El Plebiscito Constitucional del domingo 17 de diciembre se podría convertir, nuevamente, en un factor decisivo para que el Presidente Gabriel Boric haga algunos ajustes ministeriales, tal como ha sido la tónica de los dos últimos procesos electorales.
El Mandatario hizo un ajuste ministerial tras el triunfo del Rechazo
en septiembre de 2022; luego hizo otro el
10 de marzo de 2023, tras el rechazo de la reforma tributaria y a poco de cumplir su primer año en el Gobierno; y el tercero, fue el
16 de agosto de este año, tres meses después de las elecciones del para el Consejo Constitucional, donde se impusieron los republicanos.
Este nuevo proceso, en particular, ha tenido una antesala compleja para el Gobierno. De hecho, ya desde inicios de diciembre que al interior del oficialismo se venía comentando sobre un posible cambio de gabinete, independiente de la opción que gane.
Esto, porque par algunos, en caso que se imponga el A Favor se requerirá una inminente reestructuración, mientras que si gana el El Contra, de todos modos se debería aprovechar el impulso para hacer un ajuste en la gestión, tomando el vuelo que proporciona la segunda mitad de la administración, que se cumple el 11 de marzo.
El factor convenios
Pero hay más factores para que el cambio de gabinete resuene en las gruesas paredes de La Moneda: el Caso Convenios se ha convertido en un lastre para el Gobierno, y las últimas revelaciones de esta semana no han hecho más que acrecentar las presiones de la oposición para que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), sea removido; con advertencia de acusación constitucional de por medio.
Y si la situación ya se había agudizado luego que se conociera que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, declaró ante fiscalía que le envió un informe al ministro Montes con los datos sobre los convenios -cuando en junio dijo que 'no alcanzó a advertirle'-, ayer Montes
reconoció que recibió una minuta sobre Democracia Viva, pero que no alertaba de "irregularidades".
Y en medio de ese complejo escenario, incluso se ha abierto "fuego amigo" que ha dejado entrever que si bien no hay un cierre tajante a que Montes abandone su cargo para descomprimir el ambiente, varias voces creen que no debe ser el único que pague los platos rotos por la trama de los convenios.
Ayer, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, le hizo un flaco favor a Montes a través de un tuit donde entregó su respaldo al Gobierno para hacer los "cambios necesarios" en el gabinete.
"Ante las dificultades respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha", escribió Escalona en la red social X.
No obstante, la senadora y timonel socialista, Paulina Vodanovic, salió esta mañana a quitarle piso a los dichos de Escalona. "El twitter de Camilo tiene un problema de redacción, porque lo redacta en plural (...) Yo creo que pudo haber puesto que respaldaba él, para no haber abierto la puerta para conjeturas. La verdad es que como Partido no hemos hecho ninguna declaración en esos términos", sostuvo en conversación con T13 Radio.
Con todo, comentó que durante esta jornada sostendrán una reunión de mesa donde el tema será analizado, "porque ha llamado a conjeturas". Esto, junto con recalcar que Montes "cuenta con el apoyo nuestro y sobre todo con el apoyo del Presidente".
Y si las cosas no están ordenadas en el PS, menos parecen estarlo en todo el Socialismo Democrático. Ayer, el diputado liberal Vlado Mirosevic dijo a Radio Infinita que si bien una acusación constitucional contra Montes sería "injusta", el Gobierno "debiese evaluar" su continuidad.
"Me parecería muy injusto que se le haga a él responsable de algo de lo cual no tiene ninguna participación. Pero si la cosa se complica y la oposición se pone firme y le van a hacer una acusación constitucional, me parece que lo lógico es que el gobierno evalúe la continuidad de Montes", comentó.
Los otros nombres
En cuanto a otros nombres que suenan como más debilitados, surge la ministra de Salud, Ximena Aguilera; la de Medio Ambiente, Maisa Rojas; la de Obras Públicas, Jessica López y la de Culturas, Carolina Arredondo.
En lo que respecta al comité político, se ven pocas probabilidades de un rebaraje. No obstante, hay quienes apuntan a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, como la más propensa a un cambio. Al margen de las críticas que ha concitado su estilo de vocería, se acusa que la secretaria de Estado no tiene capacidad para ordenar las filas del Partido Comunista en el Congreso.
Con todo, un posible cambio de gabinete podría terminar por desequilibrar las fuerzas entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, sostienen algunos. La falta de cuadros políticos al interior del Frente Amplio y la necesidad de afinar la gestión del Gobierno en sus últimos dos años, hacen previsible que el Mandatario siga inclinándose por figuras del Socialismo Democrático, como se ha venido viendo en las últimas designaciones.
Ahora bien, el caso del Frente Amplio no es el mismo que presenta el Partido Comunista, acotan. La colectividad que lidera Lautaro Carmona posee figuras que son bien evaluadas dentro del oficialismo para efectos de asumir grandes responsabilidades, como es el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza y la otrora ministra de la Mujer, Claudia Pascual.
