Mezcla de novedades y tradición: Cómo es el texto que se vota este domingo

A favor o En contra. Esas son las opciones que tendrán los 15.406.352 electores habilitados para sufragar este domingo cuando, por segunda vez en poco más de un año, la ciudadanía deba pronunciarse sobre una propuesta de nueva Constitución.

El texto que se somete a referéndum fue redactado por un Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía —integrado por 50 miembros, uno de ellos representante del pueblo mapuche—, sobre la base de un anteproyecto elaborado por una Comisión Experta de 24 profesionales designados por las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En su redacción, el proyecto debía respetar 12 bases institucionales fundamentales acordadas por los partidos políticos, con las cuales se evitó dar cabida a ideas refundacionales como las que habían fracasado con la Convención Constitucional.

La propuesta consta de 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias. Esto es más extenso que la Constitución vigente, que tiene 15 capítulos y 161 normas permanentes, aunque menos que el rechazado texto de la Convención, que contenía 11 capítulos, 388 artículos permanentes y 57 transitorios.

Aquí, algunas de las normas que por primera vez podrían ser parte de una Constitución chilena y las que mantienen la tradición constitucional, así como los temas más debatidos y en los que se consiguió mayores consensos.

Varios son los temas que incluye la propuesta y no están en la Constitución vigente. Entre ellos, la declaración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales, “con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas”.

Lo mismo ocurre con el reconocimiento a los pueblos originarios. Eso sí, a diferencia de la Convención, el texto no habla de plurinacionalidad.

El proyecto también reconoce derechos que no están en la actual Carta, como el referido a la vivienda adecuada, al acceso al agua y al saneamiento, a la cultura y a vivir en un entorno seguro, entre otros. Y algunos derechos ya reconocidos tienen más desarrollo, por ejemplo, en salud se indica que la ley establecerá un plan de salud universal que no podrá discriminar y será ofrecido por instituciones estatales y privadas; en seguridad social, que los cotizantes pueden elegir la institución pública o privada que administre las cotizaciones, que las personas son propietarias de sus fondos y que estos no pueden ser expropiados; en educación, se refuerza que los padres tienen el derecho “de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, y se habla de “trabajo decente”, que “consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital”.

La propuesta también incluye nuevos contenidos, como que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, y que deberá haber mecanismos para una participación equilibrada entre mujeres y hombres en los partidos políticos.

También se declara que el Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, se reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad, que el Estado deberá promover la conciliación entre vida familiar y laboral, y que se deberán tomar medidas ante los efectos del cambio climático.

En sistema político, además del umbral de 5% y la norma antidíscolos, se introduce que una vez al año el Presidente deberá informar tres proyectos prioritarios que deberán tramitarse en un año y se incluyen mecanismos de participación ciudadana como iniciativas de ley y foros de deliberación.

En el Poder Judicial, en tanto, se separa la función jurisdiccional de la administrativa y se crean tres órganos: uno a cargo de nombramientos, otro de la formación y perfeccionamiento, y el tercero, para gestión y administración.

Varias preocupaciones ciudadanas también fueron recogidas en la propuesta. Respecto de probidad, se declara la corrupción contraria al bien común, se crea una Agencia nacional contra la corrupción y se consideran como causal de pérdida de la ciudadanía los delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieren merecido pena aflictiva.

Respecto de seguridad: se crea el Servicio nacional de acceso a la justicia y la Defensoría de las víctimas; se crea una fiscalía supraterritorial con énfasis en delitos de crimen organizado y de alta complejidad, se señala que los responsables de delitos de terrorismo no podrán ser indultados y serán inhabilitados para optar a distintos cargos, y se reconoce a las víctimas de terrorismo, quienes tendrán derecho a ser indemnizadas.

Acerca de la inmigración ilegal, el texto señala que la ley establecerá la forma y condiciones “del egreso o expulsión en el menor tiempo posible” de extranjeros que ingresen ilegalmente y quienes hayan cumplido pena de presidio efectivo en Chile, se crea una Policía Fronteriza y se permite que las FF.AA. resguarden las fronteras.

Que la nueva propuesta no podía cometer los mismos errores que la de la Convención fue una frase que se repitió desde distintos sectores políticos. Esto no solo marcó las campañas de quienes aspiraban a un cupo en el Consejo Constitucional, sino que antes de ello los partidos políticos que suscribieron el Acuerdo por Chile decidieron que el nuevo proyecto debería ceñirse a 12 bases que quedaron explícitas en la reforma que habilitó el proceso. En la mayoría de estos “bordes” se señalaron aspectos que han sido parte de la tradición constitucional chilena y que, de una u otra manera, fueron amenazados durante el proceso de la Convención.

De esa forma, por ejemplo, la propuesta del Consejo Constitucional que se somete a plebiscito dice en el artículo 2 que Chile adopta para su gobierno una república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial, como explicitan las bases 1 y 7. También, el texto señala que el Congreso se mantendrá como bicameral, es decir, con la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado —que el proyecto de la Convención eliminaba y reemplazaba por una Cámara de las Regiones con menos atribuciones—, cumpliendo con la base número 7.

Asimismo, en el artículo 4, tal como lo explicita la cuarta base, se declara que “el Estado de Chile es unitario y descentralizado”. Luego, en el artículo siguiente, que incluye el reconocimiento de los pueblos indígenas, se reitera que estos son parte de la nación chilena que es “una e indivisible”.

La propuesta también incluye, de acuerdo a la octava base, órganos autónomos con tradición en el país, como el Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y uno de justicia electoral.

Asimismo, se reconocen derechos civiles, sociales y económicos que son parte de la tradición constitucional chilena, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de conciencia y de culto, entre otros, que estaban establecidos en la base 9.

Un tema discutido respecto del proyecto de la Convención era que este no consideraba el estado de emergencia. Aunque esto fue defendido por algunos convencionales, la idea se criticó desde distintos sectores políticos y se incluyó dentro de las bases que el nuevo proyecto de Constitución debía considerar “a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia”, lo que es recogido en el texto del Consejo.

También fue criticado en el proceso de la Convención que su propuesta no hacía alusión alguna al terrorismo. En los bordes se incluyó que este, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos, algo que ya está en la Carta vigente y que en el texto del Consejo también queda señalado.

Entre las bases, además, se incorporó que los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno nacional, y que las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, con mención expresa de Carabineros y la Policía de Investigaciones, están subordinadas al poder civil, lo que también aparece en el texto.

Para velar por el cumplimiento de las bases, la reforma que habilitó el proceso mandató crear un Comité Técnico de Admisibilidad (CTA). Expertos y consejeros podían recurrir a este si los bordes no se respetaban. Todas las bancadas alcanzaban la cantidad necesaria de firmas para recurrir al CTA si lo consideraban necesario, pero no lo hicieron en ninguna etapa del proceso. Esto ha sido interpretado como que todos los sectores políticos presentes en el debate consideraron que el texto se ajustó a las bases.

Durante el proceso y luego de la campaña, algunos temas han generado mayor debate. Uno de ellos es que en el marco del derecho a la vivienda se fija la exención de contribuciones al inmueble destinado a la vivienda principal. Aunque el texto dice que podrá haber excepciones y una norma transitoria señala que la implementación de esto será progresiva y que se deberá establecer por ley un mecanismo para compensar la disminución de ingresos municipales que puedan generarse eventualmente, esto no logró apaciguar el debate.

También ha generado discusión la norma que protege la vida de quien está por nacer. La Carta vigente señala que se protege la vida del “que” está por nacer. Aunque hubo instancias en las que se pudo modificar la redacción que finalmente quedó en el texto, la izquierda no concurrió con sus votos para ello. En el En contra, ahora, afirman que con la redacción propuesta se pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, pese a que distintos especialistas han afirmado que esto no ocurriría.

También la inclusión de la objeción de conciencia en el marco de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la participación de privados en la provisión de derechos sociales han sido motivo de discusión, así como el establecimiento en el derecho a la seguridad social de que las personas son propietarias de sus cotizaciones previsionales y que estos ahorros no pueden ser expropiados. Esto último ha sido criticado desde sectores de izquierda, aunque cuenta con amplio apoyo ciudadano según encuestas.

La paridad también fue uno de los ejes del debate. La propuesta incluye que “la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular (...)” y una norma transitoria dice que en las próximas dos elecciones parlamentarias se implementará un mecanismo de paridad de salida (ningún sexo podrá representar más del 60% de los escaños), pero desde la izquierda buscaban paridad de salida de forma permanente.

Eso sí, aunque hubo diferencias e intensos debates, la propuesta también incluye materias que han contado con respaldos de distintos sectores políticos, algunos incluso antes de que se comenzara a escribir el texto. Tal es el caso de la declaración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho —que mientras se discutía el Acuerdo por Chile la izquierda decía que era “un mínimo”— y el reconocimiento de los pueblos originarios.

También han sido valoradas las normas sobre el sistema electoral y aquellas que tienen por objetivo disminuir la fragmentación y el “discolaje” en el Congreso, como aquellas que establecen un umbral de 5% de votación para que los partidos participen en la atribución de escaños en el Parlamento y la que establece que cese en el cargo el diputado o senador que renuncie a la colectividad que declaró su candidatura.

Igualmente, hay normas que recibieron apoyos transversales e incluso en algunos casos contaron con unanimidad para su inclusión en la propuesta, como el deber del Estado de proteger el medio ambiente, el derecho al respeto y protección de la vida privada y su familia, el derecho al respeto y protección de los datos personales, el derecho de autor sobre sus obras y la propiedad intelectual, el reconocimiento del valor de los cuidados y que el Estado debe promover la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida familiar y laboral, las iniciativas ciudadanas de ley y los foros de deliberación ciudadana, y el artículo sobre el Servicio Nacional de acceso a la justicia y la Defensoría de las víctimas, entre otras.