"Violencias y vulneraciones de derechos humanos en la zona centro-sur del país". Ese es uno de los puntos más llamativos que contiene el Informe anual del
Instituto Nacional de Derechos Humanos.Esto, dentro de un inédito apartado sobre la materia. Y da cuenta de la situación de "violencias" en la Macrozona Sur, abarcando las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; pese a que en parte de esa área está vigente el estado de excepción constitucional, el que ya ha sido renovado 38 veces en el Congreso.
Ante esto, autoridades de la Región de La Araucanía expresaron su parecer.
"Como Gobierno hemos reconocido siempre que en la región hay violencia injustificable, fuera de los marcos de la democracia y que es inaceptable y debe ser perseguida y sancionada. En segundo lugar, siempre hemos señalado también y hemos reconocido de que hay víctimas y esas víctimas deben ser atendidas por el Estado. Y en tercer lugar, el Estado tiene el deber de ocupar toda su capacidad para asegurar que cese la violencia y que el Estado de derecho impere en cualquier parte del territorio de la región", sostuvo a Emol el
delegado presidencial regional, José Montalva.Por su parte, el
gobernador Luciano Rivas apuntó que "es una reflexión que valoro. Aunque
llega tarde, se hace cargo de un reclamo que vengo realizando hace tiempo: en La Araucanía se violan los Derechos Humanos. Lamentablemente durante demasiado tiempo, organizaciones de DD.HH. priorizaron los derechos de los delincuentes por sobre el derecho a la seguridad, obstaculizando que el Estado se ocupara de las verdaderas víctimas".
Agregó que "como Gobierno Regional impulsamos con fuerza la reparación a las víctimas del terrorismo y queremos impulsarla como política de Estado. Espero que aquellos que se oponían escuchen con fuerza la verdad de lo que vivimos. La violencia y el terrorismo en la Macrozona es responsabilidad del Estado y por tanto debe cumplir con la ciudadanía".
Asimismo,
Miguel Mellado (RN), diputado por la zona, destacó que "
al fin el INDH resalta una verdad del porte de una catedral. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace más de 26 años tras los atentados terroristas de la CAM, existen violaciones a los derechos humanos a niños que no pueden asistir a sus colegios porque les disparaba los furgones que los van a buscar, perseguir a los evangélicos y católicos quemando sus templos e iglesias para evitar vivir su fe en ellos, y lo más decidor y preocupante, sin desmerecer lo anterior, del informe es el desplazamiento forzoso que se realiza en La Araucanía al atentar , quemar, usurpar predios de agricultores productivos".
Su par en la Cámara Baja,
Ericka Ñanco (RD), defiende que
"el Gobierno en este momento está tomando medidas como Estado, más que como Gobierno, y eso respecta no solamente en la reivindicación o la restitución de las tierras indígenas o del pueblo mapuche, sino también en políticas de Estado. Nosotros desde los inicios siempre hemos manifestado en contra del Estado de excepción, así también ha sido mi votación particular, pero sin embargo lo que yo sí puedo destacar es seguir adelante con estas políticas de Estado que van en pos de la búsqueda del diálogo entre dos naciones que el Estado han disfrutado durante tanto tiempo".
Y finalmente,
Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial La Araucanía, sostuvo que "valoramos el reconocimiento que hace este informe a la vulneración de los derechos de los habitantes de las regiones del sur, nos parece un avance significativo. Sin embargo,
nos extraña la tardanza en reconocer una situación, que en lo esencial es la misma que ocurre ya por más de 20 años".
