignó Ex-Ante, el 26 de diciembre de 2022 se publicó una resolución donde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes autorizó el traspaso de más de $120 millones a la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine, bajo el "Programa de apoyo de organizaciones culturales colaboradoras". Tres días después, el 29 de diciembre, la Subsecretaría autorizó un nuevo traspaso a la fundación de $88 millones, para financiar la actividad "Nuestras salas de Cine".

El 2 de agosto, la Fiscalía inició una indagatoria por el presunto traspaso, pero la causa fue derivada a Valparaíso, donde se hizo una pesquisa de una asignación de fondos que involucra a Gutiérrez.

El 6 de julio, la Fiscalía de O'Higgins inició una investigación por convenios firmados entre la fundación Arquiduc y la Seremi de Vivienda y Urbanismo en 2021, durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. Se trató de dos contratos por 56 millones y 65 millones de pesos que se adjudicaron con el fin de realizar la instalación de luminaria pública en diversas comuna de dicha región. Sin embargo, la fundación no contaba con el giro para realizar dicha función.

Desde el Ministerio Público confirmaron que "en virtud de diversos antecedentes recibidos recientemente en el contexto de las indagatorias que guardan relación con convenios suscritos por fundaciones con organismos del Estado y pueden revertir carácter de delitos de corrupción y en el marco de una labor colaborativa con la Contraloría General de la República, esta Fiscalía inició una investigación de oficio, la que estará radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad".

Mientras Antofagasta estaba en el ojo del huracán a mediados de año, la Fiscalía levantó alertas en la Región del Maule. Se trató de una arista iniciada el 28 de junio, según confirmó el fiscal regional, Julio Contardo, donde se investigan ocho transferencias desde la Seremi de Vivienda del Maule a la Fundación Urbanismo Social, por un total de $577 millones.

Los cuestionamientos surgieron al observar que quien hasta entonces estaba a la cabeza de la Seremi, Rodrigo Hernandez (RD), había trabajado durante siete años -antes de asumir el cargo- en la entidad que resultó beneficiada, e incluso había ostentado el cargo de director jurídico.

Por lo mismo, a inicios de julio, el ministro Montes informó sobre la dimisión de Hernández, ya que habría infringido -según explicó el secretario de Estado- la inhabilidad que pesaba sobre él, al firmar un documento relativo a la ONG Urbanismo Social. Días antes, el propio Presidente Boric había señalado que la ahora ex autoridad regional no tenía "responsabilidades que pagar".

En octubre de este año, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Chillán, Sergio Pérez Novoa, instruyó a personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI regional y a la Brigada Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la misma institución, a realizar diligencias de incautación de evidencia en las oficinas del Serviu y de la Seremi de Vivienda de la Región del Ñuble.

A través de un comunicado, desde ambas entidades señalaron que estaban colaborando con la investigación y precisaron que "la región de Ñuble tiene tres convenios con la Fundación EnRed. Uno celebrado en 2021, durante la administración anterior, por $46 millones para un campamento en Bulnes y dos convenios de 2022 correspondientes a Coelemu, cada uno por $30 millones".

"Tanto el Seremi de Ñuble, como el director de Serviu, reiteran que, tanto ellos como los equipos, prestarán toda la colaboración a la investigación en curso y abogan a que todo se apegue a la normativa legal y administrativa vigente", precisaron.

La denominada "arista lencería" en el Caso Convenios se conoció en julio de este año, luego que se revelara que una OTEC que prestó servicios a un proyecto de seguridad -por el que recibió $250 millones desde el Gobierno Regional-, gastó los recursos en ropa y lencería.

El suceso se había conocido tras la autodenuncia de Matías Godoy, representante legal de Frumisal, empresa que había sido adquirida por Nicolás Polanco, pareja de la ex candidata a alcaldesa Camila Polizzi.

El pasado 28 de noviembre se concretó la detención de Polizzi, además del ex administrador regional del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Martínez; y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina. También se detuvo a Sebastián Polanco, ex pareja de Polizzi, y Diego Polanco, su hermano.

La noche del jueves, y luego de una extensa audiencia de formalización que se prolongó por dos jornadas y que en total duró cerca de 18 horas, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camila Polizzi y los otros cuatro imputados.

En la audiencia, fueron formalizados por los delitos de estafa, usurpación de identidad, uso malicioso de documento público falso, falsificación de documento público, lavado de activos y fraude al fisco. Junto con esto, el tribunal fijó un plazo de 270 días para realizar la investigación.

La fiscalía del Biobío abrió el 4 de julio otras investigaciones por oficio, para determinar la existencia de presuntos delitos en los traspasos de recursos públicos hacia dos fundaciones: en primer lugar, los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social desde Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu); y la segunda, relacionada con la ONG Red Cultivarte, donde se investigarán irregularidades en la asignación de fondos entregados por la Gobernación Regional. Ambas causas quedaron radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío.

En julio, la fiscalía regional de La Araucanía recibió una denuncia de un particular en contra de gobierno regional, liderado por Luciano Rivas (Ind- Evópoli). Dicha denuncia señalaba que la gobernación hizo transferencia de $2.113 millones en cinco meses a la "Fundación Local", de Pablo Gallardo Burgos, con sede en Reñaca.

Los fondos habrían sido traspasados para desarrollar proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, a pesar de no contar con ninguna experiencia en el área. Tal como se ha detectado en el resto de aristas del Caso Convenios, el denunciante señaló que los pagos se realizaron de forma parcializada para que no fueran objetados por Contraloría.

En tanto, el 8 de agosto, la PDI allanó las dependencias de la Fundación Folab, luego que el propio Gobierno Regional interpusiera una querella en contra de esa entidad. Esto, luego que Folab suspendiera un programa de capacitación a mujeres de Temuco y Padre Las Casas.

El gobernador Rivas confirmó sostuvo que la querella se presentó debido a su presunta apropiación indebida de al menos $300 millones, monto destinados a la entidad para realizar el programa de capacitación.

En junio, una investigación de Radio Biobío, afirmaba que la Seremi de Vivienda regional habría realizado el traspaso de $80 millones de pesos a la ONG Enlace Urbano, tras firmar un convenio para trabajar en el programa de Asentamientos Precarios en tres comunas de la zona.

"Hubo un proceso de selección" dijo entonces el seremi de Vivienda, Daniel Barrientos, quien a su vez, descartó cualquier irregularidad en los procesos.

En agosto de este año, se concretó la detención a Diego Ancalao, ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo. Esto, luego que se le imputaran los delitos de lavado de activos, estafa y apropiación indebida de recursos públicos, por presuntas irregularidades en el traspaso de $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la Corporación Kimün.

Si bien la trama Convenios se descubrió públicamente el 16 de julio con el caso de Democracia Viva, las complicaciones en Los Lagos ya se conocían al menos desde el 29 de junio, cuando el contralor general Jorge Bermúdez decidió paralizar la toma de razón de los acuerdos entre reparticiones públicas y fundaciones de la región para hacer un análisis.

Ese mismo día, la Fiscalía Regional anunció el inicio de una investigación de oficio por eventuales irregularidades en las millonarias transferencias del Gore a las fundaciones Chinquihue, Participa y Corporación Kimün. Un mes después, Contraloría expuso que 29 de 34 convenios que fueron congelados en su tramitación no cumplían con los estándares requeridos, de los cuales 22 tienen su origen en el Gore de Los Lagos.

El 7 de julio, la Fiscalía Regional de Aysén confirmó una nueva investigación por traspasos de recursos desde el gobierno regional y la Universidad Estatal de Aysén hacia las fundaciones Democracia Viva y ProCultura. De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, la indagatoria buscaba aclarar presuntas irregularidades en la adjudicación de dineros públicos entre las entidades e instituciones mencionadas.

El trabajo de la Fiscalía regional inició luego de una denuncia realizada por los diputados René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Calisto. Los parlamentarios solicitaron esclarecer la relación entre la universidad estatal y la fundación Democracia Viva, que realizó una escuela de verano para el establecimiento educacional.

Además, se pidió que se investigue respecto a los contratos entre el Gore de Aysén y la fundación ProCultura que habrían significado la aprobación de un traspaso de $ 1.673.000, para la ejecución del Programa "Transferencia Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares".

Sobre el caso, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, comentó que "se está investigando unos fondos que fueron entregados a la Municipalidad de Porvenir, a su vez contrató a una fundación, de nombre Fundación Procultura. Esto se está investigando, básicamente una posibilidad de un delito de fraude al Fisco, y esto nace a partir un convenio suscrito por la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la Municipalidad de Porvenir", indicó el persecutor.