El ministro de Justicia, Luis Cordero, desdramatizó los antecedentes que indaga la Fiscalía de Antofagasta sobre el caso Convenios y que apuntan a la exjefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, y tía del asesor Miguel Crispi, Verónica Serrano.
Como consignó El Mercurio, Serrano visó los convenios con fundación Democracia Viva a través de un memorando y abría apurado su firma, de acuerdo a lo que se da cuenta en los e-mails remitidos al Ministerio Público.
"Creo que de nuevo es relevante revisar los papelitos", sostuvo Cordero. "Verónica Serrano cumplía un rol dentro del ministerio, ese correo electrónico es el que probablemente cualquier autoridad que está a cargo de la ejecución presupuestaria, más o menos uno estándar, lo hubiera hecho, creo que los vínculos en este caso no explican las indagaciones que están asociadas ahí y no hay ningún antecedente que así lo señale", afirmó.
Y agregó: "si usted mira ese texto, que además está disponible en la nota que lo hizo público, que es un antecedente, esos correos electrónicos, al igual que las auditorías que han aparecido estos días, las acompañó el propio ministro Montes en la investigación del Ministerio Público. O sea, no son antecedentes nuevos. Y lo segundo, es un correo electrónico, en general, que está dirigido a todos quienes están a cargo de convenios, no está asociado a un convenio en particular".
"¿Por qué? Porque lo que yo creo que ya todos sabemos hasta ahora, es que el modelo de transferencias tiene incentivos para transferir y ejecutar. Y eso tanto lo hemos aprendido que el propio Congreso, en el contexto de la ley de Presupuestos, ha hecho ajustes por la manera en que se realizan esas asignaciones de fondo", añadió.
Bajo esas consideraciones, Cordero exhortó a "distinguir los hechos de las opiniones. Esto que pareciera tan elemental y tan básico, creo que es fundamental para que podamos tener un debate público con cierta lealtad".
"Se pretende mostrar un antecedente como si fuera un reproche legal. Si queremos hacer la evaluación legal, tenemos que hacer una evaluación de conformidad a las reglas y a las obligaciones vigentes. Desde ese punto de vista, ese correo tiene un contexto y tiene una explicación en el contexto de la ejecución".
"Otro es el debate político legítimo que hay sobre el caso Convenios. Y eso me parece que los diputados y las diputadas han tenido su opinión en el contexto de la comisión investigadora. Pero yo creo que lo que uno no puede mezclar es la evaluación política que le corresponde al Congreso de las indagaciones sobre incumplimiento de obligaciones legales y la comisión de delitos", cerró.
