Esta semana los focos volcaron nuevamente hacia el Caso Convenios. Es que en los últimos días hubo una seguidilla de hechos que agudizaron las dudas y elevaron las críticas hacia aquellos personeros de Gobierno que se han visto más debilitados en medio de los actos de corrupción en el traspaso de recursos del Estado a fundaciones.
Después de casi cuatro meses de trabajo, la comisión investigadora que estaba indagando las responsabilidades políticas del Caso Convenios, acusó "reprochable inobservancia" por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
En el documento que fue aprobado por la comisión - por ocho votos a favor (Ahumada, Barchiesi, Jouannet, Oyarzo, Castro, Beltrán, Fuenzalida, Coloma) y cinco en contra (Ñanco, Ilabaca, Bulnes, Tello y Soto) - se especificó que el titular de Vivienda "no conocía la situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. Como Comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera".
Tras el veredicto de la comisión investigadora, el titular de Vivienda realizó una autocrítica y reconoció que "hoy día, visto desde ahora, hubiéramos estado de otra manera encima" de la situación. En esa misma línea, dijo que no quiere terminar su gestión como "el ministro del caso de los convenios", si no como quien lo resolvió.
Los problemas para Montes no terminaron ahí. El jueves pasado, la Policía de Investigaciones allanó las dependencias de la cartera con el objetivo de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados a las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano, en el marco de la investigación que sigue adelante la Fiscalía de Tarapacá.
Luego del allanamiento, fue el propio ministro de Vivienda y la vocera de Gobierno Camila Vallejo, quienes salieron al paso a explicar lo ocurrido.
Vallejo precisó que la diligencia fue "fruto de una denuncia que el mismo ministro (Montes) y el ministerio interpuso contra un ex funcionario del ministerio, que renunció cuando asumimos como Gobierno, que venía de la administración anterior y puso su renuncia en mayo del año pasado".
Por su parte, Montes, dijo que el Ministerio Público "nos ha dicho que quiere complementar la información que entregamos al momento de hacer la denuncia y otra información que llegó (...) bueno, la fiscalía de Tarapacá considera que requiere información adicional y por eso es que viene acá, a recabar antecedentes de la Subsecretaría, del programa de Política Habitacional, del programa de Asentamientos Precarios y de la División Administrativa".
Con todo, la oposición llamó al secretario de Estado a dar un paso al costado y evitar ser acusado constitucionalmente por el Congreso Nacional.
En medio de este lío, se dio a conocer que la Fiscalía está preparando las formalizaciones contra Daniel Andrade y exseremi de Vivienda, Carlos Contreras. En ese contexto, este último - a través de una declaración pública - aseguró que La Moneda supo de los convenios con la fundación Democracia Viva antes de que el medio Timeline destapara el caso el pasado 16 de junio.
"El día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario", especificó el escrito que compartió Contreras.
Los dichos de Contreras contradicen la versión sostenida por el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien dijo que el 7 de junio se enteró de la situación de Democracia Viva, nueve días antes de que el caso estallara luego de una publicación del medio Timeline, a través de un "rumor". "Con el rumor que tuve en mis manos, no lo catalogué como delito", dijo el pasado 6 de noviembre en la comisión de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, publicó un breve comunicado donde desmintió los dichos de Contreras. "Miguel Crispi asistió a la comisión investigadora sobre el Caso Convenios donde respondió durante más de tres horas a las preguntas de las y los honorables parlamentarios. Su presentación en dicha comisión se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado”, precisó la declaración.
Asimismo, La Moneda blindó al jefe de asesores y la propia vocera de Gobierno Vallejo tildó de "especulaciones" los dichos de Contreras y apuntó a una posible "estrategia jurídica". Además, aseguró que le informe del que habla Contreras, nunca llegó a la presidencia. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para que la oposición no exigiera nuevamente la salida de Crispi.
