Desde que inició el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric, la crisis de seguridad pasó de ser un tema que en los primeros meses se tildó de "heredado", a un problema que a estas alturas parece haberse enquistado en la sociedad, con la instalación del crimen organizado y el aumento de delitos violentos. Se trata de un fenómeno que, ágil, no permite espacio para titubeos: la seguridad -o más bien- la falta de ella, es el tema de mayor preocupación ciudadana.
Ese guante lo han recogido también los alcaldes. Desde sus trincheras comunales han buscado estrategias, algunas más polémicas o cuestionadas que otras, para avanzar con herramientas propias en la seguridad de sus vecinos. Algunos incluso han señalado que se han visto obligados a tomar acciones en esta materia ante la pasividad del Ejecutivo, y aquellos que no han innovado, afirman que es por falta de recursos.
Así, todos los caminos llevan a las responsabilidades del Gobierno, y mientras algunos alcaldes decretan sus propios estados de "emergencia" comunales -como La Reina o La Florida-, otros destacan que ni siquiera tienen una comisaría en su comuna, como el caso de Padre Hurtado, donde el martes se registró el crimen de un menor de cinco años. Hecho que, además, reactivó la ofensiva por seguridad de los alcaldes y reabrió el debate por decretar estado de excepción en la Región Metropolitana, o al menos, en las zonas más complicadas.
La reunión que ayer sostuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve con los alcaldes, tampoco los dejó conformes. Muchos dijeron haber salido "decepcionados" de la instancia, acusando que no se requieren más diagnósticos, sino que soluciones concretas. Esto, en medio de un clima, al menos tenso, donde distintos personeros del Gobierno han criticado las medidas que han tomado algunos jefes comunales.
"Las personas tienen derecho a exigir que el Estado los proteja, pero no es correcto pensar que nuestras responsabilidades se las podemos traspasar a ellos y exponerlos a tener un contacto, un control directo de la delincuencia. Eso puede traer más inseguridad que seguridad a nuestros barrios", dijo el martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, horas antes del crimen que se registró en Padre Hurtado.
Por su parte, el Presidente Boric, aludió ayer a las iniciativas comunales como "atajos" en crisis de seguridad, y subrayó que "acá los encargados en una sociedad democrática de combatir y enfrentar a la delincuencia son las policías, y a las policías, nosotros como Gobierno las vamos a apoyar y las estamos respaldando".
Pero esta no es la única vez en que el Gobierno y los alcaldes se enfrentan por la crisis de seguridad. El historial es amplio y concentra al menos otros cuatro episodios donde han surgido críticas y confrontaciones.
Calles sin Violencia
El 15 de abril de este año, el Ejecutivo lanzó el plan "Calles sin Violencia", que incorporó 46 comunas que serían intervenidas por las policías, escogidas en base a dos criterios principales: que fueran capitales regionales y que hubieran registrado al menos 10 homicidios durante 2022.
La primera crítica, incluso por parte de los alcaldes que fueron incluidos en la iniciativa, fue que la mirada debió ser más "macro"; mientras que aquellos que no fueron considerados, expresaron su molestia, criticando "exclusión", un actuar en desmedro de las zonas que ya contaban con escaso contingente policial, y un diseño que dejaba a comunas limítrofes con mejores medidas, y a otras, sin respaldo en seguridad.
El alcalde Tomás Vodanovic (RD), valoró en esa oportunidad que su comuna fuera incorporada, pero recalcó que "el delito es un fenómeno móvil que no distingue entre fronteras comunales y que se focaliza en distintos puntos de nuestra ciudad. Es importante que todo este tipo de estrategias contemplen estos factores para poder construir en conjunto, más allá de la situación en particular de cada comuna, una ciudad que brinde mejores condiciones de seguridad para todas sus vecinas y vecinos".
En tanto, el jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos (IND), dijo no entender que "las cuatro comunas que la rodean sí están incluidas, por lo que creemos que si va a haber un reordenamiento de las fuerzas policiales, es decir, sacar carabineros de un lugar y llevarlos a otro distinto, esto va a producir un traslado de los delitos a aquellas zonas de menor control, en este caso La Cisterna".
En agosto, a cuatro meses de la implementación del plan, desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), solicitaron al subsecretario Monsalve que éste tuviera modificaciones. "Creemos que tenemos que tener una mejor coordinación, ya que el delito es movible, los delincuentes se mueven, y ver si funciona o no funciona en el plazo que lleva ya funcionado este plan", dijo el presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.
Esto, argumentó, "porque lamentablemente la delincuencia sigue al alza y todavía los ciudadanos, los chilenos, vivimos asustados en todas las comunas del país".
Críticas por asaltos violentos
"Este Gobierno lleva 2 años y todavía nadie sabe su programa o plan para enfrentar la delincuencia. Las municipalidades estamos solas con Carabineros, y eso es lamentable".
El reclamo fue de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien en octubre de este año cuestionó el actual del Ejecutivo frente a los violentos asaltos que se habían registrado en la comuna. En concreto, un grupo de delincuentes había ingresado a un domicilio, intimidaron a las víctimas, las maniataron y se llevaron cerca de $26 millones en especies.
En paralelo, un asalto en Lo Barnechea, que afectó a un general en retiro de la Fuerza Aérea, desató las críticas del alcalde Cristóbal Lira. "Frente a la ola de asesinatos, violencia y delitos que estamos viviendo en nuestro país, creo que llegó la hora de que el Gobierno reconozca de una vez por todas que fracasó y asuma que ha sido incapaz de enfrentar sin complejos a los delincuentes", sostuvo el jefe comunal.
Los delitos, además, agudizaron el debate que se venía dando hace meses: la urgencia por la profesionalización y evolución en el combate contra las bandas criminales, y una mejor coordinación de las policías. "Hoy los delitos son más violentos que antes y las bandas organizadas se han profesionalizado. Delitos que hasta hace poco veíamos lejanos como los homicidios han aumentado en Chile y están ocurriendo a plena luz del día en nuestras calles", dijo por su parte, el alcalde José Manuel Palacios.
La carta de los 46 alcaldes"
El 4 de agosto de 2022, un grupo de 46 alcaldes y alcaldesas llegaron hasta La Moneda para presentar 11 medidas relativas a la preocupación por los hechos de delincuencia que en los 28 días previos registraban un aumento del 89% de los homicidios y 79% de robos, según detallaban en una carta dirigida al Presidente y a la ex ministra del Interior, Izkia Siches.
La acción de los jefes comunales se daba además en medio de las críticas que pesaban sobre el Gobierno sobre la postura que habían tomando por la opción Apruebo, de cara al Plebiscito del 4 de septiembre.
En ese contexto, fue que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, planteó que "la situación es muy compleja y por eso, a pesar de que estén en campaña, yo le diría al Gobierno, especialmente al Presidente que se preocupe de la seguridad. Nosotros no sentimos que haya una acción fuerte, importante, ni de parte del Presidente ni de parte de la ministra del Interior para enfrentar este problema".
En la misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, emplazó "al Presidente Gabriel Boric y a la ministra Izkia Siches que dejen de hacer campaña para el Plebiscito y pongan mano dura contra la delincuencia. La verdadera prioridad debe ser la seguridad de todos los chilenos".
